La expectativa del nuevo gobierno federal fue altísima. No se prometieron cambios incrementales, sino la transformación histórica. Cuando escuchamos que se pretendía modificar el rumbo de la historia del país, pensamos que se convocaría a un nuevo constituyente para formalizar un nuevo pacto social. Pero nada de eso ocurrió. Posteriormente se volcó la atención a los megaproblemas sociales de México: pobreza, desigualdad, violencia; y como un dispositivo que iba a permitir desanudar la parálisis del Estado en la solución de esos problemas, se anunció que se iba a eliminar la corrupción. Sin embargo, lo que observamos es un gobierno bastante inercial respecto a los anteriores: por ejemplo, la política fiscal sigue siendo la misma, sólo que ajustando la maquinaria para lograr captar un poco más de recursos que se van por la evasión o elusión; o la política de seguridad, con algunos pequeños ajustes de operación, es la misma la estructura del diseño de la que se inauguró en el 2006.
Disminuir la desigualdad extrema o bajar a la mitad la pobreza en 6 años, supone cambiar las estructuras que permitan la movilidad social ahora en estado de petrificación. Pero el cambio de Estructuras es impensable sin movimientos sociales que pongan en acción a los actores involucrados en el problema. Como el caso del enorme cambio que ocurrió en la estructura agraria durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, donde la movilización campesina que se organizó en ejidos, con apoyo del gobierno federal, cambió la realidad social del campo mexicano. Si cambiar estructuras implica movimiento social en torno a eso, para generar o apoyar esos movimientos desde el gobierno implica alterar radicalmente la forma de gobernar: no sólo pasar de gobierno burocrático a gobierno abierto, sino algo de mayor alcance: lograr el ‘gobierno-movimiento’. El cambio de tipo de gobierno que pretendía el paso de la forma de un gobierno basado en la burocracia jerarquizada, a una forma sentada en la idea de ‘Gerencia’ ha sido insuficiente. Por eso se plantea la idea de los gobiernos abiertos. Pues bien, para cambiar Estructuras se deberá contar con un ‘gobierno-movimiento’, lo cual significa que el gobierno federal coordina, respalda e impulsa un amplio tejido de la acción social a través de organizaciones sociales, civiles e institucionales que actúan en torno al logro de objetivos de justicia social, como la autosuficiencia alimentaria o la cohesión social o la paz.
Sin embargo, lo que observamos es la continuidad de un gobierno basado en una burocracia jerarquizada (e hiper centralizada). Se requería superar al gobierno de la ‘Gerencia’ por medio de un gobierno de la ‘Agencia’; pero lo que observamos fue un salto hacia la forma del gobierno tradicional weberiano. A las mediaciones sociales se les ha atacado con el pretexto de que son ‘clientelas’ y a los (pequeños) movimientos que se han articulado, se les ha señalado como opositores sospechosos. El fantasma de Madero está encarnando: la oposición al (neo)porfirismo llegó al gobierno, pero ha decidido gobernar con los actores sociales (neo)porfiristas.
Si revisamos los cambios ocurridos en los países que modificaron de forma importante su realidad en una década, como el caso de Bolivia o Ecuador, aportaron algunos componentes esenciales: (1) plantearon un nuevo modelo de desarrollo, (2) se concibieron como un Bloque Histórico que abanderaba ese nuevo modelo, y (3) articularon las demandas sociales en un encadenamiento de organizaciones populares. Esto último es esencial porque significa la constitución de una nueva hegemonía, de un nuevo poder político que haga posible los cambios propuestos en el Estado, contra los poderosos actores del viejo régimen. Esto es, para lograr la transformación social no basta tener el gobierno, hace falta el momento constituyente de otro poder social y político. Un nuevo modelo de desarrollo surge en el ámbito de Lo Político: el antagonismo de fuerzas e intereses sociales que enfrentan, necesariamente, al Capital y al Trabajo.
El gobierno de AMLO no se ha planteado la constitución de un nuevo poder o nueva hegemonía, se ha conformado con tener el gobierno. Pero es claro que con el puro gobierno es imposible cambiar las estructuras sociales. Si quiere modificar la hacienda pública, el poder de las élites económicas se lo impedirá. Ya no digamos revertir la desigualdad funcional entre capital y trabajo que ahora tenemos: sin una nueva hegemonía actuante, el gobierno estará sujeto a los poderes fácticos y será imposible lograr revertir dicha desigualdad. Mientras el gobierno se mantenga en los márgenes del aparato burocrático, no sólo es impensable un cambio histórico, ni siquiera un cambio incremental. La pregunta está: ¿qué sujeto político puede articular el encadenamiento de demandas y actores sociales para llegar a un escenario de constitución de un nuevo poder con la capacidad de agencia suficiente para modificar la actual realidad del país? Porque una cosa es clara: si esto no ocurre, la promesa de una transformación será un mero flatus vocis y una oportunidad histórica desperdiciada que le regresará el gobierno a la derecha. ■
