Griselda Romero Zuñiga, presidenta municipal de Juan Aldama, acudió a la capital zacatecana este viernes para dar respuesta a las acusaciones de un grupo de regidores, síndico y secretario de Gobierno municipal sobre ingobernabilidad, malversación y nepotismo en su administración. La alcaldesa, acompañada de un equipo de colaboradores y asesores jurídicos, negó las acusaciones y las atribuyó a un esfuerzo sistemático por obstaculizar su trabajo, por parte de funcionarios vinculados con administraciones pasadas y motivados por intereses político-electorales.
En conferencia de prensa, la morenista presentó el documento de medidas cautelares en contra del síndico Genaro Azael VallesArredondo, el secretario de Gobierno, Jesús Casio Pérez y regidores, emitida por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ); también mostró un acta del 12 de diciembre de 2024, donde trabajadoras municipales denunciaron agresiones, maltrato e intimidación por parte del mismo funcionario.
La alcaldesa negó que su asesor jurídico, Héctor Bernal Gallegos, exedil de Ojocaliente, esté integrado al Ayuntamiento. Con ello rechazó el señalamiento de los regidores opositores, quienes acusaron al expriísta de aparecer en la nómina, cobrando 32 mil pesos mensuales, bajo el nombre “Héctor Miguel” en lugar de su nombre de pila “Héctor Arturo”, por presuntos procesos legales en su contra.
Bernal Gallegos, Raúl Briseño (también asesor jurídico), y el regidor Misael Espinosa coincidieron en señalar que el secretario de Gobierno, Jesús Casio Pérez, recientemente destituido, comenzó a emitir citatorios para sesiones de Cabildo por su cuenta, a partir de la segunda mitad del año. Añadieron que el exfuncionario certificó esas sesiones como si él fuera la autoridad convocante, pese a que dicha facultad corresponde únicamente a la alcaldesa.
Relataron que en una sesión videogradaba, Casio Pérez se negó a levantar el acta correspondiente y a registrar la ausencia del síndico y regidores. Señalaron que su actuación tiene el objetivo de generar una apariencia de que no hubo sesión o de que la presidenta no cumplió con el procedimiento legal. Mostraron un documento de la jueza comunitaria en la que se asienta que el síndico y los regidores fueron notificados de la sesión, que existe constancia de la convocatoria y que, pese a ello, no asistieron.
Añadieron que las sesiones se transmiten en vivo como mecanismo de transparencia y para desterrar la versión de que no se convoca a Cabildo.
Norma Alicia Gómez Galindo, tesorera municipal, presentó documentos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) sin observaciones para desmentir la acusación de malversaciones y desvíos. Subrayó que el bloque opositor, desde hace algunos meses, ha votado en contra los informes contables financieros, alegando falsamente desfase en su presentación, con el único objetivo de obstaculizar su trabajo y el de la alcaldesa.
La tesorera también mostró el acta de Cabildo con fecha del 3 julio, para demostrar que se ha exhortado repetidamente al síndico a conducirse con respeto a ella y otras compañeras, ante levantamientos de voz, manoteos y comentarios burlescos.
Respondiendo a los señalamientos por nepotismo, el regidor Miguel Soto expuso que la actual regidora priísta Sonia Serrano, madre del exalcalde Hassan Garduño, cobra en la misma nómina que su hermano, quien se mantiene desde la anterior administración; al igual que el ingeniero Mario Garduño, esposo de la regidora y padre del exalcalde.
A la lista se suman la esposa del anterior alcalde y su exasesor jurídico, quienes también integran el Cabildo; la regidora Rosaura Fabela Pérez, esposa del exalcalde petista Rafael Castillo, y el propio síndico Genaro Valles, sobrino de un exedil panista.
Sobre el síndico, el oficial mayor Jorge Luis Ramírez Aguilar, indicó que su asistencia al Ayuntamiento se limita a dos días a la semana y con horario incompleto; refirió quejas ciudadanas diarias por no localizar al funcionario. Además, describió al regidor Irving Guerrero como una persona irrespetuosa y burlesca que presume de “(tener) la mayoría del cabildo y (poder) correr a quien quiera”.
El titular de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Diego PérezBarbosa, añadió que Guerrero no se ha presentado “ni una sola vez” a la comisión bajo su responsabilidad en todo un año; a pesar de ello, destacó avances en la elaboración de un reglamento de protección animal y en atención a reportes.
Guillermo Hernández García, jefe de oficina de la alcaldesa, denunció que la madre de una regidora administró recursos del programa “Escuela Nuestra” para construir un domo que “no ha sido concluido”, además de vender terrenos de la comunidad de los que no era propietaria. Exhibió documentos en los que la delegada local solicitó una investigación ante ese aparente caso de desvío de recursos públicos.
“Por lo consiguiente, la regidora ha seguido levantando una cortina de humo en contra de la presidenta y en contra de la administración, y también evitando que no salgan a la luz los desvíos de este recurso del domo”, señaló.
Romero Zuñiga distribuyó su informe de primer año de gobierno para desmentir que haya ingobernabilidad en el municipio y destacó logros como la rehabilitación del cien por ciento de los caminos sacacosechas, eventos socioculturales de talla internacional y apoyos alimentarios en varias ocasiones a la totalidad de las comunidades.
Sobre la acusación de que con el programa de despensas Corazón Contento se pretendía endeudar al municipio, Héctor Bernal resaltó que lo sometido a Cabildo fue únicamente un adelanto de participaciones, una figura legal que no constituye endeudamiento.
Por su parte, el director del DIF, Américo Perales, acusó que el endeudamiento de Juan Aldama ha provenido de gobiernos anteriores que han dejado pasivos por más de 16 millones de pesos, con adeudos al IMSS, ISR retenido y no enterado, laudos laborales, deudas con el sistema de agua potable, pagos pendientes a proveedores y compromisos derivados de obras inconclusas que han limitado la capacidad financiera del Ayuntamiento.
