Toda persona pública hace política. No necesariamente militando en causas de manera explícita. Negar esto es caer en una ceguera ingenua o cínica. Es aún muy pronto para hacer un balance crítico del rol que recientemente ha jugado el que fuera ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, quién arribó al máximo tribunal en 2009, por propuesta del entonces presidente Felipe Calderón. Hasta antes de 2018 había en torno a Zaldívar un cuasi consenso (o lo más cercano a ello) por su papel, evidentemente progresista por sus votos, sus proyectos y posturas en general en el seno de dicha instancia judicial. Fue parte, sin duda, de la transformación de la justicia en México. Contribuyó con novedosos e incluso creativos conceptos al entendimiento de un sistema en plena transición, no sólo en materia política, también en su aspecto jurídico, y más trascendente aún: en la transición constitucional que llevó a la configuración del Estado mexicano como uno que se pretendió enfilar como una Democracia Constitucional.
Sin embargo, y esto no le resta méritos a lo anterior, a partir de 2018, la postura política del jurista comenzó a trascender las sentencias para colocarse en las redes sociales con una clara identidad con el gobierno emanado de las elecciones de ese mismo año y todo su proyecto político de país, el cuál no siempre ha coincidido con el texto constitucional, tal como lo han establecido no una sino varias resoluciones de la propia Corte, algunas veces inclusive, con el voto de Zaldívar con la mayoría.
En su texto 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, el propio Zaldívar enumera los elementos de su “filosofía judicial”, primero, tomarse en serio la Constitución (así con mayúsculas en el original); segundo, “un profundo compromiso igualitario, aplicando los derechos con sensibilidad humana y social”; tercero, continúa “una justicia constitucional sin fronteras”, es decir, “tener la visión abierta al derecho internacional y al derecho comparado”; cuarto, y muy importante en el contexto que nos motiva a escribir hoy: “una cultura de la justificación pública basada en razones sólidas y conocimiento experto”; y quinto, concluye, “el derecho como una herramienta de cambio social y no como un fin en sí mismo”.
Hemos dejado claro desde el principio, que objetar la dimensión política de una persona pública es un despropósito; dudosamente encontraremos ciudadano alguno sin ideas, menos aún estará entre quiénes han definido dedicarse al servicio público en cualquiera de sus facetas. No es, por tanto, desde mi perspectiva, reclamable, por estos motivos, la conducta del ex presidente de la SCJN. Zaldívar siempre tuvo una agenda política, la que ha sido descrita antes, que, si bien es cierto, logró hacer convivir con su labor judicial, pudo y lo fue, objeto de sendos reclamos ya.
Sin embargo, la propia dimensión política, y más aun tratándose de un intérprete de la Constitución, implica un análisis no superficial y menos aún, aislado del contexto social y político, ahora sí en el sentido no filosófico-deontológico, sino en la expresión que describe la competencia por el poder.
No es pues, en este sentido, pero tampoco lo ha sido de un tiempo acá, prudente el comportamiento de Arturo Zaldívar, el político. Ha rebasado y opacado al jurista en su trayectoria (cortísima por demás) judicial. Y como ya lo he dicho aquí mismo, ha resultado ser un mal político que descarriló a un buen juez. Lo es así porque, no hay un buen político imprudente, aun tratándose de los disruptivos quiénes se arriesgan siempre buscando ser pertinentes en su propia disrupción. Pensémoslo en términos de Aristóteles, al referirse a Pericles con esta virtud: “Pensamos que Pericles y los que son, como él, prudentes porque pueden ver lo que es bueno para ellos y para los hombres, y pensamos que ésta es una cualidad propia de los administradores y de los políticos”.
Desde luego, lo anterior está a debate: habrá quienes le aplaudan su definición para sumarse ya de forma abierta a un proyecto político-partidista en la contienda electoral próxima. Yo personalmente incluso creo que es preferible su renuncia a su permanencia, ya con el evidente conflicto que representa su deber y su interés.
Finalmente, más allá de esto, parece que Zaldívar no fue muy congruente con su filosofía judicial antes transcrita aquí, especialmente en aquello de tomarse en serio la Constitución y en lo que refiere a la cultura de la justificación pública, pues, hasta el momento de escribir estas líneas (más de 24 horas después de su renuncia), no aparecen dichas justificaciones, y su renuncia, terminó siendo tan escueta como la que ya le antecede en este mismo sexenio. En fin, quizá su filosofía judicial al decidirse dejar de ser juez, ya no les vinculante. Ojalá pronto nos dé a conocer su filosofía política.
@CarlosETorres_
