El reporte que presentaron los directores del FMI, a raíz de su visita a México, en el mes de octubre 2022, y que fue dado a conocer hace días, se pronuncian por que sigan las alzas de la tasa de interés en México a pesar de la desaceleración de crecimiento de la economía que prevén para el 2023.
Dichos directivos dieron su consentimiento a las políticas macroeconómicas que las autoridades monetarias y hacendarias han instrumentado de alza de la tasa de interés y austeridad fiscal ante la inflación y se pronuncian por que se mantengan tales políticas restrictivas por algún tiempo. Sin embargo, no realizan ningún balance de tales políticas, las cuales no han alcanzado el objetivo buscado de frenar la inflación, y no les importa el contexto recesivo que configuran, debido a que su propósito es que el capital financiero siga lucrando con tales políticas.
En su reporte señalan que “el sistema bancario mexicano sigue bien capitalizado y su rentabilidad continúa recuperándose del impacto del covid-19”. De hecho, hay que señalar que la banca no vio afectadas sus ganancias en la crisis del 2020. Al FMI no le importa que dicho sector, a pesar de su capitalización, no esté otorgando créditos al sector productivo para el impulso de la actividad económica. Para nada recomiendan regular las altas tasas de interés que la banca cobra ni se pronuncian por regular las comisiones y las altas ganancias que obtiene a costa de descapitalizar a las empresas y familias y al propio gobierno, que tienen que transferir crecientes recursos para el pago de sus deudas ante las tasas de interés que la banca cobra. Ello evidencia el carácter de clase del FMI, que se preocupa por los intereses del capital financiero y no por el crecimiento económico y por el empleo de los países.
El alza de la tasa de interés afecta al sector público y privado, dados sus niveles de endeudamiento, les restringe su capacidad de gasto e inversión, lo que acentúa la tendencia a la recesión económica. Ello llevará al FMI, y a los bancos centrales, a reconsiderar las alzas de las tasas de interés y tener que aceptar que se debe encarar la inflación con otras políticas. De no proceder en tal sentido, las economías van a un largo periodo recesivo e inflacionario con inestabildiad financiera.
Según los funcionarios del FMI “el gobierno ha mantenido una postura fiscal neutra en términos generales, con un objetivo de déficit fiscal de 3.8 por ciento del PIB”. Al respecto, cabe decir que la política fiscal no ha sido neutra. Se ha mantenido superávit primario (el que excluye el pago del servicio de la deuda) y el déficit fiscal al que hacen alusión es derivado por la carga del servicio de la deuda pública. Al venir trabajando el gobierno con superávit primario (gasta menos de lo que recauda excluyendo el pago de la deuda), actúa en forma procíclica. Es decir, la restricción del gasto público que realiza el gobierno para obtener superávit primario se suma a la caída del consumo e inversión privada y al déficit de comercio exterior, lo que frena la actividad económica, evidenciando que no tiene el carácter neutral que señala el FMI. Carácter neutral es cuando no impacta sobre la actividad económica, y si la actividad económica hoy en día es similar a la de fines del 2017, evidencia que la política monetaria y fiscal son causantes de ello. El déficit fiscal causado por el pago de la deuda pública no impacta positivamente sobre la actividad económica. Es el sector financiero, los acreedores internos y externos, los que se ven beneficiado de ello.
Los funcionarios del FMI señalaron que “una mayor participación del sector privado en el sector energético ayudaría a impulsar la competitividad y la inversión”. De nuevo, sigue impulsando las políticas neoliberales de más privatización de la economía y menos participación del Estado en ésta. Perfectamente el gobierno con mayor gasto e inversión pública puede desarrollar los sectores energéticos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual debe dejar de lado las recomendaciones del FMI de trabajar con austeridad fiscal y alta tasa de interés.
Los funcionarios del FMI recomendaron “alinear más estrechamente los aumentos salariales con la inflación prevista”. Es decir, con la inflación esperada y no con la inflación que se ha tenido en el 2022, y como la esperada para el 2023 es de 3.3%, según los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda, pues no verán los asalariados recuperados la pérdida de su poder adquisitivo que ha generado la inflación en el 2022.
Tal organismo internacional, en todas sus recomendaciones, defiende al gran capital y el problema es que el llamado Gobierno de la 4 “T” sigue sus recomendaciones y de ahí el porqué de la drástica caída de la actividad económica, la cual se encuentra en niveles de hace 4 años y sus efectos de mayor pobreza y creciente desigualdad del ingreso y de la riqueza, sin vislumbrarse expectativas de superar los problemas que enfrentamos.
