El tema de las mineras tiene varios ángulos de preocupación, pero son tres los principales: el ecocidio que provoca en la tercera parte del territorio nacional, el saqueo de recursos naturales a costos irrisorios y el bajísimo pago de impuestos y aprovechamientos. Y esto es en Zacatecas, México, América Latina y el Mundo. Las empresas transnacionales hacen de las suyas en Chile, Perú, o Nigeria o Zambia o en la antigua Anatolia. La minería acaparada por las grandes multinacionales ha provocado que se hable de ‘la maldición de la riqueza de recursos naturales’ en los países poseedores.
En México hay dos problemas juntos en las aportaciones de las empresas mineras: las cortísimas contribuciones aceptadas por la ley; y aun con eso, el alto nivel de evasión fiscal que practican. El articulo 268 de la Ley Federal de Derechos obliga a pagar 7.5 por ciento sobre ingresos y el articulo siguiente pone una pequeña cuota para cuando la explotación es baja a una cooperación por hectárea. Luego se pagan ridículas cuotas por hectárea y no por riqueza sacada a través de mañas cultivadas a través de tantos años. En una investigación que realizó una investigadora de la UAM, reportó que en una década (2006-2016) las compañías dedicadas a la explotación minera (oro y plata principalmente) sacaron mil 700 millones de pesos y pagaron 22. 3 millones, lo cual equivale a 1.3 por ciento de la riqueza que se llevaron.
Pero no sólo, hay estudios y dictámenes de las instancias de vigilancia de los recursos públicos en México sobre el tema, que los gobiernos mismos han saltado o evadido. Por ejemplo, las evaluaciones de ‘política pública minera’ de a Auditoría Superior de la Federación, donde indican que “no existen sistemas de control de la información eficientes para manejar el total de las concesiones, hectáreas, tonelaje de producción (…) y garantías de pagos”. En una de las auditorias que fue pública y muy conocida, se documentó que los pagos no rebasaban 0.9 por ciento del valor de la explotación. Una calamidad hacendaria.
El saqueo en todos los sentidos, natural, social y hacendario ha generado muchos conflictos en todo el país que ya rebasan los 40 casos que falta resolver. En Zacatecas hemos tenido varios y en este medio los hemos reportado extensamente: el caso de Salaverna o el de La Colorada del municipio de Chalchihuites, son muestra de ello. Y da la casualidad que las 59 empresas que han sido identificadas por la ASF como evasoras son propiedad de los hombres ricos de México o de influyentes empresas transnacionales. Si este gobierno fue electo con la expectativa de separar el poder económico del político, lo mínimo que esperamos son dos cosas: modificar a fondo las leyes relativas a la minería y asegurar el cobro de los derechos que deben pagar las inversiones millonarias en el ramo. Hasta ahora no hemos visto esto: una zacatecana de Morena presidió la comisión de minería del Senado y no propuso nada en esta orientación. Veremos lo que ocurre en esta coyuntura.
