Académicos y especialistas del tema de la migración, adscritos a diversas instituciones de educación superior del país, se pronunciaron contra la desaparición de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) y exhortaron al gobernador David Monreal Ávila, a que evalúe el costo histórico y social que implicaría esa decisión.
“El Grupo de Trabajo Migración y Desarrollo de Michoacán y Zacatecas, expresa su grave preocupación ante la presunción de la desaparición de la Secretaría del Zacatecano Migrante, ya que el gobernador David Monreal Ávila comunicó oficialmente a través del Boletín 184 de Comunicación Social de Gobierno del Estado que daba por concluida la asignación de responsables de su gobierno, sin nombrar titular en la dependencia referida”, exponen.
Explican que, como investigadores sociales, en los últimos 20 años han colaborado de diversas maneras con la comunidad migrante y las comunidades de origen, han recogido su sentir y entendido sus problemas al tiempo que han opinado acerca de la necesidad del diseño institucional de un nuevo tipo de dependencia que responda a las necesidades y propuestas de desarrollo del estado.
Refieren que han atestiguado el trabajo, la organización y el compromiso de la comunidad migrante para fortalecer el acercamiento con el Gobierno del Estado, esfuerzo histórico concretado en la co-construcción de la Sezami pero, desde luego, “también hemos sido testigos de que el diseño original de la secretaría no se correspondió con el funcionamiento cotidiano de la misma”.
Ante esa situación, los académicos señalan que es por ello que les preocupa que hasta el momento no se haya ofrecido una propuesta de desarrollo clara en la cual se justifique la necesidad de desaparecer la secretaría, pues esa decisión carece de diagnósticos y evaluaciones que pongan en perspectiva su desempeño programático e institucional en los últimos años y el buen o mal oficio de quienes la han dirigido.
Por lo anterior, afirman que la Sezami siendo adecuada y en lugar de desaparecerla o fusionarla con la Secretaría de Desarrollo Social, como se pretendió en Michoacán, ésta debe fortalecerse en dos sentidos: en su respaldo financiero y en sus funciones, ya que “lo que está en juego es cerrarle las puertas al ejercicio de la ciudadanía sustantiva extraterritorial, la representación y voz de los migrantes en el gabinete y la posibilidad de incidir con políticas públicas proactivas transnacionales, donde la entidad ha sido pionera”.
En ese sentido, “solicitamos al gobernador David Monreal Ávila para que, en los primeros días de noviembre del 2021, defina quién estará a cargo de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Los migrantes han planteado que el responsable debe ser una persona conozca a fondo la problemática”.
También convocaron Legislatura del estado de Zacatecas, a que tome en sus manos el destino que deba tener la Sezami, que implemente un mecanismo para la búsqueda de un consenso entre todas las bancadas parlamentarias para que no se partidice la decisión, sino que se ponga en el centro el interés general de Zacatecas.
Por último, “exhortamos vehementemente al gobernador y representantes del Ejecutivo Federal, a reflexionar y evaluar institucionalmente el costo histórico y social de desaparecer la Secretaría. También proponemos que en un periodo corto se discuta la propuesta de desarrollo integral del nuevo Gobierno del Estado y el plan para desarrollar los mecanismos de transformación institucional y el impacto de las nuevas formas de coordinación y regulación que se proponen para atender de manera transversal los temas de desarrollo, migración y derechos humanos en el estado Zacatecas”.
Entre los firmantes del pronunciamiento están Gustavo López Castro y Oscar Ariel Mojica Madrigal, de El Colegio de Michoacán; Rodolfo García Zamora, Miguel Moctezuma Longoria y Fernando Robledo Martínez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas; Casimiro Leco Tomas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Teodoro Aguilar, de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM; Jesús Gil Méndez, de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo; Tamara Martínez Ruíz y Alejandra Ceja, de la Escuela Nacional Estudios Superiores-Morelia de la UNAM; y Alberto G. Zepeda, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa.
