Zacatecas cuenta con sólo dos Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) ubicados en la capital y Fresnillo, una cifra que coloca al estado por debajo de la media nacional en materia de atención a la problemática de la violencia de género.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó ayer los resultados del programa estadístico CJM 2023, el cual brinda una visión integral a los 65 CJM en funcionamiento en 31 entidades federativas al 30 de junio del mismo año.
Las entidades con más CJM son Coahuila, Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí; les siguen con cuatro Campeche, Jalisco, Puebla y Sonora; con tres, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. Sin embargo, la diversidad en la adscripción de los centros y su naturaleza jurídica plantea desafíos en la homogeneidad en su operación e infraestructura, pues mientras el 89.2 por ciento de los CJM ofrecen alojamiento, alimentación y apoyo psicológico, 69.2 por ciento que está adscrito a las Fiscalías Generales de Justicia estatales (como es el caso de Zacatecas) brinda servicios de asesoría y atención básicos.
El informe también resalta a la reforma de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) aprobada en 2023, como pieza clave en la estrategia del país para abordar la violencia de género y proporcionar atención integral a esta problemática. No obstante, al menos en el estado zacatecano, hasta noviembre de ese año, el 92 por ciento de estos delitos ni siquiera llega a ser reportado a las instituciones, debido a que éstos presentan “un 99 por ciento de impunidad en delitos de violencia familiar, 99.7 en violencia sexual y un cien por ciento en feminicidios”.
En cuanto al perfil de las mujeres atendidas, se reporta que mayoritariamente se encuentran entre los 15 y 44 años (56.7 por ciento), lo cual destaca la persistencia de la violencia de género en diferentes etapas de vida de la mujer mexicana. Además, el informe resalta que la pareja suele ser el principal agresor, con un porcentaje de 28.2 por ciento. Los tipos de agresiones más reportados son violencia física (33.2 por ciento) y psicológica (24.8 por ciento). En tanto, en la entidad, 59.3 por ciento de las mujeres a partir de los 15 años ha vivido algún tipo de violencia.
Las cifras relacionadas con los recursos económicos muestran que, tanto para su administración como presupuesto, aún no puede hablarse de números del todo transparentes, pues según los datos recabados, no se obtuvo información de todos los centros, ya que algunos señalaron no contar con estos datos. El presupuesto federal asignado a éstos fue de 148.9 millones de pesos, de los cuales, 30.3 millones de pesos fueron dedicados a la atención especializada y 118.6 millones de pesos, para la construcción y fortalecimiento de los centros. No obstante, falta mucha claridad en las cifras sobre cómo se distribuyó el recurso y qué parte correspondió a Zacatecas.
CJM en México, ¿refugios o meras estadísticas?
Según los registros, entre 2021 y 2022 se atendieron 967 mil 920 mujeres por situación de violencia a nivel nacional; en cuanto al estado, las cifras oficiales hablan de 10 mil 579 mujeres que fueron “atendidas de manera psicológica, jurídica y en materia de trabajo social, dentro de centros de atención”. A pesar de lo reportado, la percepción ciudadana y de las asociaciones dedicadas al tema son totalmente distintas, pues, según María Luisa Sosa, presidenta de la asociación Olimpia de Gouges, la diferencia no sólo es abismal, sino que tampoco considera un punto de suma relevancia, que es la reeducación del victimario, ocasionando así la reincidencia de los casos.
Finalmente, derivado de este último tema, el documento apunta a que se tramitaron 232 mil 229 órdenes de protección entre 2021 y 2022, de las cuales 16 mil 260 corresponden a nuestro estado. Este análisis proporciona una visión aproximada de la situación actual de los CJM en México, destacando su importancia en la lucha contra la violencia de género, no obstante, subraya también la necesidad continua de mejoras, ajustes en su funcionamiento, pero, sobre todo, de transparencia en sus datos y concordancia con su percepción ciudadana.
