Tanto a nivel local como federal no se ven avancen en el tema de la disminución de la impunidad. La realidad que provocó la reforma del sistema de justicia en México, hace 11 años, sigue siendo la misma. No es un reto fácil, ciertamente, pero no observamos pasos claros en el sentido de una solución. La tesis de que la corrupción y la impunidad es un problema de asimetrías de poder, y que al cambiar el gobierno dichas asimetrías iban a diluirse no ha dado algún indicio de veracidad. No nos referimos a grandes resultados, sino a indicios. Hay dos arenas donde se vive el tema de la impunidad: en los casos de escándalo y el mar de eventos que están ocultos de los reflectores nacionales, pero constituyen la cotidianeidad del pueblo de México. Los escándalos sirven para medir la temperatura del sistema de justicia. Ahí se espera que los casos de corrupción que fueron pasmosos estuvieran a estas alturas bajo la balanza de la justicia.
En el caso de la impunidad cotidiana nacional, las evaluaciones no muestran avances. Los esfuerzos institucionales continúan enceguecidos; por ejemplo, entre los 10 programas con prioridad nacional para destinar recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública se encuentra el de “Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios”, pero los subprogramas que cubre no involucran a las defensorías ni a los tribunales. En virtud de lo anterior, resulta urgente la creación de una instancia técnica de coordinación nacional, con carácter interinstitucional, que cuente con las atribuciones necesarias para involucrar a todas las instituciones del Sistema de Justicia Penal (SJP) y que se encargue de dictar las bases de operación y de homologar los esfuerzos entre las diferentes instituciones. En otras palabras, el ‘sistema’ de justicia aun no es un sistema. Los procesos de coordinación entre diferentes tipos de cuerpos de seguridad y el SJP es muy deficiente; por ejemplo, las policías municipales deben tener capacitación para relacionarse con el nuevo sistema de justicia, pero este último año, dichos recursos canalizados a través del Fortaseg fueron seriamente disminuidos (justo en ese rubro). Y para el año que entra el presupuesto de este Programa se verá afectado en un 30 por ciento (a menos que los diputados cambien la propuesta del Ejecutivo).
En suma, los cambios institucionales que se requieren para que el Sistema de Justica funcione, y con ello se vea disminuida la impunidad, no se ven en curso. Podríamos no tener ahora mismo resultados, claro está que es muy pronto para tenerlos; sin embargo, podíamos estar reportando la puesta en marcha de cambios institucionales que nos pusiera en actitud de esperarlos. El asunto es que no se ven esos cambios institucionales de los que hablamos. Y eso no depende de que el Presidente sea honesto, sino de que los dispositivos institucionales cuenten con la coordinación y las capacidades suficientes para cumplir con su tarea. Para lograr los fines se requiere poner los medios en obra. Y los medios se ven flacos, lentos y poco coordinados: escuálidos.
