El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gobierno fundan su estrategia de seguridad en la creencia a la bondad innata de los humanos y consideran que las conductas criminales se deben a una carencia: al hambre material y afectiva, así como a la desprotección extrema, al abuso, a la falta de orientación y educación, lo que significa que detrás de la mayor parte de los delincuentes hay una tragedia personal, una pérdida, una ausencia o un conjunto de atropellos, que la mayoría de los delincuentes han empezado como víctimas y deben ser vistos como un producto de la propia sociedad que los rechaza y condena. La 4ª transformación sostiene que el origen del fenómeno delictivo no está en la existencia de personas innatamente malvadas, sino en una colectividad que genera conductas antisociales y que requiere de transformaciones profundas para dejar de generarlas. No sólo se trata de combatir la pobreza y el hambre allí donde se encuentren, sino también de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y condiciones para construir vidas dignas.
Debemos tener claro que, en México, la delincuencia organizada existe y se ha fortalecido sostenida en una extendida red de complicidades en los tres órdenes de gobierno, en las corporaciones de seguridad pública y en el poder judicial. El caso paradigmático es, sin duda, el de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, acusado de mantener vínculos con el narcotráfico. Mientras ese funcionario hacía, deshacía y se enriquecía, miles de campesinos sembradores de amapola o de mariguana eran criminalizados, se perseguía a niños contratados como “halcones” por los grupos delictivos, a estudiantes que buscaban algo de dinero transportando algunos gramos de droga. No debemos olvidar que los elementos armados al servicio de los cárteles son sólo una pequeña fracción de una economía que está conformada además por médicos, contadores, arquitectos e ingenieros, músicos y personal de servicio, entre otros, que se ramifica en personal policial y judicial y que desemboca en las grandes corporaciones financieras internacionales en las que se realiza el lavado masivo de las ganancias y que son, junto con las empresas armamentistas extranjeras, las beneficiarias últimas y principales de los cientos de miles de millones de dólares que genera el narcotráfico.
En consecuencia, la tarea del actual gobierno es combatir y extirpar esa red en sus ramas nacional y trasnacional, aliviar la pobreza, garantizar el acceso a la educación, el trabajo y la salud, tareas menos espectaculares y más difíciles que matar y encarcelar capos. Pero son también las únicas que ofrecen una posibilidad real de resolver, de raíz y en forma definitiva, la violencia criminal y la inseguridad.
Amlo inició su gobierno en 2018 explicando que la Policía Federal Preventiva (PFP), creada durante el gobierno de Ernesto Zedillo, además de tener pocos elementos operativos estaba plagada de vicios y penetrada por el crimen organizado, por lo que era incapaz de cumplir sus funciones; ante ello propuso reformas constitucionales para permitir que las fuerzas armadas se hicieran cargo provisionalmente de la seguridad pública, y para crear la Guardia Nacional (GN) como la corporación encargada de convertirse en la fuerza policiaca permanente con disciplina militar, como las existentes en Italia y Francia. Mientras tanto, como comandante supremo decidió encargar a segmentos significativos de las fuerzas armadas, como los ingenieros militares y otros, tareas no propiamente militares como distribuir vacunas en todo el país y garantizar la seguridad de instalaciones de salud durante la pandemia, construir dos aeropuertos, el tren maya y el corredor transístmico, administrar las aduanas para eliminar la corrupción, etc. La GN ya cuenta con 115 mil efectivos desplegados por todo el país ocupando nuevas instalaciones construidas por los propios militares para ese efecto. La mayoría de tales efectivos eran parte del ejército y la armada, y muy pocos son nuevos reclutas, debido al poco interés existente entre los jóvenes.
Al inicio del tercer tercio de su mandato, el presidente AMLO ha realizado un balance del proceso de construcción de la GN y del comportamiento de las fuerzas armadas en sus tareas en materia de seguridad pública, concluyendo que han sido respetuosos de los derechos humanos y que han logrado una disminución significativa de la criminalidad en general, aunque solo un 10 % en homicidios dolosos. Ha dejado claro que le preocupa la posibilidad de que en cuanto la GN asuma con independencia su tarea, sea víctima de la descomposición por corrupción, como la que afectó a la PFP. Por ello ha propuesto que la GN sea incorporada como una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional hasta que llegue a la madurez institucional.
Ante el hecho lamentable de que las fuerzas opositoras están decididas a bloquear todas las iniciativas de reforma constitucionales propuestas por el presidente, éste optó por proponer solo reformas legales con el riesgo de que las califiquen como inconstitucionales. De cualquier modo, las oposiciones califican a AMLO como militarista, aunque una alta proporción de las fuerzas armadas está dedicada a realizar tareas no propiamente militares, como las mencionadas, existiendo la posibilidad de que ese personal sea transferido definitivamente a las nuevas empresas que operarán el tren maya, el corredor transístmico y los aeropuertos. En el peor de los escenarios, dentro de menos de tres años las fuerzas armadas deberán suspender su participación en tareas de seguridad, y la GN las atenderá con sus propias capacidades y con un mando civil. El país deberá prepararse para ello.
