Después de la victoria de Donald Trump, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, ha venido ocupando los titulares de los medios de difusión para anunciar medidas de protección y defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Estas declaraciones son políticamente correctas y no se ponen en duda sus buenas intenciones; sin embargo, contienen mucha paja; la gran mayoría de las que ha anunciado son solo un recalentado de acciones que normalmente hacen o deberían hacer los consulados. Además, el colmo de la ingenuidad gubernamental es creer que la expedición de documentos y la oferta de servicios (que las organizaciones locales prestan de mejor manera) puedan ser la espina dorsal de una estrategia frente a las amenazas previstas ante la próxima presidencia de Trump.
El importante precisar que el problema con Trump es fundamentalmente de carácter político, y el de los mexicanos en EU es prioritariamente de organización. ¿De dónde sale la idea que expidiendo más documentos mexicanos y prestando más servicios se puede tener un impacto significativo en esta situación? En general, los programas clientelares-asistencialistas que caracterizan la acción gubernamental, aunque mitigan ciertos problemas, no son ahora la mejor ayuda que se puede ofrecer a los mexicanos en Estados Unidos.
Ante la nueva situación, como en el pasado, se entiende que tanto el gobierno mexicano como los mexicanos en EU actuarán cada uno por su lado; el primero se ocupará de tareas fundamentalmente diplomáticas y los segundos del activismo y la lucha política en el terreno. Pero esta realidad no debiera excluir ahora la posibilidad de que entre ellos establecieran vínculos formales o informales para compartir información e incluso para articular jugadas de pared para combinar el impacto de sus respectivos esfuerzos.
Es aquí donde cabe mencionar al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Se supone que esta entidad, creada en 2003, es la encargada principal de ejecutar las políticas del gobierno federal dirigidas hacia los mexicanos en el extranjero y de ser el enlace principal de la relación entre ambos. Sin embargo, especialmente durante esta administración, el IME ha ido de mal en peor. Su dirección general ha sido convertida en refugio temporal para funcionarios a quienes no hallaron mejor acomodo en otras partes de la administración pública, de manera que, en lo que va del presente sexenio, ya han renunciado a tres de sus titulares y vamos por el cuarto.
En consideración del sombrío escenario que se avizora, el titular de la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores –que tiene a su cargo el IME– debiera hacer algo para remediar la situación en este instituto.
Al subsecretario le haría bien, recapitular sobre el papel del gobierno de México frente a situaciones de riesgo para los migrantes como la que se avizora y particularmente sobre la experiencia de los últimos 25 años desde que se creara el brazo social-comunitario del gobierno para trabajar con los mexicanos en el extranjero. Durante ese periodo, la cancillería acumuló una experiencia muy valiosa en los procesos organizativos de las comunidades mexicanas en EU. Por ejemplo, el activismo “comunitario-diplomático” de los consulados en EU fue clave en la creación de varias de las federaciones de clubes de oriundos que hoy existen y agrupan a una vasta red nacional de organizaciones de mexicanos por lugar de origen y en la formación de redes comunitarias locales. Pero esa experiencia quedó sepultada bajo la miopía de las últimas administraciones federales y por la codicia político-clientelar que adoptó su relación con los migrantes.
Aunado a lo anterior, precisamente ahora que la dirección general del IME se encuentra vacante, el subsecretario no debería dejar ir la oportunidad para proponer en esta ocasión la designación de algún veterano –de preferencia migrante– experimentado en estos asuntos, que realmente tenga algo que aportar a la experiencia acumulada y que puedan retener ahí por lo que resta del sexenio.
A la luz de esta nueva realidad en EU es apremiante una revisión crítica de la experiencia del IME. Con el aprendizaje que se puede extraer de ella, con una mejor dirección y algo de estabilidad, esta entidad podría habilitarse como un instrumento ideal para desarrollar una estrategia un poco más atrevida. Un IME fresco, además de administrar los programas existentes, tendría que afanarse en reconstruir los bastante deteriorados vínculos institucionales e informales con la parte más políticamente activa de los mexicanos en EU y, convertirse en un cómplice confiable en el urgente e indispensable desarrollo de la organización de estos.
En resumidas cuentas, el gobierno mexicano necesita entender que la estrategia de expedir más documentos, de ampliar los servicios consulares y prepararse para recibir a los deportados debería ser solo su Plan B; el Plan A debe ser una estrategia más decidida, que tome en cuenta las capacidades propias de los migrantes, para tratar de impedir que ese escenario llegue a hacerse realidad. ■
*El autor radica en Chicago desde 1986, es miembro
de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos
en el Extranjero, y autor de varios libros y numerosos artículos
sobre la vida de los mexicanos en EU.
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