■ En el proyecto participan el Instituto de Ingeniería, la Sagarpa y la empresa G2E
Aunque en México el potencial de generación de energía eléctrica a partir de biomasa es de 97 por ciento, sólo se utiliza para ese fin el 3.5 por ciento de los residuos agrícolas y forestales. Por ello, el Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, con apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y la empresa G2E, inició un proyecto para desarrollar el Centro de Transferencia Tecnológica de Gasificación de Biomasa.
Ubicado a un costado del Centro de Exposiciones y Congresos, en la zona de la Planta de Composta de Ciudad Universitaria, es único en su tipo y busca innovar y transferir tecnología que permita usar los restos de biomasa que se producen en los campos y bosques como una fuente de energía sustentable que, además de no contaminar, puedan contribuir a disminuir contaminantes en la atmósfera a través de la producción de biocarbón.
Luis Álvarez Icaza, director del II, indicó que esa planta tiene por objeto demostrar la viabilidad de las tecnologías de gasificación. “Es una iniciativa triple hélice, donde participa el gobierno, la academia y la iniciativa privada”.
En la presentación del Centro a los medios de comunicación, explicó que mediante la gasificación –proceso termoquímico con el cual se tratan los residuos agrícolas y otros tipos de biomasa– se genera gas de síntesis que puede ser transformado en energía térmica, eléctrica o mecánica.
“En la descomposición de la biomasa se genera una serie de gases útiles, en particular hidrógeno, monóxido de carbono y metano, todos combustibles”. Así, por ejemplo, una tonelada de residuos pasada por el proceso de gasificación puede generar 960 kilowatts eléctricos por hora.
Pero no sólo eso, también se puede producir biocarbón, material que se añade a los suelos para optimizarlos de manera importante, pues permite la fijación de nitrógeno y de microorganismos que mejoran su rendimiento.
Se trata, detalló Álvarez Icaza, de un proceso neutro, que contribuye a la disminución de las emisiones de bióxido de carbono. Con los residuos forestales que se generan (aproximadamente 1.5 millones de toneladas anuales) se pueden evitar 2.78 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.
Además, destacó, estos procesos serían de gran impacto en comunidades rurales, sobre todo aquellas que no tienen acceso a electricidad y a gas en estufas y calentadores de agua.
El Centro tiene características únicas al concentrar en una sola instalación gasificadores con variaciones en el proceso y en las técnicas de limpieza de los gases de síntesis, que permiten hacer valoraciones rápidas sobre el potencial de distintos tipos de biomasa. Este tipo de configuración constituye una novedad a nivel internacional.
Jesús Arroyo, director general de Fibras Naturales y Biocombustibles de la Sagarpa, comentó que es un proyecto de investigación para probar las tecnologías de gasificación que ya se utilizan. Ahí se evalúan también 10 diferentes tipos de biomasa: trigo, maíz, higuerilla, caña de azúcar, agave, fibra de coco, gallinaza, coproducto de invernaderos, café y jatropha.
Con una inversión de 10.9 millones de pesos en equipamiento por parte de la Secretaría, la meta es que toda la biomasa del país se pueda aprovechar, porque hoy se desperdicia o se subutiliza.
En el caso del maíz es más rentable el olote si se vuelve energía. Una tonelada de ese desecho vale cuatro mil 983 pesos en gasolina, cuando la tonelada del grano se paga en dos mil 500 pesos.
Daniel Camarena, director general de G2E, añadió que una tonelada de olote puede producir 812 pesos en electricidad. Pero si se sustituye gas natural, gas LP o diésel, el impacto económico es mayor. Un programa de 10 mil megawatts a partir de biomasa se podría lograr con 960 empresas comunitarias; se generarían 300 mil empleos permanentes y biocarbón, que podría mejorar hasta 15 millones de hectáreas de tierras cada año.
Hoy, expuso, se pasa de la etapa de investigación y demostración, a la de implementación en entidades como Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Se trabaja en esquemas financieros para que las comunidades puedan fondear su propio proyecto.
“La idea es que sean dueños de las empresas generadoras de energía, encontrando mecanismos de apoyo que provengan de diferentes entidades. A instituciones como los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo les interesa invertir no sólo en energías renovables, sino en las que tienen un alto impacto social positivo”, finalizó.
