En medio de una semana descrita como «caótica» para Zacatecas, caracterizada por movilizaciones, cierres de carreteras y tomas de oficinas, el diputado federal José Narro Céspedes explica el contexto de la crisis y defiende las recientes reformas legales en materia hídrica. El legislador vinculó el descontento social con décadas de políticas que, a su juicio, privatizaron el agua en detrimento de la población, y aseguró que la nueva legislación busca corregir ese rumbo.
Narro Céspedes lamentó el impacto de las protestas, señalando que alejan las inversiones, paralizan la vida económica y generan graves perjuicios. Aunque afirmó respetar las libertades de expresión y manifestación, criticó la «falta de operación política del Estado» para informar y dialogar, lo que, según él, exacerbó la situación. Frente a esto, destacó que la Cámara de Diputados mantuvo sus puertas abiertas para la discusión durante quince días, recibiendo a comisiones de todo el país.
El núcleo de su intervención fue la defensa de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas. El diputado realizó un recorrido histórico para contextualizar el cambio. Aseguró que el origen del problema actual se encuentra en la reforma constitucional de 1992, impulsada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con apoyo del PRI y el PAN. Esa reforma, afirmó, «monetizó» el agua, la convirtió en mercancía y permitió su acumulación en pocas manos. Relató cómo se despojó de sus dotaciones de tierra y agua a ejidos y comunidades indígenas que habían sido reconocidos desde la época del presidente Lázaro Cárdenas.
«Lo que pasó en estos treinta y tantos años», declaró Narro Céspedes, «es que el agua se acumuló en unas cuantas manos: en las cerveceras, en las refresqueras, en las embotelladoras de agua, en las productoras de leche». Señaló que en el Consejo Consultivo de la Conagua creado entonces tenían asiento grandes corporaciones. Este modelo, denunció, despojó a pueblos y comunidades de su derecho al agua.
Frente a este escenario, el legislador defendió la nueva reforma como un esfuerzo por «reconocer que el agua es de la Nación y que el Estado mexicano es el rector en el manejo del agua». Enfatizó que el objetivo es «lograr que el agua sea un derecho y no sea una mercancía». Aclaró que la reforma no despojará a quienes tengan sus concesiones en regla, incluso reconociendo el derecho a heredarlas o venderlas junto con la tierra. El propósito, insistió, es poner orden, impedir las grandes acumulaciones en perjuicio de los pueblos y detener la mercantilización del recurso.
Para ilustrar la gravedad de la crisis hídrica en Zacatecas, Narro Céspedes puso como ejemplo Fresnillo donde muchas casas reciben agua solo una o dos veces por semana, y donde proyectos de vivienda (incluyendo los planes nacionales) se ven paralizados por la absoluta carencia del líquido. Mencionó también problemas en Guadalupe, donde nuevas construcciones podrían interceptar el flujo de agua que abastece a la zona, agravando la escasez. Este déficit hídrico, sumado a un sistema eléctrico deficitario que sufre frecuentes apagones en municipios alejados, representa, a su decir, un obstáculo fundamental para el desarrollo del estado.
En este contexto, el diputado se refirió a un proyecto específico: la presa planificada en Jiménez del Teúl. Aseguró que él y su bancada están a favor, pero criticó la corrupción que, en su opinión, detuvo el proyecto anteriormente. Su propuesta es que la obra no sea solo una infraestructura aislada, sino parte de «un proyecto de cuenca» que incluya reforestación y pequeñas represas auxiliares. Además, exigió que vaya acompañada de un «plan de paz y de justicia» para las comunidades aledañas, garantizando servicios básicos como escuelas y clínicas, compromiso que, afirmó, ha sido aceptado por el gobierno federal.
Narro Céspedes también dirigió sus críticas a las grandes empresas consumidoras de agua, citando específicamente a una cervecera local que, según dijo, tiene concesionados 16 millones de metros cúbicos. Denunció que la planta devuelve el agua con sosa cáustica, «quemando» la tierra a su alrededor, y que no realiza obras de remediación para recargar los acuíferos, lo que habría secado pozos en la región. «Deben hacer bordos para cosechar agua», exigió, planteando la necesidad de que las industrias compensen su impacto ambiental.
Sobre las movilizaciones que paralizaron al estado, el diputado sugirió que hubo manipulación y una «gran campaña de desinformación» en redes sociales para generar el pánico de que el gobierno quería «arrebatar» el agua. Cuestionó la logística de las protestas, preguntándose quién financió los camiones de lujo que trasladaron a manifestantes a la Ciudad de México. No obstante, relató que, tras el diálogo en el Congreso, muchos de los manifestantes de Zacatecas se retiraron una vez que constataron que sus peticiones habían sido incorporadas a la ley. «Lo que estamos haciendo es restituirles su derecho al agua, que se los había quitado el PAN y el PRI en la reforma del 92», concluyó.
Para finalizar, Narro Céspedes dedicó una parte importante de su intervención a aclarar su trayectoria política, negando cualquier vínculo de complicidad con el salinismo. Relató su participación como candidato del PMS en 1988 y su papel como delegado fundacional del PRD en Zacatecas, buscando despejar lo que llamó «falsedades» sobre su afiliación y antecedentes.
