En 2014, bajo el sello del FCE, salió un librito de título encantador: “Teoría de juegos. Una introducción matemática a la teoría de decisiones” de Pablo Amster y Juan Pablo Pinasco. Coincidió esta edición con los 70 años de la primera aparición de “Theory of Games and Economic Behavior” de John Von Neumann y Oskar Morgerstern editado por Princeton University Press en 1944 y considerado el primer documento en el que se formaliza la teoría de juegos como una teoría matemática. Previamente aparecieron argumentos típicos de teoría de juegos en la obra de algunos filósofos –e.g. el argumento de la apuesta de Pascal y el argumento sobre el mejor de los mundos posibles de Leibniz, argumentos que en la formalización de Von Neumann y Morgerstern quedan fuera por involucrar ganancias infinitas- y en la de otros muchos pensadores. Lo que intentamos aquí es describir el juego que jugó la rectoría con los docentes en el caso de la “sustitución de prestaciones”, que se conoce mejor como “venta de prestaciones”. La descripción es muy simple aunque las conclusiones no lo son, porque muestran la ambigüedad que hay en nuestra idea de “racionalidad”. Comenzamos haciendo notar que la posición de la rectoría en el juego era inmejorable. Con dinero que le había dado el Gobierno Federal, la rectoría quería comprar las prestaciones de un sector de docentes para lograr reducir los pasivos laborales, que son obligaciones a futuro derivadas de las cláusulas del contrato colectivo UAZ-SPAUAZ. Si lograba convencer a los docentes de venderlas el monto de los pasivos se reduciría y la rectoría saldría ganando, si no lograba convencerlos de vender la rectoría no perdía nada. Por otro lado los docentes sí estaban en un dilema, porque si bien la suma con la que se pretendía comprarles las prestaciones era abundante, no lo era tanto como el pago que la rectoría estaba obligada a hacer debido a las obligaciones contractuales.
La única ventaja de la compra de prestaciones residía en que el pago iba a ser inmediato, mientras que los pagos de las prestaciones estarían diferidos en el tiempo. Estando así las cosas los docentes veían poco atrayente la oferta porque de aceptarla y jubilarse quedarían con la pensión del ISSSTE y nada más, mientras que de no vender tendrían garantizado, al jubilarse, un pago mayor. Quizás por eso hubo poca afluencia cuando aparecieron las convocatorias respectivas. Los que vendieron fueron, entonces, los más arrojados, aquellos con menor aversión al riesgo y, quizás, con algo de espíritu solidario hacia su alma máter. Sin embargo el panorama cambia drásticamente con la reciente aparición de un documento en el que el rector en el año 2007, Lic. Alfredo Femat, se compromete a proponer al Spauaz la modificación del contrato colectivo UAZ-Spauaz para ajustar sus prestaciones a las prestaciones autorizadas por la SEP. Lo que en términos prácticos implica la supresión de todas las prestaciones no autorizadas por la SEP y, en particular, los que se jubilasen bajo el nuevo contrato ya no tendrían garantizadas más prestaciones que las otorgadas por el ISSSTE. Ante ese escenario el razonamiento cambia, porque si las prestaciones están a punto de ser suprimidas, lo racional es venderlas lo más pronto posible para garantizar, al menos, ese pago. La información no fue pública en 2007 ni en años subsecuentes, así que la mayoría de los universitarios no contó con esa información y por lo tanto nunca sabremos qué tantos habrían querido vender sus prestaciones de haber sabido que estaban en riesgo. Pero es probable que muchos más.
La cuestión es: ¿cuántos de los que sí vendieron sus prestaciones conocían los convenios que firmaba el rector?, probablemente muchos de su círculo más cercano y algunos amigos de los amigos del rector. Pero eso no lo sabremos tampoco, aunque es probable que así haya sido. Por lo tanto los que sí vendieron sus prestaciones fueron engañados y el Gobierno Federal también porque ni se intentó modificar las prestaciones del contrato, ni se pretendió nunca promover los despidos de personal sin perfil aprobado por la SEP, ni se dio información certera a los que vendieron las prestaciones. Lo más racional resultó, en retrospectiva, no ser amigo del rector, no vender las prestaciones y en general mantenerse pasivo. Lo irracional fue ser amigo del rector y vender las prestaciones, porque no se quitaron del contrato pero sí se les quitaron a los que vendieron y les queda, además, un estigma: el estigma de haber actuado con premeditación, alevosía y ventaja para sacar el mayor provecho individual en un negocio que parecía seguro, y resultó un fraude que benefició más, por supuesto, a la UAZ, porque nominalmente se redujo el pasivo laboral, mientras que para los que vendieron sus prestaciones significó la condena de no jubilarse nunca porque saldrían perdiendo. Queda un enigma: ¿qué destino tuvieron 120 millones entregados por el Gobierno Federal para hacer liquidaciones que nunca ocurrieron? En 2007 la UAZ no tenía adeudos significativos. En los aciagos tiempos que corren esa respuesta nos incumbe. ■
