La democracia no consiste sólo en elecciones. Implica el respeto a los derechos humanos y a las minorías. Y por eso, es el sistema que permite dirimir las diferencias de forma pacífica. Aplastar la democracia, borrar los derechos, humillar a las minorías, puede terminar en el control absoluto en manos de una persona.
Después del mensaje con motivo de su sexto y último informe de gobierno el pasado domingo, nutrido de autoelogios y autoalabanzas, que López Obrador dirigió en el Zócalo de la Ciudad de México, “consultó” a sus seguidores ahí reunidos: “A ver que levanten la mano los que piensen que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores”, dijo el mandatario, ante abucheos de los asistentes contra el Poder Judicial. “Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo a jueces y magistrados” la gente ovacionó y comenzó a gritar ¡fuera Piña! (Norma Lucía Piña, actual ministra presidenta de la SCJN).
Por la tarde del mismo día, al hacer entrega del sexto y último informe de gobierno en el Congreso, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde alzando la voz con adulación, dejó claro que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México y, remarcó la necesidad de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial para que los juzgadores sean electos por el pueblo.
Posteriormente a toda prisa inicia al proceso legislativo.
La reforma judicial que impone el presidente López Obrador, con un Congreso sumiso y vergonzoso, bajo la retórica de “la transformación”, destruye el modelo como lo conocemos para rodar hacia un escenario inédito y perturbador. Los cambios presupuestados, no hacen sino fracturar la estructura misma del sistema jurídico mexicano, hasta el punto de su extinción. La consecuencia más grave es la acumulación tal, del poder en el titular del Ejecutivo, que cada habitante de este país, estará de modo permanente ante la posibilidad de ser atropellado en sus derechos de manera selectiva y, el éxito de su defensa dependerá sólo de su cercanía o militancia con el partido en poder.
Nombrar a los juzgadores mediante elección popular traerá no sólo consecuencias jurídicas, sino también destruye certezas. Una de ellas, por ejemplo, es la que tienen miles de personas, que se han dedicado a la noble tarea de trabajar en la administración de la justicia, construyendo un proyecto de vida, basado en el estudio y el servicio a los demás.
Ciertamente el punto neurálgico de la reforma al PJF es la elección de juzgadores mediante voto popular. Pero, también se han incluido aspectos ajenos a nuestra normatividad. Por ejemplo, está la figura de los jueces sin rostro. ¿Cómo habrá de manejarse? Desde luego que la modalidad requiere reformas a la ley ordinaria o reglamentaria correspondiente.
Para eso, deberían ser debates y discusiones serias, incluyentes, con pluralidad de ideas. Quienes lo deseen puedan participar con argumentos: legisladores; juristas; juzgadores; profesionistas; servidores públicos del Poder Judicial; grupos colectivos de la sociedad civil; académicos; intelectuales; personas en general tengan interés y, algo muy importante, los jóvenes estudiantes de las Facultades de Derecho de algunas Universidades públicas y privadas, también deberían participar. Todos tienen derecho a expresar sus opiniones para coincidir o disentir. Resultaría muy difícil imaginar que absolutamente todos los 628 legisladores, son peritos en derecho, para modificar el orden jurídico, con el cheque en blanco que la ciudadanía les depositó en las urnas, el pasado 2 de junio.
Aprobar la reforma para elección de juzgadores, es prácticamente, pedir al partido que los postuló que determine en qué forma se dictará la resolución en la que se impartirá justicia, para no lesionar derechos de los militantes o simpatizantes. No podrán ser independientes, deberán obedecer pues gracias a los votos que obtuvo el partido, ocupan sus cargos.
¿Cómo serán las campañas de los juzgadores? Ellos no están habilitados para luchar con las armas de la política.
El anuncio de la reforma al poder judicial anunciada el pasado 5 de febrero y ahora en proceso legislativo, tomó a los juzgadores desprevenidos y sin saber cómo reaccionar. Quienes defienden derechos de otros, tienen ahora que defender sus propios derechos y, no saben cómo, porque tienen que trasladarse a la arena de la política, un espacio que les es totalmente ajeno. Su mundo ha estado en la revisión de expedientes y en el dictado de resoluciones circunscritas a lo que ahí consta.
No se sabe en que terminará todo este problema. Lo que sí se conoce, son las consecuencias que empiezan a evidenciarse.
Finalmente, hay tres aspectos que permitirían la posibilidad de detener la iniciativa en el Congreso, para evitar se convierta en ley: 1.- Que, en el Senado, el único voto que le falta a MORENA para alcanzar mayoría calificada se mantenga. 2.- La procedencia de los dos amparos concedidos en contra de la reforma y 3.-El último renglón de la fracción IV del artículo 71 de la CPEUM: “No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución”.
