■ En el país hay 5 mil espacios que alojan a personas privadas de su libertad: ombudsman
■ El maltrato a otra persona es inadmisible, pero hay personas que lo justifican: ONU
En México existe un problema con la tortura y, mientras haya impunidad, estas prácticas crueles e inhumanas persistirán por parte de los servidores públicos.
Así lo expuso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien estuvo en Zacatecas con motivo de la celebración del primer Encuentro Internacional de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura.
El ombudsman mexicano consideró, por tanto, que el mayor flagelo del país es la impunidad y expuso que es precisamente ese tema el que se debe combatir en primer lugar para buscar erradicar en su totalidad la tortura.
Por ello, agregó que desde la CNDH se ha hecho el llamado para que las autoridades tanto federales como estatales y municipales atiendan las recomendaciones que en esta materia han realizado organismos internacionales y esta respuesta es la que esperan de los gobiernos en sus tres niveles.
Para evitar que haya impunidad y, por tanto, para prevenir y acabar con estas prácticas “aberrantes” en México, González Pérez apuntó que es necesario tener un marco jurídico adecuado.
Ante esto, González Pérez exhortó al Congreso de la Unión para que apruebe a la brevedad la Ley Contra la Tortura. Recordó que ya llevan un año exigiendo que los diputados federales den luz verde a este texto legal que, dijo, contiene los elementos necesarios para prevenir, como punto principal, la tortura y para sancionarla, en caso de que se llegue a registrar.
En ese tenor hizo hincapié en que lo primordial que se debe buscar en este tema es la prevención; “tenemos la firme voluntad de mejorar nuestros procedimientos, no solamente atender las quejas por tortura cuando estas ya se actualizaron, lo importante es evitar que estas sucedan”, concluyó.
Durante su discurso en la inauguración del evento, el presidente de la CNDH informó que en todo el país hay aproximadamente 5 mil espacios que alojan a personas privadas de su libertad como prisiones, centros de internamiento para adolescentes, estaciones migratorias, agencias del Ministerio Público y Fiscalías.
Con el Mecanismo Nacional Contra la Tortura que opera la Comisión, expuso, desde 2007 se han llevado a cabo 4 mil 307 visitas de supervisión, de las cuales 2 mil 171 han sido iniciales y 2 mil 136 de seguimiento.
Por su parte, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó la tortura como “una de las más horribles e inadmisibles violaciones a los derechos humanos” y reconoció que, aun así, hay personas que la justifican.
Comentó que para defender estas prácticas se utilizan argumentos como el hecho de considerar que el empleo de la tortura puede ser útil para investigar y castigar los crímenes que se cometen.
Sin embargo, resaltó que la defensa de los derechos humanos tiene como fundamento la igualdad y dignidad de todas las personas, independientemente de que hayan atentado contra otras o cometido delitos, por lo que “nada justifica una violación como la tortura”.
En el evento estuvo presente también el gobernador Miguel Alonso Reyes, así como representantes de organismos internacionales de derechos humanos y algunas comisiones estatales.
Autoridad federal ha dejado de hacer cosas para
cambiar situación de jornaleros en Río Florido
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos, aseguró que han empezado a hacer una investigación en torno a la situación de las familias que arriban en esta temporada a la comunidad de Río Florido, Fresnillo, para trabajar en el campo.
A raíz de una visita realizada en días pasados, expuso, se advirtió que persisten las condiciones degradantes de quienes acuden a esta localidad.
Por ello, consideró que “la autoridad federal es la que ha dejado de hacer muchas de las cuestiones (…) Creo que se han dejado de hacer cosas, sino no tuviéramos esa situación, fundamentalmente las autoridades federales”.
Expuso que, debido a que las autoridades principales que tienen competencia en el tema son del ámbito federal, como es el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la investigación se turnará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
No obstante, apuntó que como organismo estatal tratarán de apoyar en algunas cuestiones como es la educación de los niños y jóvenes que se encuentran en Río Florido, para lo cual sostendrán reuniones con la Secretaría de Educación de la entidad para buscar que se les pueda facilitar este servicio durante los dos meses que aproximadamente permanecen en esta localidad.
Asimismo, Domínguez Campos expuso que una de las aristas de esta problemática tiene que ver con la salud pública tanto de la comunidad que en este tiempo recibe a unas 3 mil personas como, principalmente, de las mujeres y niños que llegan para trabajar en el campo.
Ante esto, precisó que ya se ha hecho la solicitud a la Secretaría de Salud para que se pueda enviar una caravana a fin de que, a través de ella, puedan ser revisados físicamente y atendidos en cuestiones médicas las personas que están desempeñando las labores agrícolas.
Explicó que la mayoría de quienes llegan al estado en estas condiciones son indígenas de la etnia huichol, y por tanto puntualizó que “al ser una cultura muy específica, con costumbres muy concretas, encontramos resistencia por parte de ellos sobre todo para las revisiones de señoras y niños. Pero también se está concienciando a los padres, jefes de las familias, para que permitan que sean ayudados en estas cuestiones”.
En cuanto a los resultados de la primera visita que realizaron en días pasados, informó que se encontraron niños de entre 8 y 10 años que no saben leer ni escribir, que las familias viven hacinadas en cuartos pequeños y, en concreto, mencionó el caso de un menor de 14 años que está trabajando en el campo porque, al no recibir apoyo de ninguna institución pública, debe conseguir así el recurso para mantener a su esposa y sus tres hijos.
Concluyó que aunque la autoridad federal tenga las mayores competencias en este ámbito, “igual las autoridades estatales y municipales deben poner más empeño y más acciones específicas, al igual que la sociedad” para lograr mejores condiciones de trabajo y hospedaje de estas personas.
