En el pasado reciente las pensiones no eran solo un mecanismo financiero; eran un contrato social no escrito.
Los sistemas de pensiones que conocieron nuestros padres y algunos de nosotros, se conocen como sistemas de Beneficio Definido (BD), y se estructuraron bajo la premisa de la SOLIDARIDAD intergeneracional, por la que que los trabajadores activos financian las jubilaciones de quienes lograron el júbilo de concluir su ciclo laboral, con una promesa: “la próxima generación hará lo mismo por ti”.
En ese contrato el Estado formó parte activa, asumiéndose como responsable SOLIDARIO para cumplir con las obligaciones del sistema, fruto del ideario de los grandes pensadores del Estado Benefactor o Estado de Bienestar.
El modelo experimentó un punto de inflexión radical el 1 de julio de 1997, fecha que dividió a la población trabajadora afiliada al IMSS (nuestro principal sistema de seguridad social), en dos universos financieros distintos: los primeros, quienes cotizaban antes de esa fecha, que se mantienen amparados al menos parcialmente por el viejo sistema de BD; los segundos, que comenzaron a cotizar con posterioridad a esa fecha y navegan en un modelo de Contribución Definida (CD) con un futuro pensionario que depende exclusivamente de su capacidad de ahorro individual; nos conocemos como la Generación Afore.
Se configuró así un mecanismo que a la postre ha generado un abismo pensionario entre dos generaciones; el pacto colectivo por el cual el ciudadano se sometió su soberanía al Estado benefactor para que este le garantizara la seguridad en el retiro, se rompió; cualquier argumento en contra es parcialmente falaz.
Los beneficiarios del antiguo sistema del IMSS, con una planeación financiera adecuada a través de la Modalidad 40, como ya lo comentamos, perciban en 2026 una pensión de hasta $87,000 mensuales. Ellos con antelación pudieron estimar con algún nivel de certidumbre su monto de pensión inicial y puede ir del 70 al 100% del promedio de sus últimos sueldos como trabajadores activos.
Para la Generación AFORE, el escenario es un tanto más incierto o conservador. Gracias a la reforma de 2020 impulsada por Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el último informe trimestral de la CONSAR, el promedio de la tasa de remplazo de los últimos 112,737 pensionados fue del 71%; pero no olvidemos que los promedios disfrazan inequidades y que una buena proporción de ellos solo tienen acceso a la Pensión Mínima Garantizada, que para 2024 se estimó entre $3,637 y $11,431.
Pero el abismo generacional tiene una razón superlativa. Los partidarios del Estado Benefactor, que participaron del diseño de los sistemas de BD, no tuvieron las previsiones necesarias para garantizar que estos se adaptaran a la dinámica poblacional con el paso del tiempo; se aceptó de facto que siempre habría muchos cotizantes y pocos pensionados, o que ambos crecerían en la misma proporción.
Sus marcos normativos generaron derechos, que jurídicamente son en principio irrebatibles e irrenunciables, pero juegan en contra de las nuevas generaciones. La pensión de $87,000 crecerá conforme a la inflación hasta que se deje de pagar; las pensiones más pequeñas del mismo sistema, y las de la Generación AFORE, crecerán en la misma proporción, pero en mucha menor cantidad.
Mientras estas condiciones persistan, el abismo generacional se incrementará y el pacto colectivo cada vez más debilitado, dará mayor espacio a la creciente incertidumbre individual con la que las nuevas generaciones se verán cada vez más precarizadas.
Cabe entonces un par de cuestionamientos: ¿los beneficiarios del antiguo sistema comprenden en realidad la solidaridad de la seguridad social? ¿Son solidarios con el sistema en su conjunto (incluida la Generación AFORE)?
El planteamiento no es sencillo; la cobertura de esos derechos adquiridos genera presiones cada vez mayores a las haciendas públicas, lo que permite visualizar en el futuro próximo, en la defensa de la prominencia del Estado Social, una disputa jurídica con mayor sustento, entre el derecho individual ya ganado, y la insolvencia del Estado para garantizar no solo esos, sino todos los derechos, que al menos en México, a pesar del avasallante modelo Neoliberal, siguen teniendo un enorme sentido social.
Para que el Pacto Colectivo perdure o, mejor dicho, se restaure, las obligaciones y derechos entre los integrantes de los sistemas de pensiones (patrón, trabajador y gobierno) de ambos modelos, deben reconfigurarse, quizás a costa del sacrificio parcial del beneficio para los que más perciben, en pro de una mayor proporción para los menos beneficiados, no solo de una generación, sino entre generaciones y modelos.
Así y solo así, podremos acercarnos a recuperar la naturaleza SOLIDARIA Y REDISTRIBUTIVA de la seguridad social.
El debate no es popular, pero requiere responsabilidad en su análisis de fondo para evitar recurrir a la falacia temporal de defender el derecho, a costa, irónicamente, de la sostenibilidad del derecho en sí.
Eduardo Ernesto Herández Castañeda
