Ricardo Olivares Sánchez, titular de la Secretaría de Finanzas, afirmó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) no tendrá viabilidad financiera si no se reforma la ley para gravar el aguinaldo y reducirlo de 60 a 30 días, eliminar la complementariedad y establecer la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el cálculo de pago de las pensiones.
Durante su comparecencia ante la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento a la Crisis Financiera del Issstezac de la Legislatura del estado, puntualizó que estas propuestas están fundamentadas en 16 ejercicios con actuarios y se analizaron todos los escenarios para elaborar una iniciativa de reforma a la ley “que no fuera descafeinada”.
En ese sentido, explicó que la reforma debe utilizar la UMA para calcular las pensiones y esto consiste en “convertir todo el efecto de salarios mínimos que se va a incrementar en la siguiente administración federal y que no podemos seguir en ese mismo ritmo”.
Comentó que otro aspecto a incluir en la reforma es el de los topes de pensiones, puesto que hay diferencias abismales de hasta 700 por ciento entre los pensionados, por lo cual es necesario fijar un máximo y un mínimo que permita una mayor igualdad.
Al respecto, Olivares Sánchez mencionó que, en este momento, en telesecundaria, la máxima pensión es de 98 mil pesos y la mínima es de 3 mil 656 pesos; en el Colegio de Bachilleres el máximo es de 75 mil pesos y el mínimo es de 3 mil 549; en el magisterio el máximo es de 74 mil 819 pesos y el mínimo es de 3 mil 323 pesos; en trabajadores de confianza el máximo es de 63 mil 526 pesos y el mínimo es de 2 mil 656 pesos, y el máximo del Sutsemop es de 32 mil pesos y el mínimo de mil 563 pesos.
Detalló que, en la ley vigente, el tope es de casi 25 salarios mínimos, equivalente a casi 190 mil pesos, por lo que se propone que se defina un tope de 10 salarios mínimos, convertidos en UMAs, para que las pensiones vayan en concordancia con la propia ley del Issste, lo que significaría un monto máximo de 32 mil 572 pesos.
Según expuso, otro elemento que se debe incluir en la iniciativa de reforma es la reducción del aguinaldo de 60 a 30 días y gravarlo debido a que “se sigue pagando, pero los trabajadores ni hicieron ninguna aportación con respecto a esta prestación”.
Desde su perspectiva, “esto es lo que le daría viabilidad financiera, sería de las partes sustantivas de la reforma: dejar en 30 días creo que es lo que sería suficiente y en legalidad y concordancia con la parte del seguro social”.
Asimismo, Olivares Sánchez refirió que también se propone incrementar las aportaciones al dos por uno, es decir, el gobierno aumentará al doble la aportación que hace el trabajador hasta que en determinado momento pueda disminuir y que en el año 2068 quede fijo en el 18 por ciento del salario.
En el caso de los trabajadores, la aportación aumentará dos puntos porcentuales hasta llegar al 16 por ciento, hasta que en el año 2042 inicie una disminución de medio punto porcentual hasta que en el año 2059 sea únicamente del 2 por ciento.
Finalmente, informó que uno de los aspectos más importantes que se deben reformar, y que pudiera causar malestar entre los trabajadores, es el de eliminar la complementariedad de las pensiones de manera gradual.
“Esta es parte de las recomendaciones de todo lo que técnicamente hemos analizado. Hemos hecho ejercicios para eliminar la complementariedad al 100 por ciento, o al 50 por ciento, o si no se hace, y es parte de lo que todavía estamos analizando. Reconocemos que ésta es la parte más complicada para los trabajadores y sindicatos y está para dialogar con la finalidad de darle viabilidad financiera”, expresó.
“NI VENDIENDO TODOS LOS ACTIVOS
DEL ISSSTEZAC ALCANZARÍA PARA
TRES AÑOS”: OLIVARES
Sobre la reserva técnica del instituto, Olivares Sánchez dijo que, si toda esta se vendiera, el recurso solo alcanzaría para pagar pensiones hasta el año 2027 y aún así habría requerimientos financieros, lo que significa que “ni vendiendo todos los activos alcanzaría para tres años”
La diputada María del Mar Ávila exigió que se hable de todos aquellos responsables de la crisis financiera del instituto, que sean sancionados por su responsabilidad en diversas irregularidades que se han documentado, lo cual ayudaría a reconciliar a los trabajadores.
Como respuesta, el secretario de Finanzas consideró que ese proceso en contra de quienes resulten responsables de la crisis financiera del instituto puede seguir su curso, pero en este momento ya es necesario reformar la ley para que sea viable el sistema de pensiones a largo plazo.
