Con 16 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones fue aprobado el dictamen por el que se reforman diversos ordenamientos estatales que versan sobre la creación y funcionamiento del Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “Torito”, así como la incorporación en la legislación estatal de la nomenclatura de la Policía Responsable de Tránsito y Vialidad en el Estado, hoy denominada de Seguridad Vial.
Durante la discusión en lo general, participó para hablar a favor del dictamen el diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba, en tanto que, en lo particular, el diputado Ernesto González Romo presentó una reserva para modificar los Artículos 36, 125 Septies y 125 Octies del decreto primero que modifica la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, propuesta que fue respaldada por el diputado Jehú Eduí Salas Dávila, quien se registró para hablar a favor de la reserva presentada. Finalmente, el dictamen fue aprobado con la reserva planteada por el diputado González Romo.
La Secretaría de Seguridad
deberá utilizar preferentemente
grúas y corralones públicos
La reserva establece que, para el desarrollo del operativo alcoholímetro, la Secretaría de Seguridad deberá utilizar preferentemente grúas y corralones públicos, y en caso de utilizar el servicio de particulares, éstos deberán cobrar sus servicios conforme a los tabuladores autorizados y publicados anualmente en el periódico oficial del estado.
Asimismo, expresa que el personal de la Policía Vial Preventiva que participe en el operativo deberá portar cámaras corporales y grabar la ejecución del mismo. Los contenidos de la grabación serán entregados al oficial calificador para evidenciar el desarrollo del operativo y deberán resguardarse hasta por 30 días naturales, posteriores a la conclusión del procedimiento administrativo. Cuando no exista grabación de la detención y del examen de alcoholemia realizado al conductor detenido, se le pondrá en libertad sin ser sometido al procedimiento administrativo y sin recibir sanción alguna.
Y finalmente, cuando el personal de la Policía Vial Preventiva intencionalmente apague o desactive su cámara corporal, omita o simule hacer la grabación, dañe la cámara, altere sus contenidos o se niegue a entregarlos, el oficial calificador deberá informar al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad para que investigue la posible falta administrativa que haya cometido el agente y, conforme al régimen disciplinario policial, deberá dar vista a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad.
Los diputados que votaron en contra son Ernesto González Romo, de Morena; Priscila Benítez Sánchez, de Nueva Alianza; Ana Luisa del Muro García, del PT; Enrique Laviada y Zulema Yunuen Santacruz, del PRD, y María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, del PAN.
