Antes de la comparecencia Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general de Justicia en Zacatecas, ante los diputados de la Sexagésima Cuarta (64) Legislatura, en sesión ordinaria, diputadas y diputados avalaron el dictamen de idoneidad respecto a la terna de aspirantes a ocupar un espacio en el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, aunque la terna fue desechada en la votación.
El pleno de la asamblea se constituyó en colegio electoral para emitir su voto por cédula, contabilizando 26 votos en total, de los cuales 12 fueron en favor de María Elena Ortega Cortés, cuatro por Lisandro David Carrillo Félix y 10 fueron nulos. Con esto, la terna fue desechada ya que ninguno de los aspirantes obtuvo la mayoría calificada que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Por otra parte, se emitieron 11 votos a favor y 17 en contra del dictamen de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción en el que se establecía la posibilidad de modificar la normativa interna del Poder Legislativo a fin de dotar de mayores atribuciones a dicha comisión para impulsar acciones que permitan prevenir y atender casos en materia de corrupción.
Es decir, con la anterior votación, quedó también desechado el dictamen por el que se crearía la Comisión Especial para Investigar la Corrupción del pasado, iniciativa que fue propuesta por el legislador local de Morena, Ernesto González Romo, quien se ha encargado de destapar corruptelas como la llamada “estafa legislativa” y el nepotismo de la diputada Karla Valdez Espinoza quien, a pesar de que se le demostró, sigue sin presentar su renuncia como lo prometió.
Finalmente, de manera unánime se avaló el dictamen por el que se archiva definitivamente el expediente de solicitud de intervención para requerir un informe a la Secretaría de la Función Pública presentada por Jorge Luévano por la probable comisión de infracciones administrativas y hechos delictivos relacionados con servidores públicos.
En el dictamen se destaca que es facultad de la Secretaría de la Función Pública conocer y resolver conflictos que deriven de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública.
