La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acordó dar la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de que el acuerdo elaborado por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) presentado el 15 de mayo de 2020, violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia establecidos en la Reforma Eléctrica de 2013.
El acuerdo de la Secretaria de Energía, rechazado por la SCJN, estaba encaminado a ordenar la forma en que las empresas del sector se conectan a la red de la CFE, a fin de no afectar el desarrollo de la CFE y del sistema eléctrico. Para la SCJN tal acuerdo daba a la CFE una ventaja comparativa frente a los demás competidores, por lo que rechazó tal postura y ratificó el principio de que deben coexistir libre competencia y concurrencia, presentes en la Reforma aprobada en el gobierno de Peña Nieto, anteponiéndolo a la rectoría del Estado sobre la industria eléctrica. Hay que recordar que la libre competencia se institucionalizó con el ingreso de México al GATT en 1986, lo que hoy es la OMC, así como con los tratados de libre comercio que los gobiernos neoliberales instrumentaron en el país, lo que nos ha llevado a tener menos industria, menos crecimiento económico, menos empleo formal, menos salarios, mayor extranjerización de la economía y mayor desigualdad del ingreso.
La iniciativa del Gobierno está encaminada a modificar la Reforma Eléctrica de 2013, debido a que ésta actúa contra la CFE, obligándola comprar a otros proveedores, siendo un gran negocio para éstas. La Iniciativa contempla renovar los contratos establecidos de autoabastecimiento, que de hecho se establecieron desde el gobierno de Salinas de Gortari y se convirtieron en comercializadoras de energía que han disminuido la participación de la CFE en la industria eléctrica, comprometido el manejo soberano del gobierno sobre dicho sector. La Iniciativa se encamina a otorgar trato preferente a la CFE frente a las empresas privadas, y frenar el trato preferencial que éstas han recibido.
El hecho que la propuesta del gobierno establezca que “el suministrador básico debería comprar primero la energía proveniente de las plantas hidroeléctricas de la CFE, luego la del resto de sus plantas (de gas, carbón, combustóleo, nuclear, etc.); en tercer lugar, la de los generadores eólicos y fotovoltaicos privados, y en última instancia la de los ciclos combinados de los privados”, es lo que todo gobierno soberano interesado en recuperar para la nación el sector eléctrico estratégico, debe hacer. Los sectores estratégicos como el sector energético, deben estar bajo el control del Estado, pues su desarrollo es fundamental para garantizar abasto seguro y a bajos precios para el impulso de la economía.
La Iniciativa plantea eliminar los subsidios que se otorgan a las empresas privadas para no seguier afectando las finanzas de la CFE.
La Iniciativa no excluye la participación del sector privado, sino que ésta será regulada, para que no desplace a la CFE y afecte la rectoría del Estado sobre el sector eléctrico.
El gobierno no está contra las energías limpias, sino simplemente quiere regularlas y que no sean monopolizadas por el sector privado, pues ello puede traducirse en alza de precios, cuando el sector privado domine el mercado.
Ahora que el gobierno de la 4 T, quiere proteger para la nación la industria energética, los inversionistas extranjeros y nacionales manifiestan su oposición, pues verían reducida su participación en dicho sector y sus las ganancias que han venido obteniendo.
La cúpula empresarial (CCE) ve la Iniciativa de Reforma presentada por el Presidente como expropiatoria, y que viola los acuerdos comerciales internacionales que México ha firmado. La Cámara de Comercio Estados Unidos-México señaló que la Iniciativa gubernamental “podría crear un monopolio” y vulnera el libre comercio y libre competencia y por lo tanto el Estado de Derecho establecido en la Reforma aprobada en el gobierno de Peña Nieto, así como los compromisos asumidos en el T-MEC. Añaden que ello aumentará costos y precios de la electricidad, que bajará la competitividad y que atenta sobre las energías limpias
Manifiestan su clara defensa al libre comercio y a la libre competencia, pues bien saben que en dicho contexto ellos son los que ganan y seguirían deslazando a la CFE al interior del sector eléctrico y seguir lucrando a costa de ello.
Siempre los argumentos en defensa del libre comercio es que ello se traduce en menores costos de la electricidad en este caso y que mejoraría la energía limpia en el país. El problema es que no se pueden tomar decisiones en torno a la competencia y al menor costo, pues ello nos ha llevado a que las empresas nacionales sean desplazadas por las empresas transnacionales. Ningún acuerdo comercial internacional puede estar por arriba de los preceptos soberanos de la salvaguarda para la nación de los sectores estratégicos, como del manejo de la política económica en bien del país.
Las Calificadoras internacionales como Fitch Ratings y HR Ratings han dicho que la Iniciativa gubernamental será un factor negativo para la calificación de México, alertando que el país recibirá mala calificación si no continúa con las políticas de privatización de los sectores estratégicos, evidenciando como las Calificadoras defienden los intereses de las empresas transnacionales y se oponen a la participación de los gobiernos en la economía.
