La empresa Orla Mining, acusada de utilizar al crimen organizado para amedrentar a sus trabajadores e intervenir en la vida sindical, anunció su fusión con Equinox Gold a fin de continuar la operación de la mina Camino Rojo en Zacatecas, aun cuando siguen sin repararse las violaciones a los derechos laborales de los mineros de la sección 335.
De acuerdo con información de la propia compañía de capital canadiense, Equinox adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas en circulación de Orla Mining, que opera la mina de oro y plata localizada en el semidesierto del municipio de Mazapil.
“La compañía resultante de la fusión mantendrá operaciones bajo la razón social de ‘Equinox Gold Corp.’ y operará seis minas en América del Norte, distribuidas en Canadá, Estados Unidos, México y Nicaragua. Entre sus activos se encuentra la mina Camino Rojo, para la cual la compañía reiteró su proyección de producción de oro de entre 110 mil y 120 mil onzas en 2026.
Como ha informado La Jornada, el panel del mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) acreditó que Orla Mining actuó con “aquiescencia” frente a las amenazas de muerte y coacción de grupos criminales contra los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, para obligarlos a desertar de la organización que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Orla Mining puntualizó que la transacción requiere de la aprobación de las dos terceras partes de sus accionistas, así como una mayoría simple de los votos emitidos por los inversionistas de Equinox.
La operación está sujeta a las aprobaciones judicial y regulatorias que incluyen la autorización de competencia canadiense y mexicana.
Se espera que en julio próximo se celebren asambleas especiales y la transacción se concrete en el tercer trimestre de 2026. La participación accionaria quedaría distribuida en 67 por ciento para Equinox Gold y 33 por ciento para Orla Mining.
El mes pasado, el sindicato metalúrgico United Steelworkers reiteró que sigue pendiente la reparación a las “víctimas del crimen organizado y de la complicidad de la empresa”, particularmente los mineros de la sección 335, quienes “continúan recibiendo amenazas”.
La resolución del panel sugirió nueve acciones para solventar las violaciones, entre ellas la reinstalación de quienes fueron despedidos, el pago de indemnizaciones y garantizar el ingreso a la unidad de los mineros de la sección 335.
Hasta el momento, Orla Mining ha anunciado el relevo de su director general de la concesión en Zacatecas. En tanto, los gobiernos de México y Estados Unidos son los que deben de trabajar, en conjunto con la empresa y los trabajadores, en el plan de remediación.
