Sin duda alguna en Zacatecas, la lucha por los Derechos de las Mujeres aún tiene un largo camino que recorrer para considerar que los objetivos se han medianamente cumplido.
El Derecho a la Vida Libre de Violencia en nuestra entidad es motivo de activismo, estudio y legislación en todos sus rubros. Aún así, la lista de pendientes es larga.
Por eso, cuando en la Máxima Tribuna de los zacatecanos, la del Poder Legislativo, escuchamos que se proponen como requisitos para ser candidatos a elección popular el no tener antecedentes de violencia familiar o doméstica, no tener procesos por delitos sexuales y no ser deudor de pensión alimenticia, entendemos que los esfuerzos van bien encaminados.
Incluso, si de la vía jurídica se tratara, al margen de la anecdótica y cotidiana, creo que sería algo increíble pensar que quien estuviera en cualquiera de los supuestos, ya sea uno, dos o los tres, pudiera, sin el menor recato, proclamar el Artículo 128 Constitucional.
Dicho artículo es claro: A todo servidor público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, le será tomado el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
¿Podría cumplir y hacer cumplir la Constitución alguien acusado de violencia doméstica, sexual o que sea deudor alimenticio? ¡No! Por supuesto que no, porque, además, si dichas circunstancias evidencian ya una falta de calidad humana en el comportamiento y la omisión de la sanción impuesta, qué garantías podría ofrecer.
Ahora sí vamos a lo anecdótico: hasta hace no muchos años, las ‘buenas costumbres’ generaban, entre otras cosas, que la vida de muchos políticos estuviera salpicada de secretos a voces. Todo mundo sabía, – estoy seguro mientras lee estas letras, pasan por su mente nombres, apellidos y lugares, – que cierto líder había incurrido en prácticas ‘inmorales’, por decir lo menos.
Estaba aquel que en su vida personal o en el desempeño de sus funciones, las bajas pasiones le habían causado alguna denuncia por acoso o violencia sexual, de lo que luego nadie hablaba. Lo mismo de la violencia con que trataba a su esposa, hijos o familiares. Y en el peor de los casos, la figura casi heroica de pasarse la ley por donde fuera para no cumplir con la pensión alimenticia.
Se cierra aquí el ejercicio de imaginación. ¡Alto… con esos nombres fue suficiente! Ahora imagine que cualquiera de esos, ya en lo público inmola como un defensor de las leyes, la familia, las mujeres, los niños y la patria. ¡Sí, cómo no!
Justo esa es la razón, la lucha contra las condiciones que viven las mujeres en Zacatecas y en todo México, debe de ser una lucha lejana ya a los constantes vacíos, legales y sociales.
Reitero, no es justo ni para las mujeres violentadas ni para las víctimas, que pese al basto universo de ejemplos al respecto, éstas no fueran limitantes para acceder al poder que el sufragio ciudadano concede, y con eso, una especie de fuero omnipotente.
No es novedad ni el hallazgo del hilo negro en cuestiones legislativas y reglamentarias, pero la propuesta presentada en la última Sesión de la Comisión Permanente de la LXIV Legislatura del Poder Legislativo del Estado para reformar la Constitución Local en ese tenor, debería de observarse y dar seguimiento en su justa dimensión.
La abogada, catedrática y activista fresnillense, Maribel Galván Jiménez, de la Fracción Legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una propuesta resumida en la frase “3 de 3 sin violencia”, consistente en reformar los Artículos 53, 75 y 118 de la constitución local.
El objetivo es duro y directo: cierra la puerta a los generadores de violencia y deudores alimentarios para que no puedan participar en procesos de elección popular, puesto que, en congruencia, quien gobierne o legisle, no sólo deberá abstenerse de incurrir en estos actos, sino que tendrá como meta la erradicación de los mismos, desde su campo de acción.
Sobre este particular, se han tenido ya una serie de antecedentes, quizá uno de los más claros sea el escrito que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió de la Cámara de Diputados y Diputadas Constituyentes CDMX en 2020.
En él se pedía la implementación de tres requisitos: el primero, no contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
El segundo, no contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenado, o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
Y el tercero, no estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.
Después de allí, el seguimiento al tema a nivel institucional ha tenido diversos foros y escenarios, tanto en lo local, lo estatal, lo nacional e incluso en la esfera internacional. Ahora toca el turno a Zacatecas y la oportunidad no debe desaprovecharse.
A la propuesta de la morenista se han añadido legisladoras del PES, PANAL y PVEM, así como legisladores, hombres, que se han dicho comprometidos con las zacatecanas y la lucha por sus derechos.
De aprobarse la propuesta de la fresnillense, se agregarían a los requisitos para la elegibilidad como legisladores locales, contenido en el Artículo 53; a los de gobernador, en el 75 y a los de alcaldes e integrantes del Ayuntamiento, en el Artículo 118, los propuestos en tribuna.
¡Increíble, verdad, que en pleno 2022, sea motivo de discusión y análisis que no tener antecedentes de violencia familiar o doméstica, no tener procesos por delitos sexuales y no ser deudor de pensión alimenticia sean requisitos para ocupar un cargo de elección popular!
Y si ya siendo muy atrevido, esa propuesta se extiende a todas las ramas del Servicio Público y la burocracia, modificando lo que se tenga que modificar.
Mejor aún, si así como lo exigimos para quien nos representa, se extendiera también hacia la Iniciativa Privada y estos fueran requisitos para la contratación o la designación de cargos de mayor nivel. ¡Quizá así la vida libre de violencia para las zacatecanas pronto podría ser una realidad! Podría ser, ¿no?
