La reciente operación militar estadounidense que culminó con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York ha desatado una tormenta diplomática global. En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron bombardeos en Caracas y otras regiones de Venezuela, murieron más de 80 personas, detuvieron al mandatario y a su esposa, y los llevaron ante la justicia estadounidense bajo cargos de narcoterrorismo, en una acción que Washington describió como una operación de “cumplimiento de la ley”.
La comunidad internacional, sin embargo, no ha aceptado esa justificación. En sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, países como México, Brasil, Chile, Colombia, China, Rusia y Sudáfrica denunciaron que el ataque constituyó una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 2(4) prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía, la independencia política o la integridad territorial de cualquier Estado sin autorización del Consejo o sin que medie legítima defensa.
El secretario general de la ONU, António Guterres, también subrayó que el mantenimiento de la paz mundial depende del respeto irrestricto de ese ordenamiento jurídico, y advirtió que la acción estadounidense podría socavar los principios básicos del derecho internacional.
En este contexto extraordinario, cobra relevancia el debate sobre traición a la patria en países vecinos como México. El Código Penal Federal mexicano, en su artículo 123, tipifica como traición a la patria no sólo actos que perjudiquen la soberanía nacional, sino también la solicitud o promoción de intervenciones extranjeras en los asuntos internos del país o conductas que faciliten a un Estado ajeno acciones que menoscaben la independencia y la integridad territorial de México.
Aunque ese marco jurídico se diseñó para situaciones en el plano interno, su espíritu es claro: la soberanía nacional es un bien jurídico supremo y su entrega, facilitación o promoción en beneficio de poderes foráneos puede constituir un delito grave. En medio de la conmoción por lo ocurrido en Venezuela y las amenazas hechas por Trump hacia México, Colombia y Groenlandia, este principio cobra especial importancia para la región. La legitimidad de los procesos políticos y las disputas sobre legitimidad democrática no pueden confundirse con la justificación de una intervención militar extranjera sin mandato internacional.
Muchos analistas han señalado que justificar la incursión militar bajo el argumento de aplicar leyes domésticas de un país sobre otro vecino no exime automáticamente a un gobierno de responsabilidad por vulnerar normas consagradas en tratados internacionales y en la propia Carta de la ONU.
La pregunta que queda para México y los países latinoamericanos es si pedir o facilitar una intervención -bajo cualquier excusa- sería compatible con los principios que rigieron las luchas de independencia en el continente y con la protección jurídica de la soberanía nacional. En el derecho mexicano, promover el ingreso de fuerzas extranjeras para influir en la política interna, sin duda, puede constituir -en términos jurídicos y éticos- un acto de traición a la patria y algo que el electorado debe de castigar en futuros comicios.
La controversia venezolana no es sólo un choque de gobiernos; es una prueba de fuego para el respeto al derecho internacional y para que las naciones reafirmen que la soberanía de los pueblos no es un concepto retórico, sino una barrera legal y moral frente a soluciones foráneas impuestas por la fuerza.
