Los fiscales federales que llevan el caso de Genaro García Luna en Nueva York aseguraron que el ex funcionario tuvo actividades que facilitaron el narcotráfico desde enero de 2001 hasta julio de 2020, es decir, durante 19 años y medio.
De resultar ciertas, estas aseveraciones significarían que García Luna trabajó con el crimen organizado desde que era director de Planeación y Operación de la extinta Policía Judicial Federal, en todo el tiempo en que fue director de la también desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI, creada en septiembre de 2001 por el ex presidente Vicente Fox y de la que fue primer jefe), así como en el sexenio completo de Felipe Calderón, quien lo puso al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo sorprendente es que también implicarían la continuidad de la actividad delictiva de García Luna en todo el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual ya no ocupó ningún cargo público, y hasta siete meses después de su arresto en Estados Unidos hace casi tres años, en diciembre de 2019.
De manera precisa, los fiscales afirman que en todo este periodo el hombre fuerte del calderonismo conspiró con miembros del cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, y que, en 2018, tras mudarse a Estados Unidos, mintió sobre su conducta, en su intento por conseguir la ciudadanía estadunidense.
Es sumamente improbable que una actuación criminal de tan alto perfil haya podido mantenerse por tanto tiempo sin el conocimiento de otros integrantes de los gobiernos en los cuales García Luna ocupó puestos prominentes, así como de las instancias de inteligencia mexicanas y estadunidenses, por lo que parece obligado preguntarse hasta qué punto las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto estuvieron infiltradas por uno o varios grupos del narcotráfico, pero también cuántos de los contactos, socios o cómplices de este siniestro personaje permanecen activos en organismos de seguridad. Asimismo, es ineludible cuestionar por qué Washington siguió colaborando con las instituciones dirigidas por el otrora todopoderoso policía cuando es seguro que ya contaba con todo tipo de indicios de sus prácticas.
No puede soslayarse que al menos por una docena de años García Luna tuvo acceso a todos los archivos y secretos del Estado en materia de seguridad pública, y que pudo usar toda esa información para mantenerse como un actor relevante e impune en el narcotráfico mucho después de haber perdido todo poder formal. Por su gravedad y sus consecuencias, las afirmaciones de los fiscales neoyorquinos obligan a reforzar las investigaciones de las autoridades mexicanas en torno a las posibles conductas delictivas perpetradas desde la administración pública en el pasado reciente, tanto para sancionar a quien resulte culpable como para garantizar que las redes de complicidad tejidas por sujetos como García Luna hayan sido efectivamente desarticuladas.
