Comenta Eligio Meza Padilla “Puebla sintetizó su proyecto, al igual que Zacatecas, en una idea: Universidad Crítica, Científica y Popular, precisión que muy pronto pasaría, de una atractiva consigna, a una frase vacía” (Abel García Guizar (Coordinador) “1977, Autonomía y sociedad en Zacatecas” Taberna Libraría, México, 2011). ¿Por qué vacía? Meza lo explica así: “El problema crucial… reside en si es permisible que la Universidad se convierta en una empresa rentable. Porque entonces se abrirían y cerrarían programas, no en función de las necesidades empresariales y sociales por atender, sino en función de las ganancias”. Según este autor, la Universidad Autónoma de Zacatecas sufrió una transformación durante los años que lleva de existencia. Pasó de universidad democrática a universidad de exclusión. En un doble sentido: excluye a cierta mano de obra poco calificada y a ciertos alumnos de bajos ingresos. Durante los 1970 el proyecto de universidad, más producto de la contingencia y la voluntad que de la racionalidad instrumental, quedó definido en el contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ. Las condiciones de ingreso incluían exámenes, pero no existió exclusión de los aspirantes por reprobación. Aún reprobados los candidatos podían ingresar a dar clases, si había lugar. Ese “requisito neoliberal” de aprobar exámenes de ingreso se impuso hasta casi el año 2000. Había generosas jubilaciones a los 25 años, sin límite de edad, con cargo al presupuesto universitario, lo que se cambió hasta 1991. No existían condiciones de “formación académica” para escalar en los diversos niveles salariales, el requisito determinante era la antigüedad. Se podía ser docente universitario reprobado, con secundaria trunca, y tener el máximo salario obtenido por el pasar de los años y jubilación completa si se alcanzaban los 25 años. Este es el proyecto de “universidad incluyente” desde el escorzo de los docentes. Hubo también mucha apertura y facilidades para que estudiaran los zacatecanos de bajos recursos, y mucha discusión acerca del pase automático a la Facultad de Medicina Humana. Fue hasta el año 2000, después de una consulta donde se rechazaron por amplia mayoría los exámenes de ingreso, que se impusieron las evaluaciones del CENEVAL. No se puede decir que en la UAZ no hubo esfuerzos por reformarse, pese a los escollos. Otro fino observador del desarrollo de la universidad, Arturo Burnes Ortiz, comentó lo siguiente: “…el contexto macro le está imponiendo al sistema de la Universidad pública continuas y mayores exigencias de adaptación al cambio social y a los nuevos sistemas de producción. De ahí derivan sus tensiones internas” (Arturo Burnes Ortiz “La UAZ en la encrucijada de su historia” Observatorio del desarrollo v.8, #24 (2019)). Ese contexto “macro”, denominado “periodo neoliberal” en ciertos círculos de pensamiento, comenzó a imponer sus condiciones no bien concluyeron los 1970. Un exacerbado crecimiento de la inflación destruyó cualquier viabilidad de la “universidad incluyente”. Visto desde la atalaya proporcionada por los materiales históricos, la idea de reforma en la UAZ equivale a deshacer los logros de los años 1970. Es decir, modificar, paso a paso, el contrato colectivo, la libertad de cátedra, el uso de los dineros. Vaciar de contenido lo que se concibe como “autonomía universitaria”. Lo más notorio es la modificación en el uso de los presupuestos públicos por parte de la administración universitaria. Mucho menos llamativo es la lenta y voluntaria renuncia a la libertad de determinación de los contenidos educativos, o libertad de cátedra. Es cierto, existe una auténtica tensión, un conflicto entre el artículo 3 constitucional, que otorga la rectoría de la educación al Estado, y la idea misma de autonomía universitaria. Cualquier Estado-Nación intenta establecer entre la población que rige la idea de arraigo, identidad nacional, patria. Mientras que el pensamiento carece de esas limitantes, o no es pensamiento. La autonomía universitaria permite la búsqueda de lo universal del conocimiento por encima de la consideración ideológica. Y no hay ideología más perniciosa que la identitaria, tan de moda. Pero si no se sabe cómo se ejerce la autonomía universitaria para determinar, sin injerencia estatal, el contenido de la educación impartida, se diluye en la indiferencia. Cuando se vindica la utilización de una amplia bibliografía para la impartición de clases por encima del texto unitario, se expresa una idea de la libertad de cátedra. Otra es sostener que compete al docente, desde sus criterios racionales, resultado de años de comercio con una materia, determinar lo que se enseña o no, y cómo. De la misma manera la visión funcionalista de la universidad, aquella que postula que la razón de la acción universitaria se determina por las necesidades sociales o empresariales, es una forma de concebir un horizonte de sentido para la institución. Sin embargo, esta postura funcionalista a la que son adictos tanto “luchadores sociales” como “comerciantes de la educación”, deja siempre en la indefinición la pregunta crucial: ¿quién y cómo determina esas necesidades sociales? La respuesta de las vanguardias marxistas es bien conocida. Si hay una reforma en la UAZ debe quedar claro cuáles, de entre las muchas obsesiones del gobierno federal, se pretenden imponer en la universidad y cómo afectarán las condiciones laborales y la libertad de cátedra de los docentes.
