■ Sólo están abiertos cuatro procedimientos contra ex funcionarios de Amalia García, señaló
■ Ante resultados de auditorías, titular de DTTyV podría ser destituido o inhabilitado, dijo
A más de cuatro años de que iniciara la actual administración estatal, en Zacatecas no hay algún funcionario o ex servidor público en la cárcel por corrupción.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Guillermo Huizar Carranza, aseguró que “ni por cohecho ni por peculado – que son los delitos ‘que más se parecen a la corrupción’, según el funcionario – hay procesos penales en contra de funcionarios en Zacatecas”.
Únicamente, informó, hay abiertos cuatro procedimientos de carácter penal relacionados con el “uso indebido de las atribuciones públicas” contra ex trabajadores de la Oficialía Mayor del gobierno de Amalia García Medina, entre los que se encuentra quien era su titular, Eduardo Ruiz Fierro.
Al respecto, concluyó que “son cuatro procesos penales que no se han concluido, que siguen avanzando, se siguen citando a audiencias, alegatos, etcétera; pero es un procedimiento que lleva la Procuraduría General de Justicia del Estado y no la Secretaría de la Función Pública, aunque el procedimiento se inició por denuncia presentada por nosotros”.
Director de Tránsito podría ser destituido o inhabilitado
De las 13 observaciones que se le realizaron al director de Transporte, Tránsito y Vialidad, Agustín Jaime Ortiz Arellano, en dos auditorías aplicadas en su contra por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aún hay siete que no se han solventado, informó el titular de esta última dependencia, Guillermo Huizar Carranza.
Debido a la gravedad de estos señalamientos que todavía no han sido aclarados por Ortiz Arellano, en caso de que no se lograran explicar correctamente, la sanción que se impondría pudiera ser incluso la destitución e inhabilitación del funcionario para ejercer un cargo público por un lapso determinado.
Entre las observaciones que aún están sin resolver, el titular de la SFP mencionó la de una “discrepancia evidente” que fue detectada en la declaración de situación patrimonial que presentó el director de Tránsito, la contratación y el otorgamiento de beneficios “al margen del reglamento” y, de igual forma, la contratación eventual de una persona que tiene una relación de parentesco directo con el involucrado. Asimismo, comentó que también hay “una cantidad importante de documentos que no pudieron ser acreditados”.
En cuanto al punto relacionado con la declaración patrimonial, añadió que “en el ámbito administrativo es simplemente una discrepancia, en el ámbito penal pudiera ser alguna circunstancia de enriquecimiento inexplicable”.
Explicó que Ortiz Arellano está preparando su comparecencia en una nueva audiencia de pruebas y alegatos, prevista en la ley, la cual se llevará a cabo “en el transcurso de esta semana o de la próxima”. A partir de ahí, añadió, la SFP tendrá 10 días hábiles para emitir su resolución final.
Huizar Carranza señaló, además, que “si no aclara en su audiencia de pruebas y alegatos, la sanción que pueda caber puede ser la destitución e inclusive, ésa es una valoración que hago después de que se cierra el procedimiento administrativo, la vista a la gente del Ministerio Público en caso de que las actuaciones pudieran tener algún viso de acto constitutivo de delito”.
Indicó que, aunque se ha advertido “un poquito de desesperación” entre algunos actores sociales como dirigentes de partidos políticos y trabajadores de la Dirección de Tránsito en cuanto a ver mayor avance en las investigaciones, subrayó que estos son procedimientos largos.
Asimismo, expuso que no se pude “acelerar un procedimiento que está regulado por la ley, no lo puedo ni retrasar ni adelantar, tengo que respetarlo puntualmente precisamente para que la resolución que emitamos tenga la solidez jurídica necesaria”.
Modificaciones a la Ley de Transparencia serían un retroceso en la materia: secretario
■ Normatividad debería ser hacia adelante, no hacia atrás, expuso
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Guillermo Huizar Carranza, admitió que las 86 modificaciones a la Ley General de Transparencia que se analizan en el Senado de la República significarían un retroceso. Incluso, se sumó a la preocupación que han externado los organismos garantes de la transparencia, pero también señaló que no se van a consumar y no habrá mayor problema.
Los puntos que a decir de Huizar serían cuestionables son los referentes a la clasificación de la información reservada y excesos referentes a la actuación de algunas corporaciones policiacas que se catalogaría como información clasificada. Indicó que la nueva Ley General de Transparencia debería ser hacia adelante y no hacia atrás. “Estoy seguro que estos detalles no habrán de prosperar”.
Insistió por tanto en que la ley quedará como fue propuesta por el Ejecutivo federal, y es lo hace pensar en la postura pública que han asumido los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PRI, quienes de manera coincidente han expresado su preocupación por esos puntos y si hay consenso entre ellos, la medida no prosperará.
Por el contrario, el funcionario auguró que la Ley llegará a fortalecer la materia de transparencia, máxime que por tratarse de una ley general sus preceptos serán obligatorios para las entidades federativas.
Además, dijo, el nombramiento de Virgilio Andrade como nuevo titular de la SFP da cuenta que la decisión del Presidente de dejar de manera permanente dicha dependencia, toda vez que hubo una idea de quitarla.
