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sábado, 28 mayo, 2022
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Desequilibrios: la imposibilidad de convivir

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Por: ALBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ • ROLANDO ALVARADO FLORES •

La historia del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), es la de una imposibilidad. Si se analiza la trayectoria temporal del sindicato, parece que nunca se han cumplido los Estatutos. ¿De dónde surge esa “necesidad” de no cumplir?, ¿de una conspiración para mantener a los docentes alienados y brutalizados o de alguna circunstancia inherente a la peculiaridad histórica de la organización sindical? O, quizá, sea la combinación del permanente embate de la rectoría y la manera en que se organizó el sindicato a través del tiempo. Cabe aquí recordar algunos episodios selectos de esa historia. De acuerdo a una nota aparecida en “La Jornada” el 19 de febrero de 2002 titulada “Levantan huelgas en UAZ y UAG; aceptan 5.25 % de alza salarial”, el secretario general del SPAUAZ, Lic. Benjamín Romo Moreno, liquidó el movimiento porque “nosotros veíamos circunstancias difíciles para continuar el paro, y de reanudar las actividades se generaría un escenario más conveniente para continuar negociando con la rectoría”. ¿Qué se ganó con ese finiquito del movimiento?: “Sólo hubo el acuerdo de avanzar en términos de lo salarial pero aún no existe nada definitivo”. No está de más añadir cómo se dio ese levantamiento de huelga: por acuerdo del secretario general y el rector a las 4 de la mañana en un salón del SPAUAZ. Tal acto configura una violación del artículo 26 fracción (c) porque sólo la Asamblea General emplaza, estalla y levanta. Hubo otra huelga, también bajo la férula del Lic. Romo, en 2001. Esa sí se levantó en Asamblea General con una ganancia intangible, pero infinita: la dignidad. Si se consulta el diario “La Jornada” del domingo 26 de octubre de 2003 se puede encontrar otra breve nota titulada “Acabó la huelga en la universidad de Zacatecas”. Ahí se menciona el levantamiento de un movimiento huelguístico por parte del comité de huelga. Una cosa llama la atención: este último liquidó el movimiento. No la Asamblea General, instancia única capacitada para hacerlo de acuerdo al artículo 26 fracción (c) de los Estatutos. Arturo Burnes Ortiz, doctor en ciencias económicas y secretario general del sindicato en aquel año, adujo la existencia de un “amago” por parte del gobierno federal. Nunca mostró documentos. Durante la gestión de Burnes Ortiz también se modificó el clausulado del Contrato Colectivo (CC). Se pasó la edad de jubilación del personal de 25 a 30 años, y esto se logró mediante un acuerdo en la Coordinadora de Delegados, instancia en la que el secretario general, ante un empate, dio un “voto de calidad”. Por cierto, no existe en ninguna parte de los Estatutos el referido “voto de calidad”, y tampoco es atribución de la Coordinadora modificar el CC. De acuerdo a los Estatutos, artículo 26 fracción (h), es potestad de la Asamblea General cambiar el contenido del clausulado. Una vez más, Burnes Ortiz, sostuvo la “necesidad” de llevar a cabo ese cambio para mejorar las finanzas universitarias. Se puede apreciar que no hay el más mínimo respeto por los Estatutos, las discusiones son coberturas de decisiones ya tomadas en otro sitio. Las Asambleas generales brillan por su ausencia. ¿Por qué no se buscó sancionar a aquellos secretarios generales en términos del Estatuto? ¿acaso las masas sindicalizadas carecían de información? Sin duda muchos consideran que las gestiones del Dr. José Francisco Román Gutiérrez, del Maestro Sergio Delgado Rodríguez y del Dr. Antonio Guzmán Fernández son ejemplares, aunque en estas también existen breves destellos de desprecio por los Estatutos. Sin duda, la gestión más cercana al espíritu de la rectoría es la del Ing. Crescenciano Sánchez Pérez. Durante esta se modificaron cláusulas del CC sin consultar a nadie, sin seguir procedimientos, por puro acuerdo voluntario entre el secretario general y el rector. Lo mismo ocurrió durante la siguiente gestión, la del Dr. Pedro Martínez Arteaga, quien cambió varias cláusulas del contrato sin consultar a la Asamblea General. Aunque adujo que fueron en beneficio de todos los sindicalizados, en particular, “exigió” a la rectoría retirar las cláusulas lesivas modificadas por Sánchez Pérez y añadir las que él considero pertinentes y benéficas. Sin duda no sólo ha sido mediante la violación de los Estatutos que se manifiesta la peculiaridad histórica del SPAUAZ. También en los manejos discrecionales de los fondos de ahorro por parte de varios secretarios generales. De estos últimos sólo se sabe de dos, porque entre ellos se acusaron mutuamente: el Dr. Martínez Arteaga acusó al Ing. Martínez Pardo, y este a aquel de prestar dinero a la rectoría. ¿Qué subyace a todas estas acciones unilaterales que aparentan remitir a la caprichosa subjetividad de las personas involucradas? Es una hipótesis, claro, pero sólida: la realidad de los grupos políticos universitarios y su constante disputa por los dineros y poderes de la universidad. Unos quieren al sindicato para chantajear a la universidad con huelgas, otros para utilizar los fondos a su arbitrio, unos más para colocar a amigos, amigas y parientes. Ninguno, o casi nadie, para salvaguardar derechos o avanzar en la mejora de las condiciones laborales. Casi parece que un resultado que beneficie a los sindicalizados es un resultado “accidental”. ¿Qué hay detrás de muchas luchas por “dignidad”? el desequilibrio entre los grupos políticos.

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