México enfrenta serios retos en materia de mejora de la administración pública, para convertirla en una palanca de desarrollo y crecimiento, y no en un obstáculo. Modernizar al Estado y sus instituciones políticas y de gobierno, se presenta como un reto indispensable si queremos alcanzar las condiciones inherentes a un Estado de Derecho.
Aunque esfuerzos los hay, existen y son reconocidos por mejorar el desempeño, las funciones, resultados e impactos de la administración pública en México, persisten características de un viejo modelo, que, además, enquistado en el corporativismo, que no se va, sino que persiste e incluso, podríamos decir que, en México, la corrupción, la desigualdad y el corporativismo son nuestras desgracias permanentes. Entre los elementos de este viejo modelo, que persisten, se encuentra la burocratización de los procesos y trámites en no pocas entidades del país y sus municipios, así como en las crisis fiscales, que cada vez, se vuelven un tema más común en el nivel subnacional. Las instituciones que no han logrado asimilar el cambio político, más allá de la alternancia, en una transición institucional hacia la modernidad, mantienen muchos de los vicios, que, a su vez, se incrustan, no necesariamente en un modelo de estado benefactor, sino en uno paternalista y, particularmente, corporativista y/o demagógico e irresponsable. La democracia electoral parece no haber limitado este vicio, sino en algunos casos, hasta exacerbarlo. En nuestro subcontinente, no hay expresión ideológica o partidista que quede a salvo de tales características.
Sin embargo, también hay que anotarlo, sí las hay instituciones cuyo esfuerzo ha permitido una modernización estratégica que los lleva a convertirse en referentes, no sólo a nivel nacional, sino internacional. Las más, de carácter federal y no sujetas al “motín” político-electoral, lo que ha permitido la formación de esquemas de servicio profesional de carrera. Podríamos citar entre éstas dos destacables: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Ambas instituciones que han logrado gestionar los retos que tienen frente a sí, de manera profesional y socialmente aceptable. El INE logrando organizar elecciones, que, pese a niveles nunca antes vistos de polarización, logran cierto grado de consenso y aceptación de sus resultados, procedimientos y en general del proceso completo. El INAI, abriendo la burocracia a la ciudadanía, un asunto que, además de romper con la tradición de discrecionalidad y secretismo, ha venido formando una cultura de transparencia, cuando menos en los servidores públicos y las personas que se relacionan con éste (académicos, periodistas, etc.,). Además, el INAI ha logrado ir insertando en la agenda pública esquemas de gobierno abierto, contrataciones abiertas, datos abiertos, participación e incidencia ciudadana y otros, que, sin duda, no solo han sido novedosos, sino también benéficos en sentido amplio para la ciudadanía en general.
Sirvan estos dos ejemplos para no darnos por vencidos en cuánto a lo mucho que hay por lograr y mejorar. No es una batalla perdida ni una causa sin un objetivo definido y alcanzable. Alternativas hay y propuestas también, sirva este espacio para reiterar una que ya habíamos hecho alguna vez: la de la creación de una Ley General del Servicio Profesional de Carrera, que sirva de marco para todos los niveles, poderes y órganos gubernamentales del país, a fin de alcanzar por fin un esquema que no solo profesionalice a la burocracia, sino que la blinde de favoritismos y, otra vez, el corporativismo.
Comenzar este debate, en un contexto como el actual, no solo es deseable, sino necesario. He aquí la causa de esta brevísima aportación a un ejercicio deliberativo que pronto debiéramos comenzar.
@CarlosETorres_
