■ Lo acusan de actos de corrupción e incumplimiento en pago de finiquito a elementos cesados
■ Rechazan reinstalación; no regresarían a una corporación “que está llena de una mafia”, exponen
Un agente y dos ex oficiales de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DTTyV), denunciaron en conferencia de prensa presuntos actos de corrupción del titular de esta dependencia, e incumplimiento en el pago del finiquito a elementos cesados de la corporación, derivado de la aplicación de exámenes de control y confianza, procedimiento que señalaron en sus casos como irregular, toda vez que expusieron, tiene una caducidad de ocho meses y el que significó su salida de la corporación, les fue practicado hace más de dos años y cuatro meses, precisaron.
Entre los señalamientos que atribuyen a Agustín Jaime Ortiz Arellano se encuentran acciones de tráfico de influencias, represalias, usurpación de funciones, amenazas y un probable atentado ocurrido hace justo un año, este último perpetrado contra José Guadalupe Hernández Vázquez, uno de los declarantes”.
“Se me pegó una camioneta negra y me sacó de la carretera”. Dijo, el hecho ocurrió el 7 de febrero de 2014 cuando transitaba de Jerez hacia Zacatecas. Ubicó el incidente, como posterior a que su hermano el ex comandante Alfredo Hernández Vázquez, quien fungiera como subdirector de la DTTyV, realizara un paro de labores en esta dependencia en octubre de 2013. Asimismo, producto de una confrontación con el hijo de Ortiz Arellano. “Y el muchacho nos amenazó”. Hechos ante los que dijo, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
“Y voy a hablar con toda responsabilidad. Si nos llega a pasar algo a mi hermano Alfredo Hernández, a mi familia, a mis compañeros que están aquí. Si nos llega a pasar algo, lo voy a decir, aunque me corran. Es, sobre Fernando el chofer del gobernador y sobre el director de Tránsito. Sobre de ellos porque son muchas amenazas las que hemos recibido”, expuso.
Al respecto de estas denuncias, Guadalupe Hernández Vázquez, aún oficial de la DTTyV del estado, dijo que el chofer del gobernador Alonso Reyes, es señalado en los corrillos de la Dirección de Tránsito como el «Comandante Fernando» -Fernando Martínez-, presuntamente por el poder que ejerce al interior de la corporación. Y se le ubica como «padrino» de Ortiz Arellano.
De igual forma expusieron, aun cuando es la Secretaría de Seguridad Pública Federal la encargada de la aplicación de los exámenes de control de confianza, la intervención de Arellano Ortiz se habría verificado al enviar éste una lista que incluía a Alfredo Hernández para perjudicarlo y donde aparecían otros nombres de oficiales que no debieron haber sido despedidos.
“En un listado que manda él. A la gente de su contentillo la tiene trabajando ahí y los que verdaderamente estamos trabajando para servir al pueblo nos echa para afuera”, expuso el ex oficial, Raúl Torres Almeida.
Como pruebas de que existe una anomalía se recordó que el director de Tránsito anunció a los medios de comunicación que en su corporación no hubo reprobados al examen de control de confianza. “Sí, él lo declaró, él lo declaró (…) ahí está, las pruebas no mienten”, dijo Hernández Vázquez.
Agregaron entre los señalamientos, de los 12 oficiales despedidos presuntamente por no haber acreditado este examen, 10 participaron en el paro encabezado por el ex comandante Alfredo Hernández.
Sobre las demás anomalías presuntamente realizadas por el director de Tránsito, dijeron, cobra porcentajes a las grúas privadas luego que éstas retiran de la vía pública vehículos que debieran acarrear las correspondientes de la Dirección de Tránsito, es propietario de dos camiones que dan servicio de transporte de personal a Minera Peñasquito y operan con una prestanombres, y asimismo, expide los denominados «permisos experimentales» a discreción, mismos que aunque los agentes de Tránsito reportan a sus superiores como ya vencidos aun por años, pues sólo tienen vigencia de seis meses, reciben órdenes de dejar sin penalización.
Sobre este hecho, expusieron, es facultad legal única del gobernador del estado expedirlos, por lo que situaron el asunto como usurpación de funciones.
Mostraron también una denuncia presuntamente presentada por concesionarios de Villa García y Loreto ante diferentes instancias oficiales, donde se señala su desacuerdo contra la emisión de siete “permisos experimentales” concesionados por Ortiz Arellano.
El documento se acompaña de fotografías que exponen presuntas placas de circulación con las que transitan los vehículos y que no corresponden a aquellas destinadas al servicio público, lo que implica que los camiones no cuenten con seguro del viajero, expusieron como otra irregularidad.
Raúl Torres Almeida denunció que luego de ofrecer sus servicios a la corporación durante 28 años y haber recibido en el ejercicio de sus funciones en este transcurso, incluso dos heridas de bala y ser víctima de un accidente, fue despedido luego de que supuestamente no acreditara el examen de control de confianza, documento cuyos resultados son confidenciales para los afectados y que por tanto, no pueden corroborarse en su legalidad, expuso.
