Benjamín “N”, quien está denunciado formalmente por cohecho, tráfico de influencias y extorsión por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a quien ya se giraron dos órdenes de aprehensión, recibió al menos un millón de pesos como “moche” a través de contratos relacionados con la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2019.
La Jornada Zacatecas obtuvo documentación en la que se evidencia que Benjamín “N” recibió tres depósitos bancarios, un mes antes de concluir la administración de Alejandro Tello Cristerna, por un concepto total de un millón de pesos.
De acuerdo con estos documentos bancarios, Benjamín “N” recibió dos transferencias a su cuenta bancaria personal, una de 700 mil y otra de 100 mil pesos, y otra más de 200 mil pesos a la cuenta bancaria de un familiar cercano.
Los documentos muestran que estos movimientos bancarios se llevaron a cabo el 21 de agosto 2021, pocas semanas antes de iniciar la administración gubernamental de David Monreal Ávila.
Estas evidencias corroboran el testimonio que meses atrás presentó el representante legal de la empresa mercantil, responsable de la contratación de artistas, en el que declara que parte del recurso que se le pagaba debía depositarlo a Benjamín “N”.
Durante una audiencia en marzo pasado, el representante legal declaró ante un juez que Benjamín “N” trianguló recursos a través de la asociación civil Promotora de Ferias y Fiestas Populares. Incluso, refirió que, en el momento de suscribir el contrato, a la empresa se le pidió retornar 10 millones de pesos al susodicho.
La Auditoría Superior del Estado (ASE), en su expediente de investigación, cuenta con una versión estenográfica de este testimonio y en él se relata que, “cuando hicimos el acuerdo desde el principio, se manejó que iba a haber la creación de una nueva asociación con la cual mi empresa firmaría un contrato. Esta empresa no tenía nombre en ese entonces y después se constituyó y con ello me comprometí a nivel contractual”.
Y agregó: “se hizo la lista de los talentos y se hizo una negociación donde a mí se me pedían 10 millones de pesos en retorno del total del dinero divididos en dos pagos, uno de 5 millones de pesos para el licenciado Benjamín Medrano Quezada y otro de 5 millones de pesos para una parte desconocida”.
La empresa recién creada a la que aludió el testigo fue la Promotora de Ferias y Fiestas Populares que era presidida por una colaboradora cercana a Benjamín “N”, entonces coordinador de la Fenaza.
En la página de Internet efirma.com, donde se señala que “la información contenida en este directorio proviene de fuentes de acceso público y de datos que comparten de manera voluntaria las organizaciones enlistadas”, aparece Promotora de Ferias y Fiestas Populares AC y su fecha de constitución como asociación se establece el 6 de febrero de 2019, meses antes de celebrar la feria.
La triangulación de recursos consistió en la contratación de una asociación civil a la que ilegalmente le fueron transferidas todas las funciones de organización, que a su vez subcontrató a otra empresa.
Bajo este esquema se incumplieron contratos y no se celebraron espectáculos como el concierto del artista Ricky Martín, en el cual hay un proceso penal sin condena. Entre otras irregularidades, se encontró la asignación discrecional de recursos para favorecer a comerciantes y empresarios.
En ese sentido, el acta constitutiva de la asociación civil Promotora de Ferias y Fiestas Populares señala en sus estatutos que no persogue fines de lucro y que tiene como objeto la difusión u promoción de diversas expresiones artísticas como la música, la danza, la literatura, las artes plásticas, entre otros.
No obstante, los documentos y contratos a los que tuvo acceso La Jornada Zacatecas muestran que sí hubo lucro en la contratación de artistas y organización de eventos de la Fenaza 2019.
Asimismo, el acta constitutiva de esta asociación indica el 15 de febrero del 2019 como fecha de registro de la asociación civil, pero sólo semanas después, el 6 de marzo de ese mismo año, suscribió el primer contrato de prestación de servicios.
Cabe recordar que la SFP interpuso la denuncia por hechos probablemente delictivos el 13 de marzo de este año en contra de Benjamín “N” y, posteriormente, el 26 de mayo, se obtuvo una orden de aprehensión por hechos constitutivos de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.
Al día siguiente, el 27 de mayo, se judicializó una carpeta de investigación más en contra de Benjamín “N” por hechos que la ley señala como delitos cometidos en el ejercicio del servicio público. Sin embargo, no asistió a la audiencia de formulación de imputación.
Después, el 16 de junio pasado, se giró una nueva orden de aprehensión por la comisión del hecho que la ley señala como el delito de extorsión cometido también, presumiblemente, por Benjamín “N”.
En consecuencia, el 17 de junio se citó nuevamente a audiencia de formulación de imputación por hechos que la ley señala como delitos cometidos en el ejercicio del servicio público, pero el imputado no asistió y la jueza determinó que su ausencia era injustificada.
De integrarse todos los elementos necesarios para demostrar la responsabilidad en la comisión del delito, Benjamín “N” podría ser acreedor a una pena privativa de la libertad (cárcel) de 20 a 10 años y una multa de 50 a 100 cuotas. Ello según lo establece el artículo 261 del Código Penal del estado de Zacatecas.
