Washington. Trabajadores civiles y militares del Departamento de Defensa de Estados Unidos apostaron dinero, pagaron a edecanes, prostitutas y entretenimiento para adultos con tarjetas de crédito emitidas por el gobierno federal, confirmó este jueves el senador republicano Chuck Grassley.
Las revelaciones, contenidas en una auditoría del Pentágono y divulgadas primero por la publicación Político, surgen luego de escándalo en el que agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) departieron en Colombia con prostitutas pagadas por los cárteles del tráfico de drogas.
“Este tipo de triquiñuelas debe parar porque todo empleado federal tiene el sentido común de no usar una tarjeta del gobierno para la prostitución”, dijo Grassley en una entrevista con la cadena CNN.
El senador fue autor de la Ley de Prevención de Abusos con Tarjetas del gobierno que buscó prevenir este tipo de incidentes a través de auditorías periódicas en las agencias federales.
La auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, que será hecha pública este mes, encontró que personal civil y miliar usó las tarjetas en casinos y actividades para adultos en Las Vegas y Atlantic City.
Un funcionario del Pentágono dijo a Político que el gobierno federal no necesariamente pagó por los servicios porque los trabajadores pagan sus gastos personales y después desglosan cuáles pagos deben ser reembolsados por el gobierno.
“El funcionario señaló que los empleados pueden haber usado las tarjetas del gobierno en apuestas y servicios de edecanes para ocultar los gastos a sus cónyuges”, explicó la publicación.
El uso de tarjetas de crédito oficiales es una violación de la política de las agencias federales, aunque aún no se determina si las acciones pueden ser tipificadas como violatorias de la ley federal.
El senador Grassley señaló que el propósito de la legislación federal es que exista una supervisión institucional de las acciones los trabajadores federales para no depender exclusivamente de soplones para detectar abuso del dinero de los contribuyentes.
