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martes, 25 marzo, 2025
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■ En 2015 la minera demolió decenas de viviendas para su proyecto extractivo

Denuncian el desalojo de habitantes en La Colorada, por parte de empresa minera

■ Desde hace 10 años, hay una denuncia formal contra la minera por la destrucción de sus casas y el despojo de mil 150 hectáreas

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Habitantes de la comunidad La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, denunciaron que la empresa minera Panamerican Silver pretende desalojarlos de las viviendas que se les entregó en comodato, luego de que esta destruyó sus casas hace 10 años para llevar a cabo su proyecto extractivo.

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Moisés y Alfonso Guerrero Pasillas, habitantes de ese lugar, señalaron que durante años sus familias han sido objeto de persecución e incluso en el 2018 fueron “levantados” y advertidos para que abandonasen las demandas en contra de la minera.

Por tanto, exigieron que las autoridades no se pongan del lado de las empresas y que, aunque sea por esta vez, resuelvan en favor de la gente que ha sido afectada por la minera que les despojó de su territorio.

Efraín Arteaga Domínguez, integrante del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), recordó que en el 2015 esa empresa, sin ninguna justificación legal, se apoderó del territorio y destruyó prácticamente toda la comunidad al demoler 140 viviendas y en algunos casos ni siquiera permitieron que las personas extrajeran sus bienes.

Ante esa situación, la empresa les ofreció prestarles casas en una unidad habitacional que la propia empresa construyó para sus trabajadores, pero obligándolos a firmar contratos de comodato en los que les impusieron condiciones que afectaron el modo de vida de la comunidad porque incluso les prohibieron tener animales.

Ahora el problema ha resurgido porque la semana pasada algunos habitantes fueron citados a una audiencia al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Sombrerete para desalojarlos de esas viviendas, con lo cual se consumaría el despojo de manera absoluta de parte de la empresa.

Como resultado de esa audiencia, Arteaga Domínguez dijo que el juez de Control autorizó a la Fiscalía General de Justicia del Estado que realice las medidas necesarias para desalojarlos, por lo que este jueves acudieron a esta instancia para reclamar esta situación, ya que una denuncia que interpusieron los habitantes en contra de la minera no ha sido atendida desde el 2015 por la destrucción de sus casas y el despojo de mil 150 hectáreas que hasta el momento no tiene avance.

Ante el reclamo que se hizo, un vicefiscal de la Fiscalía les propuso que se llegue a una solución negociada y se acordó una reunión el próximo martes, en donde sería viable negociar una reparación del daño de la empresa hacia los habitantes y que eso permita resolver las dos carpetas de investigación.

En ese escenario, informó que los habitantes afectados consultarán con sus familias sobre esta propuesta de la Fiscalía y definirán una postura para la reunión del próximo martes en torno a una posible negociación.

Por su parte, la FGJE difundió un comunicado en el que explica que, en el año 2015, la empresa minera otorgó en comodato cuatro viviendas a favor de cuatro núcleos familiares, esto bajo la cláusula que podrían ser solicitadas previo aviso y notificación a los interesados, situación que sucedió en el mes agosto 2024 y que no fue atendida por la parte requirente, por lo que “la empresa presentó una denuncia por abuso de confianza, solicitando la intervención judicial para la restitución de derechos, la cual determinó procedente dicha medida restitutoria, señalando que fuera la Fiscalía la responsable en llevar a cabo dicho acto conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales”.

En ese sentido, refiere que este jueves se celebró una reunión con la finalidad de derivar el presente conflicto a una Justicia Alternativa, con el objetivo de que las partes alcancen una solución oportuna y acorde a intereses de ambas, velando en todo momento por que se lleve a cabo de manera equitativa conforme a lo dispuesto en ley.

Además, concluye que, “dentro de la indagatoria, se cuenta con una resolución emitida en febrero 2023, esto por el Tribunal Unitario Agrario del primer distrito con sede en el Estado de Zacatecas, en la que resuelve: no reconocer a los denunciados (pobladores), como comunidad agraria y absuelve a la empresa Plata Panamericana de responsabilidad, resolución que se encuentra confirmada”.

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