■ Impunidad en delitos sexuales es “de grandes dimensiones”, según diagnóstico en México
■ Para abordar el problema se requiere de Agencias del Ministerio Público especializadas: Soto
Entre enero y febrero de este año en Zacatecas se produjo, en promedio, una violación cada dos días. Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registran que en los dos primeros meses de 2016 se reportaron ante las agencias del Ministerio Público un total de 27 delitos sexuales de este tipo.
Esta cifra es la segunda más elevada en la última década para un inicio de año, superada sólo por los 30 casos de violaciones denunciadas en enero y febrero del año pasado.
La gravedad de los delitos sexuales y la impunidad que existe en torno a ellos fueron aspectos evidenciados en un estudio publicado el pasado mes de marzo y el cual fue elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel nacional.
El nombre del análisis fue “Primer Diagnóstico sobre la Atención de la Violencia Sexual en México y en él se advierten tanto la persistencia de una legislación insuficiente, la existencia de deficiencias en los servicios que brindan las autoridades a las víctimas de algún delito sexual y, además, se concluye que hay una impunidad “de grandes dimensiones”.
La impunidad, por ejemplo, se refleja en el estudio a través de la cifra que expone que sólo se consigna a uno por ciento de los agresores, es decir, de cada mil delitos sexuales denunciados únicamente se presentan ante las autoridades 10 victimarios.
Además, aparte de la ausencia de sanciones en cuanto a estos ilícitos, se menciona por parte de las autoridades que en relación a estos hechos también hay una elevada cifra negra.
En este sentido la procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, Leticia Catalina Soto Acosta, informó que “en Zacatecas hay un buen número de delitos que no se están denunciando respecto de los abusos sexuales”.
Aun así, consideró que en los hechos que sí se reportan ante las autoridades de la procuraduría la actuación es “inmediata” pues se inician las investigaciones y, en el momento en el que se tienen los elementos necesarios, se procede a la judicialización de los casos. Expuso que con el Nuevo Sistema de Justicia Penal se han obtenido varias sentencias a través de procedimientos abreviados.
Este tipo de resolución en los casos de delitos sexuales es una prioridad ya que “en el nuevo sistema de justicia oral si llegamos hasta el término del juicio oral ahí se tiene que enfrentar la víctima con la persona que la agredió y (…) en muchas ocasiones las víctimas tienen el temor de enfrentarse al victimario o a quien las ha agredido”.
La procuradora Soto Acosta hizo hincapié en que para abordar adecuadamente las atenciones de delitos sexuales se requiere que haya agencias del Ministerio Público especializadas.
Por su parte, la directora del Centro de Justicia para Mujeres, Mara Muñoz, consideró que “sin duda el abuso sexual es una situación que preocupa” y comentó que hay un sector de las víctimas que permanece olvidado. Se trata de las niñas.
Al respecto, comentó que se está elaborando la estadística para Zacatecas pero hasta el momento se sabe que en 80 por ciento de los abusos sexuales cometidos en contra de menores las víctimas son niñas y en la misma proporción los agresores son familiares.
“Lo que sucede en la familia, lo que sucede en el núcleo más cercano de las víctimas, desafortunadamente no se denuncia, desafortunadamente queda en la sombra del ámbito privado y en ese sentido habría que concientizar a la sociedad”, concluyó la funcionaria.
En el diagnóstico de la CEAV también se menciona que el lugar más frecuente en el que se produce violencia sexual es el domicilio de las víctimas y es ejercido por personas cercanas o familiares.
En esta misma parte del estudio, la comisión advierte que “la edad de los perpetrados no ha sido un obstáculo para la realización de este ilícito, por lo que debiera evaluarse la posibilidad de invalidar el derecho de cumplir arresto domiciliario a las personas mayores de 70 años sentenciadas por este delito contemplado en las legislaciones penales, en razón del superior derecho de los niños y las niñas de vivir en espacios seguros”.
En cuanto a la legislación que existe en Zacatecas en torno a los delitos sexuales, hace un señalamiento que tiene que ver con el ilícito de hostigamiento sexual. Al respecto, la instancia de atención a víctimas sostiene que en el Código Penal de la entidad, al igual que en el de Tamaulipas y el Federal, se exige que para que se configure este delito tiene que haber “un resultado material consistente en un daño o perjuicio”, lo cual debiera ser “irrelevante”.
La CEAV señala en su diagnóstico que todavía hay un “amplio desconocimiento” por parte de quienes operan los sistemas de justicia de los derechos de las víctimas de delitos sexuales. Esto, apunta la comisión, provoca que se violenten los derechos humanos de estas personas.
Esta consecuencia de la falta de preparación, agrega el diagnóstico, se aúna a la “falta de sensibilidad” de fiscales y jueces, así como a “los escasos apoyos y recursos económicos asignados a instancias encargadas de atender y sancionar este tipo de conductas”.
Asimismo, la comisión apunta que hay varias causas que abonan a los altos niveles de impunidad existentes en este ámbito y, entre ellas, menciona la “cultura de culpabilizar a las víctimas”, la desconfianza de las personas agredidas hacia los operadores del sistema de justicia, “la inacción de las autoridades ante las denuncias de carácter sexual”, el “maltrato” de algunas autoridades hacia las víctimas y el desconocimiento de los derechos de estas personas.
