Ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la Consejería Jurídica del gobierno federal, en contra de tres artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Zacatecas (Issstezac), la diputada Renata Ávila señaló el pasado jueves ante el pleno del Congreso local, la necesidad de hacer comparecer al director del Issstezac, José Ignacio Sánchez González, y al auditor superior del Estado, Raúl Brito Berumen, para que rindan cuentas sobre la administración del instituto.
Expuso que la reforma aprobada es “insuficiente y regresiva». Según la petista, esta medida resultó insuficiente porque se centró exclusivamente en el sistema de pensiones y dejó intacto el aparato administrativo, lleno de corrupción e ineficiencia.
La diputada recordó que, a pesar de las sentencias emitidas y de las 106 observaciones de la auditoría promovida por la ex diputada Alma Dávila, de las cuales 63 incluyeron fincamiento de responsabilidad, no ha habido castigos efectivos para los involucrados en los desfalcos.
Mientras los empleados ven reducidos sus beneficios, los responsables de la crisis del instituto «viven en tranquilidad protegidos por acuerdos políticos», acusó la petista hablando en representación de las y los derechohabientes afectados.
Criticó la imposición de incrementos en las cuotas de los trabajadores y la disminución del aguinaldo para los jubilados. «Algunas de las cuotas para los trabajadores, inclusive de este Poder, han pasado de 2 mil pesos arriba de los 5 mil 500 pesos, como si estuvieran comprando algún automóvil», apuntó.
Insistió en que es fundamental que los responsables del desfalco financiero del Issstezac paguen por sus acciones y que no se dé «carpetazo» a un tema que ha afectado gravemente el patrimonio de los derechohabientes.
Urgió a la 65 Legislatura a utilizar los días restantes que tienen para defender la constitucionalidad de los artículos 74, 128 y 128 Bis de la Ley del Issstezac ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para sentarse a revisar el asunto con detenimiento, evitando cometer los errores de legislaturas pasadas.
En el cierre de su intervención, Ávila denunció la represión que sufrió Eduardo Goitia, promotor de la revocación de mandato en Zacatecas, quien fue reprimido mientras ejercía su derecho a manifestarse. «Es lamentable que ayer el respeto a los manifestantes no fuera garantizado, expresó.
Posteriormente, en sus redes sociales, Ávila Valadez denunció que, durante su intervención, diputados morenistas “se salieron de la sesión para romper con el quorum”, por lo que lamentó la falta de apertura para escuchar “a todas las voces”.
Otros diputados como Imelda Mauricio Esparza y Alfredo Femat Bañuelos han declarado en días anteriores que lo prioritario es encontrar una solución para asegurar el futuro de los jubilados y pensionados.
Mauricio Esparza, señaló que el estado no tiene recursos para solventar las obligaciones del instituto, por lo que espera que la acción de inconstitucionalidad promovida por el gobierno federal esté acompañada de un respaldo financiero para salvar al Issstezac.
Femat Bañuelos subrayó que, en caso de encontrar violaciones a los derechos humanos con la reforma, estas se corregirán, sin embargo, destacó que el problema de fondo es la urgencia de tomar decisiones para garantizar la sostenibilidad del instituto.
