Debo iniciar aclarando el motivo del título de esta participación editorial: la presente es una opinión que, concediendo cierta razón a dos opiniones encontradas y enfrentadas, seguramente no gozará de la aprobación de ninguna. Si usted está en contra de la militarización de la guardia nacional, no estará del todo de acuerdo con esta opinión, aunque la escriba alguien que coincide con usted en el fondo; si usted está a favor de la militarización de dicho cuerpo de seguridad, tampoco estará del todo de acuerdo con este texto, aunque yo suscriba la necesidad, que no la idoneidad, de la medida, cuando menos de forma temporal. Los presentes renglones se escriben desde lo que en Twitter se ha tildado como “Corea del Centro”, es decir, desde el centro de la peligrosa polarización política que vive hoy nuestro país. Luego entonces, es sincera, creo que racional, pero no popular. Vamos al punto.
Suscribo plenamente los argumentos de fondo de quienes se oponen hoy a la iniciativa de reforma a la Ley de la Guardia Nacional y Seguridad Pública, así como la reprobación de la forma. La militarización de esta institución, como de las tareas y la política de seguridad pública, sienta preocupantes antecedentes que vamos a lamentar, como lo hacemos ya, durante décadas. No parece que nos encaminemos hacia la pacificación del país, sino a la lógica de una larga guerra, que nos duele, sin necesidad de profundizar en las muchas causas de este dolor común. Tampoco la forma puede respaldarse: no sólo es un despropósito, y es la renuncia a la política, hacer uso de mayorías legislativas simples, para reformar legislación secundaria, a sabiendas de que nos encontramos ante una clara inconstitucionalidad. En este sentido, es plausible la abstención del coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado de la República. Es un punto medio. Lo es por el siguiente argumento (impopular, desde la perspectiva opuesta). La realidad se impone y no nos queda sino ser pragmáticos ante una realidad tan compleja como la que vivimos: el Gobierno federal no ha construido un cuerpo de seguridad de las dimensiones y características que requieren las condiciones del país en la materia. Parece que la política de seguridad fue un asunto secundario, y la construcción de instituciones una omisión deliberada, desandar en ese camino, una decisión política premeditada. Anclados en la prioridad de la política social, el resto de temas (estratégicos o no), parecen haber pasado a un lejano segundo término, que hoy amenaza con el riesgo de colapsar los impactos de todo esfuerzo en materia de política social de este gobierno. A su vez, los gobiernos subnacionales (salvo excepciones aún debatibles) no han construido cuerpos locales de seguridad que permitan hacer frente, de manera articulada, coordinada y efectiva, desde sus ámbitos, al desafío de la violencia, y la crisis de inseguridad que ha dejado de ser regional para convertirse en nacional. Todo lo anterior nos pone ante la necesidad y la alternativa pragmática: no tenemos enfrente opciones buenas, sino apenas, unas menos malas que otras. En esta ruta, quizá la iniciativa que podría evitar el colapso jurídico, político, social e institucional, entre optar por lo idóneo (desmilitarizar la guardia nacional, crear y/o fortalecer cuerpos locales de seguridad de orden civil), y lo erróneo (modificar una legislación secundaria en franca contraposición a la Constitución y optar por la militarización definitiva), es la presentada por el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de los Diputados: extender el periodo para darle a la política e instituciones de seguridad pública, los elementos que les permitan prescindir de su componente militar, evitando la aventura de que, por idealismo, retiremos a la única fuerza del Estado que hoy es medianamente capaz de enfrentar a las fuerzas de la delincuencia organizada. Optar por forzar una retirada de la milicia, sin haber construido la institución que la supla o apresurar un proceso que no ha comenzado, podría llevarnos al peor de los escenarios: una situación de ingobernabilidad en la que los militares no solo sean necesarios políticamente, sino aclamados socialmente. Ni para qué abundar en las consecuencias de una circunstancia así. Lo que le hace falta a este debate es la participación de más ciudadanía, de las autoridades locales, y de un pacto político de gran alcance (que paradójicamente parece no estar al alcance de la clase política actual), que permita construir un acuerdo para que se fije un tiempo límite sin prorroga, recursos, estrategias, programas, reformas, y todo el resto de elementos de que debiera contener una política de Estado en materia de seguridad, para que lleguemos, tarde si se quiere, pero en algún punto, a instituciones en materia de seguridad a la altura de la necesidad, la urgencia y la realidad que hoy nos apremia como nunca en nuestra historia reciente, al pacto, a la reconciliación en cuando menos un punto: salvarnos.
Posdata necesaria. En el contexto queda la serie de actos cómico-trágicos que acompañan a la iniciativa presentada por el PRI y el devenir de su dirigente nacional, ¡qué falta les hace Jesús (Reyes Heroles)!
@CarlosETorres_
