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domingo, 27 noviembre, 2022
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Rechazo a la reforma electoral, sinónimo de perpetuidad de privilegios

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En estas semanas llama la atención una intensa campaña mediática y engañosa en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por parte de legisladores y líderes de los partidos políticos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC); grupos de empresarios e industriales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales de Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); los ex presidentes Zedillo, Fox y Calderón; medios masivos de comunicación, columnistas e intelectuales resentidos; algunas organizaciones “sin tropa” que son meramente extensiones de partidos políticos liderados por Claudio X. González como [email protected] por México; representantes de la Iglesia, (violando al Estado laico), entre otras voces, que al unísono se han pronunciado en la supuesta “defensa” del INE y de la democracia.

Esta campaña mediática es engañosa, tergiversa los propósitos de la reforma electoral del Presidente López Obrador, en la cual no se propone la desaparición del INE, sino solo su sustitución por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); así como cuando el IFE fue sustituido por el INE. La creación de INEC busca fortalecer al órgano responsable de organizar las elecciones federales y las locales, garantizando la imparcialidad de los consejeros y magistrados del TEPJF en favor de la democracia, ya que actualmente estos se eligen, en gran medida, por cuotas de los partidos políticos mayoritarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente. 

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La elección de los consejeros y magistrados mediante el voto popular busca, entonces, desaparecer los acuerdos cupulares, la elección por “cuates y cuotas partidistas”, reivindicando a la ciudadanía como fuente de poder y representación “democracia participativa” en estas instituciones clave en el funcionamiento de los poderes formales del país. No son nuevas las elecciones mediante el voto popular en los sistemas judiciales; en Estados Unidos, en ciertos estados, los candidatos a juez se someten a elecciones populares para ser electos o para permanecer en el cargo.

Para garantizar la idoneidad de los consejeros y magistrados se puede proponer la integración de un consejo ciudadano de expertos independientes, que revise que las y los candidatos propuestos por los tres Poderes de la Unión cumplan con los requisitos legales, tengan los conocimientos técnicos y no estén vinculados a partidos políticos; las y los candidatos, como lo contempla la iniciativa de reforma, tendrán acceso de manera igualitaria a radio y televisión para exponer sus proyectos, propuestas y programa de trabajo; además, participarán en foros de debate públicos organizados por el INEC y trasmitidos gratuitamente por los medios de comunicación. Se prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión por personas físicas y morales, así como el proselitismo y propaganda de los partidos políticos en favor o en contra de candidatura alguna.

Salvado el método de la elección de consejeros y magistrados mediante el voto popular, los demás puntos de la reforma son relativamente más fáciles de llegar a los acuerdos, o al menos, la oposición no tendrá elementos sólidos y convincentes para estar en contra, entre ellos:

*Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, eliminando 200 diputaciones federales plurinominales y 32 senadurías de listas, y limitando a 15 diputaciones locales para las entidades federativas con una población menor a 1 millón de habitantes, y por cada 500,000 habitantes adicionales, podrán incrementar un diputado, hasta un máximo de 45. Bajo este criterio, el Congreso de Zacatecas tendría 16 diputaciones, en lugar de 30, las cuales serán integradas de manera paritaria y bajo una elección directa en las urnas.

Las listas de candidaturas de representación proporcional (plurinominales) se dieron para que los partidos chicos tuvieran presencia, voz y voto en los congresos y ayuntamientos con representantes con capacidad de debate, que contribuyeran a legislar sobre los grandes problemas de la población, sin embargo, al paso de los años, estos espacios solo son ocupados por la burocracia de los partidos (hay quienes mediante esta vía llevan décadas brincando de una cámara a otra, sin haber ganado una elección directa en las urnas) y sus familiares, amigos e incondicionales.  

*Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales y de los Tribunales Electorales Locales, que en Zacatecas son el IEEZ y TRIJEZ, respectivamente, por considerar que realizan duplicidad de funciones con las autoridades administrativas y jurisdiccionales federales, sus resoluciones, finalmente, son impugnadas y resueltas ante las instancias del TEPJF, sin embargo, representan un alto costo y una burocracia innecesaria.

*Eliminación del financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, las cuales se propone sean cubiertas mediante cuotas de sus simpatizantes y militantes. El financiamiento público se mantiene solo para el gasto de campañas durante las contiendas electorales. La población rechaza el alto costo que el Estado mexicano destina cada año a los partidos políticos para sus actividades ordinarias; aproximadamente 11,000 millones de pesos anuales se destinan para la plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles, es decir, a la manutención de obesos aparatos burocráticos y al gasto suntuoso de los líderes partidistas, que hasta escoltas y choferes contratan.

Rechazar la reforma electoral es sinónimo de buscar la perpetuación de los privilegios políticos y económicos de los líderes de los partidos, de los grandes intereses de los grupos económicos y de una oligarquía minoritaria que ha secuestrado los espacios de poder, en contra de las mayorías y de los intereses del pueblo. La marcha convocada para el próximo domingo 13 de noviembre en la Ciudad de México, con el argumento de defender al INE, y a la democracia, no es más que un intento desesperado por visibilizar una mermada oposición carente de propuestas a los grandes problemas del país. 

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