La respuesta del Gobierno del Estado a las víctimas de Desplazamiento Forzado Interno de las comunidades pertenecientes al municipio de Jerez ha seguido una perspectiva “netamente asistencialista y con simulaciones” con la que se termina legitimando una lógica de violencia disciplinaria sin que se aborde la reparación y la atención directa a las víctimas, debido también a la justificación gubernamental de que es por una guerra entre grupos delincuenciales.
Así lo aseveró el docente investigador de la Unidad Académica de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Jairo Antonio López, en su conferencia titulada “Desplazamiento por violencia en Zacatecas”, en el marco del Seminario Interinstitucional de Desplazamiento Forzado Interno, organizado por El Colegio Mexiquense y celebrado vía digital este 31 de marzo.
El Desplazamiento Forzado Interno (DFI) que sufren algunos de los municipios de Zacatecas, es para el investigador, una “crisis humanitaria tan grande” que ha tomado por sorpresa a la entidad que se ha visto bajo un continuum de violencia. De 2021 a 2023, expuso, se han dado diversos episodios de desplazamiento en comunidades de Zacatecas, contabilizando, al menos en estos años, 17, sobre todo en los municipios de Juan Aldama, Miguel Auza, Valparaíso, Tepetongo, Fresnillo, Monte Escobedo, Calera y Jerez, algo que no se había presentado en la entidad, y mucho menos de manera masiva, pues en el caso de Jerez se ha reconocido el desplazamiento de, al menos, 4 mil personas, una proporción muy amplia para un municipio que no supera los 60 mil habitantes.
Para Jairo Antonio López, el discurso gubernamental y mediático se ha reducido a una simple disputa entre cárteles de la droga; no obstante, para él hay que analizar el fenómeno desde las llamadas “violencias disciplinarias” que se originan por conflictos por territorio, recursos naturales, y particularmente, bajo una lógica de control sobre los cuerpos. Y en ese punto, Zacatecas, dijo tiene características históricas, pues se ha caracterizado por ser un “expulsor de población”, ya sea por necesidad, por el extractivismo minero y ahora por las políticas gubernamentales de criminalización de las drogas y la consecuente militarización.
Es en este último contexto en el que se inscribe el Desplazamiento Forzado Interno que ha quejado al municipio de Jerez y sus zonas serranas, que además de lo ya implícito con las múltiples violaciones a los derechos humanos de los desplazados, ha generado también una pérdida en la economía, pues se perdieron aproximadamente 45 millones de dólares en la producción abandonada de durazno y manzana.
La violencia ejercida en las comunidades de Jerez, a decir del investigador, se basa en una imposición del terror y el desarraigo, pues el desplazamiento forzado interno ha venido asociado a dinámicas de asesinato, desaparición, violaciones, robo de propiedades y secuestro de jóvenes que se asocian al trabajo forzado.
Ante ello, el gobierno estatal, cuando reconoció el fenómeno, reaccionó con el incremento de fuerza militar en la zona, pero esto no ha garantizado la posibilidad de retorno hasta el día de hoy y es ahí cuando se enfatiza la violencia del desarraigo. En ese sentido, consideró que el gobierno tiene mucho que hacer frente a estas dinámicas, pues sólo con la política asistencialista, reiteró, se refuerza y reproduce un discurso que plantea que el Estado no tiene qué hacer en una guerra entre cárteles.
Sin reglamentarse Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno
En su conferencia, Jairo Antonio López recordó que en octubre de 2022 entró en vigor la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas, no obstante, lamentó, hasta la fecha ésta sigue sólo en el papel debido a que no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo y, por ende, no se ha puesto a operar.
La ley, dijo, se formuló en la coyuntura de la exposición mediática del problema de los desplazados pero el hecho de que no se haya reglamentado, aseveró, da muestra de que el compromiso gubernamental hacia este problema es sólo en el papel, pues incluso al revisar el Presupuesto Estatal de Egresos 2023 se encontró que no le fue asignado ni un solo peso a dicha ley, por lo cual se prevé que siga existiendo únicamente en el papel y con ello, legitimando el discurso de que se trata de una guerra entre grupos contrario y lo que le compete al gobierno es el asistencialismo.
Esa legislación fue aprobada por diputados y diputadas de la 64 Legislatura desde el 29 de junio de 2022, luego de que fuera impulsada por el legislador priista David González, desde marzo del mismo año y quien sustentó que se daba cumplimento a todas las recomendaciones de organismos institucionales. Además, el documento plantea un Fondo, por el que no hay que preocuparse, dijo el diputado en la discusión, pues si no vuelve a suceder este flagelo no hay necesidad de utilizarse.
