En la madrugada del 12 de septiembre de 2024, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas aprobó la reforma al Poder Judicial con 17 votos a favor y 12 en contra. La minuta con Proyecto de Decreto, remitida por el Congreso de la Unión, plantea reformas significativas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, generando una división notable entre los legisladores y la sociedad civil.
La sesión legislativa estuvo marcada por la presencia de estudiantes de derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y ciudadanos que buscaban ser escuchados. Estos grupos expresaron su desacuerdo con la reforma, que, según ellos, podría tener repercusiones negativas en la justicia y la democracia del país. Con carteles como “Yo quiero jueces con carrera judicial” y el canto del himno nacional, estuvieron firmes en la sesión.
Dicho encuentro también estuvo debatido entre los propios legisladores, ya que muchos de ellos, sobre todo de la oposición argumentaban que el proceso del orden del día no se estaba llevando de la mejor manera. Carlos Peña Badillo, diputado local, fue uno de los críticos más vociferantes de la reforma, calificando el proceso legislativo como un “proceso viciado” a través de sus redes sociales.
Detallando el Proyecto de Decreto, este introduce cambios fundamentales en el sistema judicial mexicano. Entre las reformas más destacadas se encuentra la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto universal, libre, directo y secreto de los ciudadanos. Además, se propone la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, sustituyéndolo por un órgano administrativo especializado que tendrá independencia y autonomía técnica.
Otro cambio significativo es la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial compuesto por cinco magistraturas elegidas también por voto popular. Este tribunal tendrá la responsabilidad de recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial. También se establece un límite en las remuneraciones de las autoridades judiciales, que no podrán superar la del titular de la Presidencia de la República.
Por otra parte, dispone que cuando se trate de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la Ley.
Durante el debate, la diputada Renata Libertad Ávila Valadez defendió la reforma, argumentando que busca fortalecer la democracia participativa y hacer efectivos los derechos del pueblo. Ávila Valadez destacó que el pueblo tiene el derecho de modificar la forma de su gobierno y que la reforma permitirá una mayor legitimidad en el Poder Judicial. En su intervención, también elogió al presidente Andrés Manuel López Obrador por impulsar esta iniciativa, elogio que fue abucheado por los presentes manifestantes en el pleno.
Por otro lado, Ana María Romo Fonseca, diputada de Movimiento Ciudadano, expresó su profunda preocupación por las implicaciones de la reforma. Romo Fonseca argumentó que la reforma representa una amenaza para la democracia y la independencia judicial. Criticó la reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nuevo sistema de elección popular, sugiriendo que esto podría socavar la imparcialidad y la eficiencia del Poder Judicial.
Eleuterio Ramos Leal, otro legislador en contra de la reforma, se centró en el riesgo de seguridad jurídica que podría derivarse de la reforma. Según Ramos Leal, permitir que jueces y magistrados sean electos por voto popular podría comprometer la calidad y la imparcialidad de la justicia, además de exponer a los jueces a presiones políticas.
En contraste, Alfredo Femat Bañuelos, un legislador a favor de la reforma, defendió la propuesta como un paso necesario para profundizar la democracia y garantizar una justicia más expedita. Femat Bañuelos destacó que la reforma busca resolver problemas históricos del sistema judicial mexicano y responder a las demandas de la ciudadanía.
Finalmente, pues, la presidenta de la mesa directiva, diputada Susana Andrea Barragán Espinosa, instruyó informar al Congreso de la Unión sobre la aprobación de la reforma para los procedimientos legales correspondientes.
El futuro del Poder Judicial en México parece estar en una encrucijada. Con una reforma que promete transformar profundamente el sistema, la oposición y el apoyo legislativo reflejan la complejidad y la controversia que rodean este importante cambio constitucional. La aprobación en Zacatecas marca solo el inicio de un proceso que podría tener efectos duraderos en la justicia y la democracia en el país.
