Los gobiernos neoliberales anteriores, a través de las reformas estructurales de mayor privatización de los sectores estratégicos y la infraestructura, venían ajustando las finanzas públicas y evitaban realizar drásticos recortes presupuestales y caer en creciente endeudamiento del sector público.
El gobierno actual ha tratado de frenar la privatización de los sectores estratégicos, y se le dificulta realizar el ajuste fiscal, pues no puede dejar de invertir en tales sectores, pues compromete su crecimiento, por lo que opta por restringir el gasto e inversión en otros sectores, contrayendo la actividad económica, y no logra el ajuste fiscal, ni la reducción de la deuda buscada.
Al no proceder a incrementar en forma significativa la inversión pública en los sectores estratégicos (para no caer en déficit fiscal y en mayor deuda), se compromete el desarrollo, tanto en la exploración y explotación de pozos petroleros, como de la industria eléctrica, lo que atenta sobre el crecimiento económico. De enero a noviembre de 2020, según la SHCP, la inversión física en Pemex y la CFE, tuvo una contracción de 1.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2019.
Al mantener la política de austeridad fiscal, el gobierno se ha visto obligado a seguir con la creciente privatización de la infraestructura (a través de otorgar concesiones a 15 y más años, como con las asociaciones público-privadas) y ha permitido inversiones privadas en el sector energético, a fin de evitar crear cuellos de botella en tales sectores, que frenen más la actividad económica.
Para que sea efectivo el rescate para la nación de los sectores estratégicos, el gobierno debe trabajar con gasto deficitario para así frenar la inversión privada en éstos, y asegurar el desarrollo de tales sectores y de la economía. El problema es que el gobierno se preocupa por los niveles crediticios de las calificadoras internacionales, por lo que ha privilegiado la austeridad fiscal, a costa de sacrificar el crecimiento económico y seguir permitiendo la participación de la cúpula empresarial en los sectores estratégicos.
La caída de la actividad económica se traduce en menor recaudación tributaria, que obliga al gobierno a contraer el gasto público para no caer en déficit fiscal. Mientras la tasa de interés esté por arriba del crecimiento de la captación tributaria, continuarán las presiones sobre las finanzas públicas, el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda.
Al no aumentar el gasto público deficitario, seguirá contraída la inversión privada, pues ésta no ve expectativas de rentabilidad y crecimiento, por lo que se deja la economía al comportamiento de las variables externas (exportaciones, turismo internacional, entrada de capitales), las cuales están actuando en detrimento de la economía nacional.
La economía dejó de recibir el flujo de inversión extranjera directa que venía dándose hasta el 2018, debido tanto a la restricción impuesta por el gobierno a dicha inversión en el sector energético, como al hecho que la economía dejó de ofrecer opciones de inversión rentables en el resto de los sectores productivos, tanto por la desaceleración de 2019, como por la crisis del Covid-19 y por la falta de políticas contra cíclicas frente a dicha situación. De tal forma, la austeridad fiscal, las altas tasas de interés, como el comportamiento negativo de las variables externas han ahondado la contracción de la actividad económica nacional.
Las autoridades monetarias mantienen un diferencial de tasas de interés interna versus externa para atraer capital financiero para encarar el déficit externo y estabilizar el tipo de cambio. Ello le sale muy caro al país, dado el impacto negativo que se tiene sobre el costo de la deuda, lo que afecta las finanzas del sector público y privado y restringe la inversión y la economía, lo que compromete el reembolso de las obligaciones financieras.
Cuando no entran recursos suficientes, se compromete el financiamiento del déficit de cuenta corriente, como la estabilidad del tipo de cambio. El gobierno enfrentará la encrucijada de proceder a replantear el pago de la deuda externa para reducir las presiones sobre el déficit de cuenta corriente y para ajustar las finanzas públicas, o tendrá que recurrir a más deuda externa y/o flexibilizar la entrada de inversión extranjera directa al sector energético del país, dejando atrás sus objetivos de no incrementar deuda, como de resguardar el sector energético para la nación. La alternativa sería dejar de lado las calificadoras internacionales y proceder a trabajar con gasto público deficitario y que el banco central le compre la deuda a tasa de interés cercana a cero, para favorecer a los sectores estratégicos, como para la generación de empleo y apoyo a las empresas para evitar su quiebre, para impulsar la dinámica económica. El gobierno no puede proceder a mayores recortes presupuestales para ajustar las finanzas públicas, pues sería atentar sobre el desarrollo de los sectores estratégicos y del conjunto de la economía. Tampoco puede aumentar impuestos para alcanzar el equilibrio fiscal, pues contraería más el ingreso de los contribuyentes, su poder de inversión y consumo y con ello profundizaría la crisis y no lograría el ajuste fiscal.
