El hecho de que actualmente los Poderes Legislativo y Judicial federales, no se han atrevido a defender de manera contundente su independencia y autonomía en los términos que les faculta la Carta de Querétaro, ha logrado que la voluntad de un solo hombre en quien se deposita el Poder Ejecutivo, maneje caprichosamente los destinos de nuestro país. Que aquellos Poderes permitan y concedan todo tipo de berrinches se traduce en el quebranto del equilibrio de poderes y contrapesos que debe existir entre los tres, con el objeto de evitar excesos y abusos en perjuicio de las personas, dejando de lado el Principio de Montesquieu establecido en el artículo 49 de la CPEUM.
Ninguno de los tres Poderes debe interferir en el ejercicio de las funciones de los demás. Es por eso que cada uno tiene establecidas constitucionalmente sus facultades explícitas: Ejecutivo, artículo 89; Legislativo, artículo 73, y Judicial, artículos 103 y 107. Además, otras de carácter implícito, pero también reguladas en el mismo Texto. Igualmente hay las llamadas coincidentes.
De esta forma encontramos que por estos días, tanto el Legislativo como el Judicial, deben resolver sobre dos asuntos muy delicados que requieren de amplio estudio, análisis y, debate; así como se debería contar con la participación de diferentes grupos sociales y opiniones diversas que puedan ayudar a tomar la mejor decisión porque los temas sometidos a su conocimiento atañen a los derechos humanos de las personas.
La SCJN posiblemente el día de hoy resuelva sobre la constitucionalidad, o no, de la prisión preventiva oficiosa. Por su parte, el Pleno del Senado votará a más tardar el fin de semana sobre la minuta que envió la Cámara de Diputados, en relación con la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo, con objeto de que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército.
Aunque hasta el momento de escribir estas líneas se desconocen ambos resultados, es probable que sea favorables a los intereses del mandatario, pues públicamente, de manera reiterada en sus mañaneras, se da a la tarea de hostigar, amenazar, insultar, exhibir, minimizar, sobajar y burlarse de manera grosera de los integrantes de esos Poderes que no comulgan con sus ideas, de tal manera que frente a esto no todos los aludidos podrán oponerse a sus caprichos al momento de resolver y votar.
Dicho lo anterior, debo decir que, desde mi punto de vista, militarizar la Guardia Nacional en los términos propuestos por el Ejecutivo, adolece de inconstitucionalidad.
¿Los motivos?
El párrafo primero del inciso e) del artículo 21 de la CPEUM, indica:
- “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo…”.
A su vez, el párrafo noveno de referencia señala:
- “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”.
Más aún, el segundo párrafo del inciso e) del artículo 21 mencionado, vuelve a referir:
- “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública…”.
Ninguna de las disposiciones hace referencia al Ejército, en particular, o a las Fuerzas Armadas, en lo general.
Por consecuencia, la iniciativa de reforma del Presidente adolece de la más notoria inconstitucionalidad, al violentar lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Magna, que está incluido en los derechos humanos que tutelan las garantías de seguridad jurídica.
Ahora bien. El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos legisladores afines a Él y a su propio partido, así como ciertos grupos de la sociedad civil, abogan por que la Guardia Nacional se militarice y pase a formar parte de la SEDENA, justificando tal decisión en el gran problema de violencia que se vive el país.
El gran índice de violencia se ha desbordado en los últimos años a lo largo del territorio nacional. En particular hay Estados que se caracterizan internacionalmente por la violencia, entre los cuales tristemente se encuentra el nuestro: Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Nuevo León, Colima, entre otros.
Desde luego que por eso, es muy importante manejar estrategias para enfrentar y frenar esta situación. En esto no existe ninguna duda. Todos los mexicanos seguramente desean vivir en paz. Sin embargo, la vía y el procedimiento decididos por el Presidente López Obrador no son los adecuados.
Respecto de la vía, consideramos que pasar la Guardia Nacional al Ejército no es correcto porque existen casos recientes en los que los militares se encuentran involucrados en flagrantes violaciones de los derechos humanos. El caso de Ayotzinapa es prueba más que evidente.
En cuanto al procedimiento, para cumplir con los deseos del Presidente, antes que modificar leyes secundarias, se debe primero modificar la Constitución en los términos que dispone el artículo 135 de la misma.
De lo contrario, el Jefe del Ejecutivo de la Unión, está faltando a la Ley Suprema que prometió cumplir y hacer cumplir el día 1 de diciembre de 2018, al tomar posesión de su cargo.
¿?
