En la reunión de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), y de Sumar, se hizo una exposición puntual, de las metas fijadas por las estrategias, federal y local (respectivamente), para erradicar la pobreza extrema, y la carencia alimentaria, encabezada por la titular de Sedesol, Rosario Robles y el gobernador Miguel Alonso, con la presencia de diversos funcionarios de Sedesol estatal y federal, presidentes municipales, legisladores, etc., (faltó Pedro de León Mojarro, quien ha participado en todo ello).
Analicé -anteriormente- de manera muy breve, el tema de la CNCH y los Objetivos del Milenio (ODM). Retomando ese hilo, diría que fijarse como meta levantar bandera blanca, para septiembre, fecha del levantamiento de la información por parte del Inegi, demostrando, de ese modo, que se ha conseguido alcanzar la meta. Se trata -sin duda-, de una política social de una ambiciosa envergadura, no exenta de dificultades, puntos ciegos, y limitaciones, sobre las que es muy importante reflexionar, en paralelo a los avances que se vayan logrando. Nos interesa especialmente como actores de la sociedad civil, implicarnos de un modo comprometido, lúcido y solidario, con esa “parte de los sin parte” de la sociedad que somos, tan lejanos -aún- del fin de las injustas desigualdades.
La CNCH es una estrategia dirigida a una población objetivo ya focalizada gracias a los estudios realizados por Coneval, a los que se agregarán ahora los datos que arrojarían la aplicación de los cuestionarios de información socioeconómica (CUIS). Un dato interesante, que expuso Marcos Ibarra: Zacatecas fue seleccionado, debido a la existencia previa del Programa Sumar, solamente otra entidad federativa, Coahuila, tenía ese mismo precedente, fue la presencia de los programas locales, con los que pudiera empatar la Cruzada Nacional contra el Hambre, los que permitieron la entrada de ambas entidades.
No es ahora, el propósito de este artículo, adentrarme en un análisis crítico -y propositivo-, ni el de apuntar, aquí, alternativas posibles a las estrategias implementadas para erradicar la pobreza extrema y el hambre, al menos, como mínimo, en aquellos aspectos que creemos pueden ser mejorados, o de plano, sustituidos, dando paso a otros “modelos de intervención”, con el ánimo –siempre- de contribuir a mejorar la situación de ese sector de la población que es víctima de la extrema pobreza. En otro momento, volveremos al tema, para ello es preciso, analizar el conjunto de la información que se expuso en la reunión.
Ahora quisiera dedicar lo que resta de éste artículo, para entrecruzar, la CNCH, con el problema de la Ley Estatal de Víctimas. El próximo 7 de mayo (miércoles) está prevista la realización de un foro de consulta, que servirá para validar una propuesta de ley estatal, elaborada para Zacatecas, con la asesoría de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés). Se trata de una herramienta jurídica que puede ayudar a paliar las injusticias cometidas en una proporción -desgraciadamente- tan alta. No deja de causarnos indignación, el conocimiento directo o indirecto de tantos casos- en que no solo no se hace justicia (ej. las cifras de impunidad), también, en no pocos casos, el modo en que es sistemáticamente negada a quienes no tienen dinero para pagarse una defensa efectiva.
Nuestra propuesta es la siguiente: conformar un marco normativo y un sistema estatal, que recoja las principales aportaciones del movimiento por la paz y de la sociedad civil organizada, una ley que contemple además de los obligados capítulos sobre la efectiva ciudadanización, con una participación de la sociedad civil auténtica, designando a nivel estatal, a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos de las familias-víctimas, así como, garantizando la debida inclusión de todos los derechos reconocidos en la Ley General de Víctimas, desde el respeto al debido proceso, el apoyo psicológico, y jurídico, incluyendo el derecho a la memoria y los diferentes aspectos relativos a la reparación del daño.
En cuanto a la segunda parte de esta propuesta, se trata de incluir en la propia ley, la necesidad de apoyar a las víctimas -y familiares-, mediante una serie de programas, para que sean capaces de emprender proyectos productivos, permitiéndolos así, sortear las dificultades económicas a que son habitualmente arrojadas por los procesos de victimización. Programas que contemplen explícitamente, entre sus reglas de operación, como beneficiarios, a la población que padece en carne propia las secuelas de la violencia, ya sea por parte de la delincuencia organizada, o bien, por violaciones a los derechos humanos.
Es, en este segundo sentido, ciertamente limitado, en el que… levantar bandera blanca en Zacatecas, también ante las familias-víctimas de la violencia, es una meta alcanzable. Invitamos a todas las víctimas/familiares a participar en el foro, para lograr -juntos- tener una Ley de Víctimas justa, y efectivamente ciudadanizada. ■
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