Concesionarios del transporte público urbano de la zona metropolitana Zacatecas–Guadalupe, así como representantes del municipio de Fresnillo, advirtieron sobre una crisis financiera y operativa en el sector, al tiempo que solicitaron al Gobierno del Estado autorizar un incremento a la tarifa del pasaje hasta los 13 pesos, argumentando el encarecimiento de insumos y la reducción en el número de usuarios.
Durante una conferencia de prensa en la que participaron representantes de prácticamente todas las rutas, los transportistas explicaron que inicialmente solicitaron un aumento a 12 pesos; sin embargo, tras un análisis actualizado de costos, particularmente del diésel, decidieron replantear la petición. “Nos orillamos a tener que replantear nuestra solicitud a un incremento de 13 pesos el pasaje completo y 10 pesos el pasaje preferencial”, señalaron.
Reconocieron que esta medida impactaría directamente a los usuarios, principalmente a sectores vulnerables como trabajadores, amas de casa y estudiantes, quienes constituyen la mayor parte de la demanda del servicio. “Somos conscientes de que un incremento perjudica directamente a nuestros usuarios, de quienes depende nuestra economía”, admitieron.
Los concesionarios también aceptaron deficiencias en el servicio actual, derivadas principalmente del deterioro del parque vehicular y la falta de unidades en operación. De un total de 510 concesiones en la zona metropolitana, únicamente 284 camiones operan con regularidad, lo que significa que la movilidad urbana se sostiene con apenas el 50 por ciento del transporte concesionado.
Además, señalaron que cerca del 10 por ciento de las unidades presenta fallas mecánicas constantes debido a su antigüedad, que en muchos casos alcanza los 20 años, por lo que calificaron a gran parte de la flota como “camiones chatarra”.
La situación se agrava con la limitada cobertura de rutas. De las 17 existentes, solo seis operan al 100 por ciento, mientras que varias funcionan de manera parcial y otras han dejado de prestar servicio. Por ejemplo, las rutas 9, 10 y 12 no existen actualmente, la ruta 11 lleva seis años sin operar y otras como la 5, 6 y 7 apenas alcanzan entre 5 y 10 por ciento de funcionamiento.
En contraste, rutas como la 1, 14, 15, 16 y 17 mantienen operación completa, mientras que la ruta Tierra y Libertad trabaja al 60 por ciento y la Zacatecas–Guadalupe al 100 por ciento.
Los concesionarios enfatizaron que, pese a estas condiciones, el transporte público continúa siendo un sustento económico para más de 250 familias de operadores y un número similar de familias de concesionarios, además de contribuir a la economía local mediante la compra de refacciones y servicios.
En cuanto a la viabilidad financiera, señalaron que la tarifa actual promedio de 8.20 pesos, sin subsidio gubernamental, resulta insuficiente para sostener el servicio. Compararon la situación con otras ciudades donde el transporte es moderno y subsidiado, lo que les permite operar en mejores condiciones.
Los incrementos en los costos de operación han sido determinantes en esta crisis. Indicaron que el precio del diésel pasó de 17.60 pesos en 2018 a cerca de 29 pesos en la actualidad, lo que representa un aumento del 64 por ciento. A esto se suma el encarecimiento de refacciones, llantas y mantenimiento.
A la par, el número de usuarios ha disminuido. Antes de la pandemia se registraban hasta 120 mil pasajeros diarios en días hábiles, mientras que actualmente la cifra es considerablemente menor debido a la falta de cobertura en diversas colonias.
Los concesionarios advirtieron que la falta de ingresos ha impedido la modernización del transporte y la adquisición de nuevas unidades. Señalaron que un autobús a diésel, que anteriormente costaba poco más de un millón de pesos, actualmente supera los 3.3 millones, mientras que las unidades eléctricas pueden alcanzar los 5 millones de pesos, lo que consideran inviable sin subsidio gubernamental.
En este contexto, mencionaron el proyecto del “Platabús” como una posible solución de fondo para mejorar la movilidad, aunque reconocieron que requiere una inversión significativa y coordinación con el gobierno estatal.
Asimismo, plantearon la necesidad de reestructurar las rutas y el modelo de operación, incluyendo la posibilidad de convertirlas en empresas para optimizar recursos y evitar la sobreoferta de unidades en trayectos con baja demanda.
En materia operativa, detallaron que actualmente se requieren al menos siete pasajeros por kilómetro recorrido para cubrir costos, cuando anteriormente bastaban cuatro. En rutas largas como la 14 y 17, esto implica trasladar entre 130 y 140 usuarios por vuelta para mantener la rentabilidad.
También abordaron las condiciones laborales de los operadores, quienes en muchos casos trabajan jornadas de hasta 16 horas debido a un esquema de pago por vuelta. Reconocieron que esta situación no es la ideal, pero afirmaron que cambiar a turnos formales implicaría costos adicionales que actualmente no pueden solventar.
Ante este panorama, los concesionarios hicieron un llamado urgente al Gobierno del Estado para iniciar mesas de trabajo técnicas que permitan analizar soluciones de fondo. Advirtieron que, de no concretarse acuerdos, podrían verse obligados a reducir frecuencias, lo que implicaría que los camiones pasen cada 20 o 30 minutos.
“Es mejor y menos costoso para nuestros usuarios un peso, dos o tres pesos que dejar de prestar el servicio”, concluyeron, al insistir en la necesidad del incremento tarifario.
