Sin duda, la Nación Mexicana y su población, estamos pagando la factura de haber permitido, históricamente, que muy pocas manos se apropiaran de los bienes y de la riqueza que siempre ha producido este Gran País megadiverso y que, de haber sido bien administrado, pudiera responder plenamente a la satisfacción de las necesidades y aspiraciones comunes. Hoy y en la distancia, hemos padecido más de 80 años de gobiernos priístas; 12 años de panistas, y por estrategias de la oposición, ahora se pretende ilusamente adjudicar a los 4 años del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los males nacionales. Así las cosas, el origen de la violencia, de la pobreza, de la marginación y de la desarticulación familiar y social, deben puntualizarse con nombres y apellidos dependiendo del mandatario que tuvo la oportunidad de engrandecer a México y que, por el contrario, se dedicó a saquearlo. La sociedad mexicana, en un número importante, perdió identidad y rumbo, pues contrario a perseguir y sancionar la corrupción, ha solapado y se ha vuelto cómplice de la misma corrupción y la impunidad y, ahora, un importante sector de la colectividad no se mueve si no hay una despensa o alguna otra dádiva, pues a veces constituye la única posibilidad de obtener algo de la deslucida democracia que padecemos. En este contexto, el cúmulo de retos que tenemos frente a nosotros es el resultado de algo, es la consecuencia de nuestro actuar anterior y, lamentablemente, los grupos de población de atención prioritaria son quienes pagan el costo más elevado de ello. Principalmente las niñas, los niños y los adolescentes (NNyA), reciben el impacto de la violencia que en su momento fue solapada por personajes nefastos como Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; cuando enviaron cartas de autorización a los grupos delictivos con timbres de impunidad, haciendo que cada vez más el país fuera un escenario idóneo para los secuestros, los homicidios, las desapariciones forzadas y, por qué no decirlo, de escapes fantásticos de las cárceles de máxima seguridad, provocados, no por la astucia de determinados personajes, sino por la corrupción que impera en dichos espacios, generando guiones de narco series que motivan la idolatría del terror por sobre otros tipos de conductas que contribuyen a edificar una mejor sociedad. Así pues, la Organización Mundial de la Salud ha definido a la violencia contra NNyA como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como resultado, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. De tal suerte, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), nuestros NNyA pueden, entre otras cosas, sufrir violencia psicológica identificada como todo acto u omisión que daña la estabilidad psicológica y, pueden constituir incidentes aislados o proceso reiterados y se traducen en agresión verbal, descuido emocional, asustar, aterrorizar, amenazar, rechazar, aislar, ignorar, discriminar, insultar, humillar, incomunicar, menospreciar y ridiculizar. Por su parte, la violencia sexual se refiere a un contacto sexual no consensuado realizado o intentado; actos no consensuados de naturaleza sexual que no incluyen contacto, tal es el caso de la explotación sexual (material de abuso sexual infantil, utilización de NNyA para la prostitución y turismo sexual), matrimonio forzado, explotación por internet, acoso sexual. La violencia física constituye un uso deliberado de la fuerza o algún tipo de arma u objeto para ocasionar daño a la salud, la supervivencia y el desarrollo de las víctimas, esto es, el abandono, castigo corporal, esterilización forzada, tortura, tratos o penas inhumanas o degradantes; mutilación, amputaciones, desaparición forzada; obligar, inducir, facilitar o procurar que NNyA cometan algún delito o se utilicen en actividades delictivas. La violencia institucional es aquella en la que las autoridades pueden causar un daño, directa o indirectamente, al carecer de medios efectivos para cumplir las obligaciones establecidas, es decir, no aplicar adecuadamente las leyes y otros reglamentos; ejercer las responsabilidades sin tener en cuenta el interés superior, las opiniones o los objetivos de desarrollo de la NNA. De igual manera, los NNyA pueden ser afectados por la violencia digital que se comete, de acuerdo con SIPINNA Nacional, a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, causando daños a la dignidad y la integridad de las personas. Así pues, el sector más sensible y delicado de la población, padece los estragos de la descomposición del ser humano que vive en sociedad, por lo que toca ahora tratar de avanzar en la intención de garantizarles una debida protección como sujetos de derechos. Una difícil encomienda.
