En teoría, las leyes son elaboradas por representantes investidos de poder para ello, quienes en todo momento deben cumplir su obligación de velar por el bienestar del depositario de la soberanía: el pueblo. Lamentablemente, en la vida real ocurre con demasiada frecuencia que los representantes populares olvidan su mandato y utilizan el poder delegado por el pueblo en ellos, para buscar beneficios particulares, aún a costa del bienestar popular. Cuando ello ocurre, el soberano tiene toda la legitimidad para desobedecer la ley cuestionada e, incluso, destituir a sus representantes. Lo anterior es el fundamento teórico de la democracia representativa. Las campañas de Gandhi de desobediencia civil fueron una forma de protesta que consistía en negar obediencia a determinadas leyes; es decir, se oponía a cumplir con las mismas cuando éstas eran consideradas injustas o ilegítimas. Esta modalidad de lucha no violenta tenía el fin de demostrar públicamente la injusticia de las leyes coloniales británicas. Su lucha por la liberación de la India se fundamentó en este derecho a la resistencia, que adquirió forma colectiva, pública y pacífica, aunque en el fragor de la lucha ocurrieron eventos violentos que Gandhi lamentó. Al final, la India conquistó su independencia.
Lo anterior viene a cuento por el escenario que se está configurando en Oaxaca y Chiapas por la contradicción existente entre el gobierno federal que intenta aplicar por la fuerza la reforma educativa, y la mayoría de los maestros que trabajan en esas entidades que sostienen que las leyes en cuestión reducen su bienestar al eliminar varios de sus derechos laborales más importantes. La contradicción se ha agudizado debido a la negativa del gobierno a dialogar para explorar la posibilidad de derogar o modificar las leyes aprobadas con la denominación genérica de reforma educativa. “La reforma educativa no está a discusión” repiten en todos los tonos el presidente Peña Nieto y su secretario de educación Nuño, ante lo cual los maestros movilizados y las organizaciones que los apoyan están respondiendo con la intensificación de sus formas de protesta, manteniendo su demanda de dialogo sobre el contenido de las leyes que impugnan.
Diversos sectores afines al gobierno federal, el PAN, así como varios grupos empresariales y organizaciones civiles, presionan al gobierno para que desactive las acciones de protesta por las buenas o por las malas, haciendo uso de la violencia legítima, mientras que especialistas muy prestigiados sobre la educación mexicana afirman que la reforma en cuestión es más de corte laboral y administrativa, que no mejorará la calidad educativa, y que sí lastima derechos laborales consagrados en tratados firmados por México en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A lo anterior se pueden agregar varias preguntas: ¿Es posible desalojar sin violencia a miles de manifestantes que obstruyen algunas vías de comunicación? ¿Existen los espacios suficientes en las prisiones para encerrar a miles de desobedientes? ¿No creen que las acciones represivas provocarán la generalización de la resistencia civil y la intensificación de la desobediencia? Desde nuestro punto de vista los gobernantes, responsables del imperio de la corrupción y la impunidad en el país no tienen autoridad moral para imponer por la fuerza una legislación educativa tan defectuosa, por lo que apuestan a que se produzcan acciones violentas por parte de grupos radicalizados, que utilizadas mediáticamente les permitan justificar la represión. Ojalá y los movilizados tengan la disciplina que la dinámica del conflicto les exige.
