Los meses de noviembre y diciembre fueron los más violentos del año 2022 en Zacatecas, con 132 y 131 homicidios, respectivamente. El año tuvo un acumulado de 1225 homicidios, según los datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. En estos meses se presentaron varios incidentes de violencia de alto impacto mediático como fueron las tomas de las carreteras estatales con autos incendiados y poncha llantas, enfrentamientos armados en cabeceras urbanas, asesinatos y desapariciones de personas que generaron eco y solidaridad social, así como los asesinatos del general de la Guardia Nacional y de un Juez de Control. No todos los casos tuvieron la misma respuesta.
En medio de la guerra que se vive en el estado (como un pequeño foco de lo que pasa a nivel nacional), las respuestas gubernamentales, ante las muertes y desapariciones, son un claro indicador de las prioridades y los niveles de aceptabilidad de la violencia misma. Mientras que con el asesinato del general de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa, y del juez de control, Roberto Elías Martínez, la condena institucional fue inmediata y contundente, ante los demás casos el silencio es la regla. Cuando se presentó el asesinato de los jóvenes Francisco Zapata y Raúl Sánchez, el 19 de diciembre, y a pesar de la reacción social por medio de una sentida marcha en la capital del estado, la respuesta fue nula, los familiares quedaron esperando ser atendidos por las autoridades.
Ante los casos de desaparición de personas denunciados por las madres organizadas en colectivos de víctimas, la respuesta es igualmente la falta de ésta. Ante el caso de la desaparición de Daniela, Viviana, Paola y José, cuando se trasladaban de Jerez hacia Jalisco durante las fiestas decembrinas, y que ha generado marchas, tanto en el estado vecino como en la capital zacatecana, no existen resultados contundentes. Pero, además de éstas, hay otros cientos de víctimas que caen en el olvido mayor, aquellas que no tienen eco mediático y que no generan solidaridad colectiva. En estos casos la condena de impunidad y no acceso a la justicia es un hecho.
La situación que atraviesa el estado es producto de la acumulación de varias administraciones que fueron incapaces de controlar el incremento de la presencia de grupos criminales, pero especialmente por la falta de compromiso real con la transformación del sistema de procuración de justicia que año con año reproduce patrones de impunidad alarmantes. Según el último informe presentado por la organización México Evalúa, “Hallazgos desde lo local. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Zacatecas”, durante el año 2021 la tasa de impunidad en el estado fue de 88,8%, destacando que en los delitos de desaparición fue de 100%; de homicidio doloso, extorsión, robo simple, del 99,8%; de narcomenudeo, del 99,7%; de violación, del 98,7%, y de feminicidio, del 98,6%. Es decir, en Zacatecas la impunidad es total frente a los delitos violentos de mayor impacto.
Dentro de los muchos datos relevantes que hacen una clara radiografía del Sistema de Justicia Penal del Estado, encontramos que ha aumentado la famosa “cifra negra”, es decir, el porcentaje de delitos que no se denuncian formalmente, con un 95%. En otras palabras, de cada 100 delitos que ocurren en Zacatecas, se estima que 95 no son denunciados. De la misma manera, se describe la falta de coordinación técnica entre operadores de justicia, vacíos en los registros y su publicidad, presupuestos por 100 mil habitantes muy por debajo de la media nacional y una alta carga de expedientes a cargo de agentes del Ministerio Público. Este dato recuerda uno de los testimonios de las madres de las personas desaparecidas en el estado, al denunciar que cuando van a consultar sobre el expediente del caso de sus hijos el Ministerio Público “ni recuerda el nombre ni el caso porque lo debe atender junto a centenares más”, cayendo inevitablemente en el olvido institucional y en las telarañas de los procesos burocráticos.
Dentro de las pocas declaraciones públicas que ha brindado el Fiscal del Estado no puede dejar de llamar la atención la rueda de prensa en la que presentaron los resultados de las detenciones de los sospechosos del asesinato del juez de control. Ante la pregunta de ¿por qué en este caso se había actuado con prontitud y eficacia y en los demás no?, la respuesta fue clara: porque era un “hecho emblemático”, y porque las capacidades para atender los demás casos están totalmente rebasadas.
Por supuesto que la radiografía del Sistema de Justicia Penal en Zacatecas es una muestra de lo que pasa a nivel nacional. Pero cuando estas condiciones se cruzan con una coyuntura y un ciclo de violencias que configuran órdenes de terror, los impactos son mayores en la sociedad y la población. Es importante entonces entender que la falta de capacidades es también una decisión política. La impunidad total sólo interesa a los beneficiados de las dinámicas del terror, donde el asesinato, el despojo, el desplazamiento, el control territorial y el beneficio particular, se pueden dar con plena certeza de que la excepción es que se cumpla la ley.
Frente a esta situación las respuestas colectivas y sociales son fundamentales. Cada día es más palpable la indignación frente al orden de violencia que impera. Por ello debemos entender que ninguna de las víctimas lo debió ser, y que todas las víctimas merecen ser lloradas. Que nuestra empatía y solidaridad no puede ser selectiva, como sí lo es la de los gobiernos y las instituciones. Que transformemos las narrativas y pedagogías del terror colocando en el centro el que todos y todas somos portadores de humanidad, sólo así el 2023 puede venir con alguna esperanza de cambio.
*Docente e investigador de la Unidad
Académica de Ciencia Política de la UAZ.
