Algunas modificaciones que se proponen a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) podrían ser buenas, pero antes de proponerlas la Dirección debería corregir la corrupción y los exagerados salarios que prevalecen en la burocracia de ese organismo, afirmó Jorge Eduardo Dávila Rangel, integrante del Movimiento de Bases.
“El discurso del director del Issstezac es para evadir la responsabilidad del gobierno del estado por la culpa que ha tenido en la situación. La mala administración y la corrupción es lo que realmente tiene el instituto en esta situación, las pensiones nada tienen que ver”, expresó.
Por tanto, afirmó que el objetivo del Gobierno del Estado es evitarse el pago de todos los recursos que establecen los estudios actuariales y para tal efecto le finca la responsabilidad al derechohabiente cuando el problema se debe a la corrupción en el Instituto.
En ese sentido, señaló que el director Ignacio Sánchez González, en su discurso, omite el problema de los altos salarios que se le otorgan a los burócratas desde hace años hasta la actualidad: “no entendemos cómo un instituto en crisis dé para pagar salarios tan altos”.
Dávila Rangel se refirió al argumento de establecer un tope en las pensiones de 32 mil pesos y consideró que pudiera beneficiar las finanzas del Issstezac, pero primero deberían erradicar la corrupción.
“Se ha dicho hasta el cansancio que las pensiones altas son por el recurso que aportan los trabajadores. A nadie le dan una pensión de 100 mil pesos y la ley es clara de a quién le van a dar una pensión de 100 mil y a quién le dan 13 mil. Si ellos no quieren pagar esas pensiones, primero que apliquen bien la observación de la auditoría donde marca la manera en que se deben manejar los descuentos de las cuotas del trabajador”, dijo.
Explicó que el monto de la pensión depende del recurso que haya aportado el trabajador en su vida laboral y esa fue una decisión de las autoridades, por lo que ellas mismas quebrantaron sus reglas, lo cual se omite en el discurso oficial.
Dávila Rangel manifestó que “primero lo que se tiene que hacer es reordenar el gasto del instituto e implementar en la ley que el 75 por ciento del ingreso se vaya al Fondo de Pensiones y el 25 por ciento para el gasto operativo, pero nunca nos han hecho caso”.