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jueves, 1 diciembre, 2022
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Reforma electoral de AMLO fortalece la democracia

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Por: Ulises Mejía Haro •

Existe una intensa campaña mediática en contra de la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de la oposición liderada por Claudio X González, a la cual se han sumado los expresidentes Fox, Calderón y Zedillo; representantes de cámaras empresariales y de la Iglesia; intelectuales, columnistas e informadores acostumbrados a recibir grandes sumas de dinero en sexenios pasados por hablar bien del presidente en turno.

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La campaña se centra en la defensa del INE y de una “supuesta democracia”, donde se busca confundir a la ciudadanía, mal informando y tergiversando los propósitos de la reforma electoral de AMLO; hablan de desaparición del INE, cuando la reforma propone su sustitución por del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para fortalecer al órgano encargado de organizar las elecciones y garantizar la imparcialidad de los consejeros en favor de la democracia.  

Esta campaña de desinformación no ha sido exitosa, todo lo contrario, en una encuesta realizada por el propio INE, el 78% de los entrevistados quieren que los consejeros del INE y magistrados del TEPJF sean elegidos por voto popular; el 87% aprueba la reducción del número de diputados y de senadores, el 72% considera que es mucho el gasto que se destina a los partidos.           

La reforma fortalece la democracia, la participación ciudadana y baja los costos de los procesos electorales; tiene por objeto, adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Se busca reivindicar a la ciudadanía como fuente de poder y representación de estas instituciones clave en el funcionamiento de los poderes formales del país.  

Actualmente la elección de los consejeros del INE por la Cámara de Diputados, y la de los magistrados del TEPJF, por el Senado, obedecen, en gran medida, a cuotas partidistas, no obstante que su elección sea por mayoría calificada de los legisladores; basta que la fracción parlamentaria predominante del partido en el gobierno acuerde con otro grupo parlamentario de los partidos grandes para negociar el reparto de magistrados y consejeros; esto sucedió en la elección de consejeros en 2003, donde se excluyó al PRD al ponerse de acuerdo el PAN y PRI en el reparto de consejeros. Este método de elección de “cuotas y cuates” va en detrimento de su imparcialidad y de la democracia, como sucedió en el fraude de 2006.

La reforma propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, donde la elección de siete consejeros y siete magistrados sea por un periodo de seis años, mediante el voto popular; siendo los candidatos propuestos por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde cada poder propondrá 10 mujeres y 10 hombres;  lo anterior, para garantizar la imparcialidad de los consejeros y magistrados, garantizando los principios -hoy perdidos- de objetividad, certeza, independencia e imparcialidad electoral.  

Los candidatos tendrán derecho de acceso igualitario a radio y televisión para exponer sus propuestas y programa de trabajo. Se organizarán foros de debate en los tiempos oficiales de la radio y televisión. Se prohíbe la contratación de espacios en medios electrónicos por personas físicas o morales; los partidos políticos no podrán realizar actos de proselitismo ni propaganda a favor o en contra de candidatura alguna. 

Se propone la desaparición de los Institutos Electorales estatales y de los Tribunales Electorales Locales, por considerar que realizan duplicidad de funciones con las autoridades administrativas y jurisdiccionales federales. Estos órganos locales representan un alto costo y una burocracia innecesaria en los estados. En 2021 el gasto del IEEZ ascendió a los 255.5 millones de pesos.

Elimina las diputaciones plurinominales y reduce el número de legisladores federales y locales, quedando 300 diputaciones federales y 96 senadurías; las listas de candidaturas de representación proporcional al paso de los años han sido espacios ocupados por la burocracia de los partidos, familiares, amigos e incondicionales.

La elección de los legisladores será mediante el sistema de “representación pura” a través de listas por entidad federativa. La aplicación de este método daría como resultado la representación plural más amplia existente en la historia del país. Obliga a los candidatos a hacer campaña territorial, contrario a lo que ocurre con las actuales cinco listas de las circunscripciones plurinominales.

Contempla la eliminación de las 200 diputaciones plurinominales, de las 32 senadurías de listas y un número considerable de diputaciones locales y de regidurías; se eliminan los distritos locales y federales y las circunscripciones; ahora las 300 diputaciones federales y las 96 senadurías y las correspondientes diputaciones locales y regidurías se elegirán a través de listas que presentarán los partidos políticos, previas precampañas, y el orden en la lista será en función de la aceptación ciudadana obtenida en las campañas internas de cada partido, respetando la paridad de género.

El número de diputaciones federales de cada entidad se obtiene al dividir la población nacional (126,014,024) entre las 300 diputaciones, dando como cociente de distribución (420,046.7), base para asignar el número de diputaciones que corresponderá a cada entidad. A Zacatecas con 1,622,138 habitantes le corresponderían cuatro diputaciones federales en total. El Senado de la República se integrará por 96 senadurías, tres por cada entidad federativa elegidas también por lista, mediante cociente natural y resto mayor.

El número de diputaciones locales no podrá exceder de 15 en aquellos estados cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500,000 habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado hasta un máximo de 45. En Zacatecas el número de diputaciones sería de 16 y no de 30 como está actualmente.

Elimina el financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias y plantea que se cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral.  

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