Agregó que en su expediente aparece un documento apócrifo de renuncia voluntaria que fue validado sin que aparezca su firma, y por lo que se le reconocen sólo cuatro años de servicio.
El ex funcionario expuso también que recibía órdenes directas de Ortiz Arellano, desde 2011 y hasta que fue cesado, para en horas laborales, llevar a servicio, escoltado por una patrulla de la Dirección, dos camiones presuntamente propiedad del titular de la dependencia, que transportan personal para Peñasquito Goldcorp, y que están registrados a nombre de una mujer que citaron como “Lorena”, de la cual no precisaron apellido.
Torres Almeida, quien también denunció el incumplimiento en el pago de su finiquito acordado para el “28 de enero, dijo exigir sus recursos y rechazó buscar una reinstalación, porque no quiere regresar a una corporación «que está llena de una mafia».
En su momento al habla el también ex oficial, Carlos Alberto Flores Flores, dijo que luego de haberse firmado el convenio de finiquito ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y después del incumplimiento del mismo, exige su pago o la reinstalación en su trabajo, pues asegura no reprobó el examen de control de confianza, mismo que también ha solicitado sin éxito.
Agregó que fue conminado por una abogada de la representación oficial a no exhibir su problema frente a los medios de comunicación pues se le advirtió, “los exámenes de confianza caducan cada dos años. Me dijeron: tú no hagas ningún problema y puedes reingresar a la corporación sin ningún problema. Pero si tú haces algo se te va a fichar”.
Los denunciantes se dirigieron a Alonso Reyes en voz de Hernández Vázquez para señalar: «Queremos que mi señor gobernador nos voltee a ver”, pues precisaron, lo dicho ha sido expuesto y documentado ante el Secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, quien aplicó a Ortiz Arellano “una amonestación”. Por lo que señalaron asimismo, no tienen ya confianza en el funcionario.
Exhortaron también a Arturo Nahle, procurador de Justicia del estado, a dar cauce a las denuncias interpuestas ante la PGJE en contra del director de Tránsito.
De igual forma denunciaron al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la omisión en sus funciones, luego de haber sido interpuestas una serie de quejas ante este organismo contra el titular Agustín Jaime Ortiz Arellano, mismas que no han sido atendidas.
“Que lo demuestren”, expresa Agustín Jaime Ortiz Arellano ante señalamientos en su contra
■ Será el próximo lunes cuando oficialmente fije su postura, dijo
El próximo lunes el titular de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del estado, Agustín Jaime Ortiz Arellano, emitirá su postura ante los señalamientos de anomalías expuestos en conferencia de prensa ayer, por oficiales y ex oficiales de esta dependencia, dijo vía telefónica desde Fresnillo a La Jornada Zacatecas.
No obstante comentó preliminarmente, “el tema de los controles de confianza no es un tema del director, es un tema de la Secretaría de la Seguridad Pública que yo ni tengo ninguna relación ni nada. Allí es donde se decide”.
Esto dicho en réplica de su presunta intervención para que fueran cesados 12 oficiales de su corporación que señalan anomalías en el procedimiento.
Argumentó, que en esta depuración, incluso, resultaron despedidos por no acreditar favorablemente el examen de control de confianza, “hijos de compañeros amigos míos”. Y negó que la mayoría de quienes fueron cesados hubieran participado en el paro que encabezó el ex comandante Alfredo Hernández, como señalaron sus detractores.
“Que hayan salido personas que se hayan manifestado, pues bueno…pues a lo mejor no pasaron los exámenes de control y confianza”.
Sobre el presunto atentado que se le atribuye en contra del hermano del ex subdirector de Tránsito, comentó: “Que pongan su denuncia y a las autoridades correspondientes. No podemos responsabilizar a nuestros enemigos o a las personas que creemos que son nuestros enemigos. No podemos responsabilizarnos de todo lo que nos pase en la vida. Imagínese que yo responsabilizara a cualquier gente de lo que me pudiera pasar, no iba a acabar jamás”.
Comentó asimismo sobre la propiedad que se le atribuye de dos camiones que ofrecen servicio de personal en la zona del semidesierto zacatecano a una empresa minera, y que según el ex oficial de Transito, Raúl Torres Almeida, recibía órdenes directas del Ortiz Arellano para llevar al servicio mecánico en horas laborales, “pues que lo demuestren. Mire, yo puedo decir de usted, de miles de personas, puedo decir miles de cosas, lo que tengo es que tener pruebas de lo que digo. A ver si ellos están diciendo esto, pues que presenten documentos”.
Sobre la expedición que dijeron ha hecho de manera irregular de permisos experimentales, invitó a revisar la Ley de Tránsito y el reglamento respectivo, “para ver si es que tengo o no tengo esa facultad”.