Se esperaba que, con la aprobación de esta Ley, el Poder Legislativo dotaría de un instrumento a la ciudadanía para hacer exigibles sus derechos ante las graves violaciones a los mismos y ante el vacío legal que existe, y también porque precisa las atribuciones de las instituciones públicas relacionadas con la prevención, atención y protección de las personas internamente desplazadas; y pretende, también, que el Gobierno del Estado aumente, de manera considerable, los recursos destinados a la atención de la población desplazada a través del Fondo Estatal de Contingencia para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno para satisfacer las necesidades básicas, como alojamiento y comida, servicios de salud, recuperación de datos de identidad, asistencia jurídica y psicológica de manera inmediata, no obstante, sigue sin reglamentarse.
Zacatecas, tercera entidad con más víctimas de desplazamiento forzado
De acuerdo con el último informe de “Episodios de desplazamiento interno forzado en México 2021”, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), se estima que Zacatecas es la tercera entidad en la República con más víctimas de desplazamiento forzado al registrar, al corte de 2021, un aproximado de 3 mil 693 personas desplazadas en 10 episodios que han afectado a seis municipios y 56 localidades. Con esto, la entidad se posiciona con Michoacán y Chiapas como los territorios en los que más se padece este fenómeno.
Según el documento publicado el pasado 24 de enero de 2023, durante 2021 los conflictos y la violencia obligaron a 14.4 millones de personas a desplazarse internamente alrededor del mundo. Es la cifra más alta registrada por el Observatorio de Desplazamiento Interno desde 2012, y también representó el aumento más expresivo que se ha observado entre un año y otro.
Asimismo, se dio a conocer que tan sólo Michoacán, Chiapas y Zacatecas concentraron 84 por ciento de las víctimas de desplazamiento interno forzado de las 379 mil 322 que había en el país hasta 2021, por lo menos. En Michoacán, que se posiciona en el primer lugar, se estimó que hubo 13 mil 515 personas que se vieron forzadas a desplazarse debido a seis episodios que afectaron a 28 municipios y 82 localidades; le sigue Chiapas con 7 mil 117 desplazadas a causa de nueve episodios que afectaron a seis municipios y 25 localidades, y luego sigue Zacatecas con las estimaciones citadas.
A decir del informe, el comportamiento en Zacatecas representa un caso particular, pues previo a 2021 sólo había registrado dos eventos de desplazamiento y ninguno de 2016 a 2019, sin embargo, en 2021 tuvo 10, lo que se considera como el mayor número de episodios a nivel nacional para ese año, todo debido al recrudecimiento de la disputa territorial entre organizaciones criminales que hizo explotar la violencia y, por ende, los desplazamientos.
De acuerdo con el documento, son seis los municipios zacatecanos afectados por este fenómeno violeto: Jerez, Fresnillo, Tepetongo, Valparaíso, Monte Escobedo y Calera. Que, entre todos, suman 52 de sus comunidades afectadas, siendo Jerez, Valparaíso y Fresnillo las de mayor número, y 3 mil 693 personas desplazadas, en su mayoría, familias completas que se vieron orilladas a realizar un movimiento intramunicipal e intraestatal, es decir, a quedarse en la cabecera de sus municipios o bien, dentro del estado.
Necesario, atender también salud mental de desplazados
Jorge Armando Acosta, director de la Unidad Académica de Psicología de la BUAZ, informó que, en su momento, en los Centros de Servicios Psicológicos en el estado, cuya demanda ha aumentado en los últimos meses debido al contexto de violencia que enfrenta la entidad, se ha atendido aproximadamente a 450 personas desplazadas de las comunidades de Jerez, quienes presentaban graves secuelas producto del despojo de sus propiedades y la incidencia del crimen organizado en dicha zona.
La demanda de consulta fue alta en un inicio, dijo, aunque paulatinamente se han venido reduciendo, pero algunas personas han decidido quedarse en psicoterapia a largo plazo, y de éstas, la mayoría, informó el académico, han decidido no regresar a sus comunidades debido a la angustia, el miedo y otras secuelas que ha generado la situación de desplazamiento forzado.
“No es para menos, les quitaron su vida, no solamente les quitaron sus pertenencias, desaparecieron a personas y los amenazaron”, aseveró Acosta, para detallar después que la demanda de atención psicológica es más solicitada por mujeres adultas que acuden a solicitar apoyo y apenas, últimamente, se ha incrementado en niños y adolescentes.
El contexto de violencia que se vive en la entidad ha detonado también la demanda de más centros de atención en municipios como Luis Moya, Pinos, Fresnillo, Villanueva, Tabasco, Moyahua, entre otros; no obstante, lamentó el universitario, no existe posibilidad de atender dicha demanda debido a que los municipios no cuentan con infraestructura adecuada para trabajar de manera eficiente, además de la falta de presupuesto para instalar dichos módulos, puesto que la Unidad Académica de Psicología también carece de estos.
En este sentido, hizo un llamado al Gobierno del Estado a que se preocupe también por la atención de la salud mental, pues es preocupante la falta de atención en este aspecto por parte de las autoridades estatales, pues a la fecha, al igual que con la Ley de Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas, la Ley de Salud Mental tampoco se ha reglamentado aun y cuando fue aprobada desde 2018.
