La organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas advirtió que la cancelación del proyecto del viaducto elevado en el boulevard Adolfo López Mateos y Héroes de Chapultepec, anunciada recientemente por el gobierno del estado, podría ser un engaño debido a que han recurrido a argucias jurídicas para revertir las suspensiones provisionales y definitivas.
Francisco Valerio Quintero, integrante de este colectivo, indicó que para el gobierno del estado y sus autoridades la mentira es un comportamiento natural y el anuncio de la cancelación del segundo piso puede no ser la excepción.
Por tanto, afirmó que no se debe tener confianza alguna en nada que se haya asegurado o afirmado en público o de manera privada por el secretario de gobierno, ya que esta conducta de mentir aplica por mil razones al gobierno de Zacatecas.
Mientras que los funcionarios han afirmado públicamente la cancelación de la construcción de esa obra, señaló que al mismo tiempo se dan a la tarea de ofrecer argucias legales a los tribunales para pedir la revocación de las suspensiones que han impedido su continuación.
Al respecto, Valerio Quintero mencionó que el Gobierno del Estado también ha promovido el patrocinio de instancias federales “que se prestan al juego del tráfico de influencias propio de la administración corrupta del poder”.
Sin embargo, informó que ante esa situación Ciudadanía Participativa de Zacatecas seguirá exigiendo el cumplimiento de las suspensiones definitivas dictadas en favor de la ciudad, de la cultura, de los ciudadanos del estado y del uso responsable de los recursos públicos.
Cabe recordar que Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno del Estado, anunció recientemente la terminación del contrato con la empresa Hycsa, responsable de la construcción del viaducto elevado, ya que llevaría mucho tiempo ganar los litigios que hay en contra del proyecto y ya no daba tiempo para ejecutarlo.
No obstante, Ciudadanía Participativa de Zacatecas alertó sobre estrategias legales a las que está recurriendo el gobierno del estado para revocar las suspensiones provisionales y definitivas que han dictado los juzgados, por lo cual estarán atentos y continuarán con medidas y estrategias en defensa del patrimonio.
