Como parte de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial de la Federación, organizado por el diputado federal electo Ulises Mejía Haro, en colaboración con la Secretaría de Gobierno, se llevó a cabo un foro de discusión cuya versión estenográfica se entregará al Congreso de la Unión para sumar a los diálogos que han tenido lugar en toda la república.
En la primera parte del foro, la participación de ocho ponentes delineó una discusión fuertemente centrada en la propuesta de elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces; en esta parte, el ponente Gerardo Espinoza Solís llamó la atención de que después de cinco intervenciones, los discursos no habían analizado la esencia de la reforma, concentrándose en atacar y defender una parte de la iniciativa.
La obligación de resolver en seis meses los asuntos en materia fiscal, y a más tardar en un año para asuntos penales, fue uno de los puntos de la reforma que destacó Espinoza Solís, quién también mencionó que la extinción de fideicomisos y fondos que se manejan a discreción en el Poder Judicial es una cuestión elemental en materia de transparencia y para garantizar un manejo responsable de los fondos públicos.
Dentro de las preguntas de asistentes al foro, Raymundo Cárdenas Hernández llamó la atención sobre el hecho de que el presidente López Obrador no planteara esta reforma al principio de su sexenio, sino hasta el final -después de haber sufrido embates políticos por parte de actores del Poder Judicial-, Cárdenas puso como ejemplo la oposición a la Ley del servicio eléctrico, y la convocatoria de Norma Piña a magistrados para «darle palo a la candidatura de Claudia Sheinbaum», reuniéndolos con Alito Moreno, dirigente del PRI.
A raíz de este comentario se mencionó que también en el Poder Judicial local el proceso de designación de algunos magistrados ha sido “político”; siendo la mayoría de jueces y trabajadores de menor rango, destacados servidores públicos que atienden una sobrecarga de trabajo con una gran limitación de recursos.
Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, comentó que el Poder Judicial de Zacatecas ha sido calificado por el World Justice Program, en segundo lugar a nivel nacional por su desempeño en asuntos de materia civil y penal; además enfatizó que lo que se gasta en los foros de discusión sobre el Poder Judicial debería destinarse a fortalecerlo presupuestalmente, pues en estos foros se escuchan quejas de personas que apoyan la reforma por razones anodinas como «no haber ganado ningún juicio» o no tener acceso a una magistratura.
«Lo que el día de hoy se nos presenta es la posibilidad de tener un Poder Judicial de mayor envergadura», asegurando que la Constitución refleje de manera más precisa las aspiraciones y valores de la población, volviendo más transparentes sus procesos internos y fortaleciendo la confianza pública, expuso el director de la Unidad Académica de Derecho (UAZ), Raúl Federico García Pérez.
Arturo López de Lara, militante panista y dirigente de Coparmex hizo votos porque la reforma no se vote en septiembre y subrayó que, de aprobarse la reforma en los términos actuales, se ahuyentará al poder económico, pues los «señores del dinero» (empresarios de cualquier escala) ya no verán “tutelado el intercambio normado” que es condición para la generación de riqueza.
Como representante de los trabajadores el Poder Judicial de la Federación, José Guadalupe Méndez de Lira invitó a la audiencia a brindar un aplauso a las personas que laboran en el Poder Judicial presentes en el auditorio, en lugar de aplaudir solamente al senador Ricardo Monreal.
Méndez de Lira caracterizó a la iniciativa discutida como una reforma que parte de premisas inexactas y falsas, refiriéndose a la rendición de cuentas del ex ministro Arturo Zaldívar al final de su presidencia al frente de la SCJN, como una prueba de que el sistema de carrera judicial es exitoso y no necesita cambios; además, el ponente destacó que el colapso de los Ministerios Públicos es la razón de la liberación de delincuentes y de la falta de impartición de justicia.
El líder sindical, que extendió su disertación por veinte minutos (el doble del tiempo conferido a los ponentes), calificó como un «discurso barato» el argumento de la ministra Lenia Batres de que los jueces en la actualidad conceden amparos para que no se paguen impuestos, y llamó a respetar a los constituyentes de 1917 -que en carne propia vivieron una dictadura- y rechazaron el voto popular para los ministros de la SCJN.
Al final del foro tuvieron lugar las participaciones de legisladores electos, participando Santos González, Eleuterio Ramos y Oscar Novella. Santos González destacó los privilegios de la élite dorada en el Poder Judicial de la Federación, mencionando entre otros datos, que los ministros en retiro reciben 650 mil pesos mensuales, un millón de pesos en aguinaldo, entre otras prerrogativas por el resto de su vida.
Eleuterio Ramos expuso que la elección de los ministros se hace por medio de representantes populares, por lo que «la población mexicana está debidamente interviniendo en su elección” a través de los legisladores; lo cual es una ventaja al no contar la mayoría de la población con el «conocimiento mínimo necesario para elegir al más apto y capaz» para una posición de juez, ministro y magistrado. Ramos Leal también manifestó que el no dotar a los candidatos al Poder Judicial de un presupuesto para hacer campaña política, es otro fallo de esta iniciativa, refiriéndose a su experiencia como político que conoce lo que implica una campaña electoral.
El foro fue inaugurado con las participaciones de la diputada de la 64 Legislatura local, Maribel Galván Jiménez, del senador Ricardo Monreal, de Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno; y de Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador electo del estado de Chiapas.
