En conferencia de prensa, el diputado local por Morena, Ernesto González Romo, acusó públicamente a la Comisión de Seguridad Pública, a la de Comunicación y Transportes y al personal técnico y jurídico de la Legislatura de ejercer atribuciones de manera indebida y de violentar el derecho de diputadas y diputados de modificar las normas, esto debido a cambios que se hicieron, sin sus consentimientos, en el dictamen para crear el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “Torito”.
“Ustedes saben que se trata de modificar la normatividad, particularmente la ley de tránsito para establecer sanciones que tienen que ver con la detención de personas en estado de ebriedad y nosotros estamos a favor de esas sanciones, y estamos a favor de que las sanciones sean fuertes, pero lo que ha pasado es que se ha buscado dejar todos los requisitos posibles para convertir el tema del Torito en un nido de corrupción: lo que se busca es imponer sanciones desmedidas y dejar atribuciones sin ningún tipo de control para que la autoridad administrativa pueda acorralar, acosar y hostigar al ciudadano y con esto se genere un proceso de corrupción; que el ciudadano en vez de pagar las sanciones que le van a imponer, prefiera arreglarse con los oficiales con una mordida y que, al final, esto termine siendo un negocio de oficiales corruptos de las grúas y de los corralones”, recordó.
El legislador informó que en días pasados hubo una reunión de las comisiones unidas de Seguridad Pública y Comunicaciones y Transportes a la que fue invitado a participar y en la que se acordó que se aprobaría su propuesta sobre el uso de cámaras corporales en los operativos de alcoholímetro, hecho que se plasmó en la redacción de un artículo que señalaba que aquel oficial que las apagara o dañara intencionalmente, sería acreedor a una sanción, cosa que en el dictamen subido este miércoles a la gaceta parlamentaria fue cambiado.
González Romo denunció que el personal técnico cambió el texto por uno que dice que cuando el personal de la policía vial retire de forma intencional o apague la cámara personal, omita o simule hacer la grabación, altere sus contenidos o se niegue a entregarlos, será sancionado conforme al régimen disciplinario policial, lo que, de acuerdo con el legislador, con el cambio de redacción queda entendido que no habría sanciones reales y se vulnera con esto, el derecho del diputado o diputada a legislar y quienes lo hacen ahora son los letrados del Congreso y el personal técnico que, consideraron, así estaba mejor redactado. Por lo que señaló que hay una confabulación entre el personal y los oficiales corruptos que quieren hacer de este centro de detenciones un “nido de corrupción”.
“Quiero anunciar que presentaré las denuncias correspondientes por esta violación al procedimiento legislativo ante el Órgano Interno de Control. ¿Qué se está buscando? Agarrarnos dormidos, que este tema no se conozca, que el nido de corrupción que se está armando se convierta en un terror en las calles de Zacatecas y que al final se traduzca en utilidades millonarias, porque por mes de detiene a 100 personas a quienes se les pide una mordida de 5 mil pesos, esto dejaría una utilidad de 500 mil pesos mensuales, 6 millones al año”, dijo.
Finalmente, advirtió que, si se aprueba el “Torito” sin los controles, sin la supervisión y sin los candados necesarios, lo que habrá es un hecho de corrupción que puede superar los 30 millones de pesos al año provenientes del terror, el hostigamiento y la persecución a ciudadanos y ciudadanas por parte de los oficiales de tránsito.
